El Gobierno afronta este martes un Consejo de Ministros atravesado por dos asuntos que han vuelto a enfrentar a la coalición con el Partido Popular y la ultraderecha Vox. La suspensión cautelar de los efectos electorales de parte de las inscripciones vinculadas a la conocida como 'ley de nietos' ha abierto una batalla por el derecho al voto de miles de españoles, mientras la crisis de Ceuta sigue exigiendo resultados visibles después de más de seis semanas.
La respuesta de la Junta Electoral Central ha reforzado los argumentos del Ejecutivo. El organismo cumplirá la orden del Tribunal Supremo, aunque lo hará después de dos votaciones muy ajustadas y con serias reservas sobre la restricción de un derecho fundamental. El PSOE ha convertido esas dudas en el centro de su respuesta y reclama una resolución definitiva antes de que puedan convocarse elecciones.
Ceuta llegará también a la reunión del gabinete después de una jornada cargada de cifras, reproches y nuevas exigencias. El Gobierno sostiene que 5.300 personas han regresado voluntariamente a Marruecos, otras 300 han sido expulsadas por orden judicial y al menos 1.800 expedientes de devolución están en marcha. La Ciudad Autónoma calcula, pese a esos avances, que alrededor de 13.000 migrantes permanecen todavía en su territorio.
Al cierre de esta edición, Moncloa no había anunciado una nueva medida específica para Ceuta dentro del Consejo de Ministros. La atención estará puesta en la ejecución del paquete de 309 millones de euros ya aprobado, en el ritmo de los traslados y en la convalidación del decreto prevista para este miércoles en el Congreso.
La Junta Electoral obedece entre reservas
La Junta Electoral Central acordó este lunes ejecutar el auto del Supremo, aunque la decisión dejó al descubierto una división poco frecuente. Siete vocales votaron contra la presentación de un recurso y seis defendieron impugnar la medida. En una segunda votación, ocho miembros respaldaron cumplir el mandato en sus estrictos términos y cinco pretendieron abrir un debate más amplio sobre su alcance.
Una mayoría de los integrantes del organismo expresó durante la reunión su preocupación por la suspensión cautelar del sufragio de ciudadanos que conservan plenamente la nacionalidad española. Los afectados tampoco han tenido la oportunidad de personarse o presentar alegaciones antes de que se adoptara la medida.
La propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo llegó dividida a su decisión. Cinco magistrados respaldaron el auto y Alicia Millán formuló un voto particular en el que consideró insuficientemente acreditado el riesgo para futuros procesos electorales. La magistrada cuestionó también la proporcionalidad de apartar del censo a los afectados mientras se resuelve el fondo del procedimiento.
La denominada 'ley de nietos' es una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que facilitó el acceso a la nacionalidad a descendientes de españoles obligados a abandonar el país durante la Guerra Civil y la dictadura. Una instrucción posterior estableció la presunción de exilio para quienes salieron de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955.
El Supremo ha ordenado revisar los expedientes tramitados mediante esa presunción. La nacionalidad continúa vigente y la medida se limita, por ahora, a sus efectos electorales. Los descendientes que ya hayan acreditado documentalmente el exilio de sus familiares mantendrán sus derechos mientras avanza el procedimiento.
Los últimos datos del Gobierno señalan que 333.696 personas nacionalizadas mediante esta vía figuraban inscritas en el censo hasta el pasado 31 de mayo, mientras otras 238.065 habían solicitado su incorporación. La cifra de 408.262 nuevos electores exteriores utilizada en el procedimiento refleja todo el crecimiento del CERA desde 2023 y tampoco equivale al número definitivo de afectados.
Los consulados tendrán que revisar ahora cada expediente y certificar cuáles cumplen las condiciones fijadas por el tribunal. La representante del Instituto Nacional de Estadística advirtió ante la Junta Electoral de que ese trabajo podría prolongarse durante meses e incluso años por el volumen de documentación y la falta de personal en oficinas que ya se encuentran saturadas.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, calificó este lunes la decisión del Supremo de "salvajada" y "atropello democrático". Durante una entrevista en 'La hora de La 1', de TVE, acusó a determinados sectores judiciales de actuar como "salvapatrias" y de trabajar para "derrocar al Gobierno", aunque acompañó sus críticas con una defensa general del trabajo de los jueces.
La posición más institucional sigue siendo la expresada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que considera la suspensión jurídicamente "muy discutible" y reclama una sentencia rápida. El Ejecutivo quiere que el fondo del recurso quede resuelto antes de cualquier convocatoria electoral para evitar que miles de ciudadanos lleguen a las urnas sin conocer si pueden ejercer su derecho.
El PSOE reforzó ese mensaje después de la reunión de su Ejecutiva Federal. Su portavoz, Montse Mínguez, advirtió de que la medida puede terminar estableciendo españoles de primera y de segunda. "El voto es sagrado y cuelga de la nacionalidad", afirmó antes de reclamar explicaciones al Supremo.
"El peligro real para una democracia empieza cuando para algunos les parece un peligro votar", añadió Mínguez. Los socialistas también recordaron que Alberto Núñez Feijóo defendió durante años la ampliación de los derechos de los descendientes de emigrantes españoles y atribuyeron su cambio de posición a la presión de Vox.
PP y la ultraderecha Vox chocan por elevar la ofensiva
La ultraderecha ha intentado aprovechar la decisión cautelar para prolongar su campaña contra la norma. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, pidió este lunes que el Senado abra una comisión de investigación sobre las nacionalidades concedidas y reclamó conocer su posible impacto electoral.
Fúster llegó a hablar de "nacionalidades fraudulentas" sin presentar pruebas que demuestren la existencia de un fraude generalizado. El Supremo tampoco ha anulado ninguna nacionalidad ni ha declarado irregulares los expedientes. Su decisión se limita a suspender temporalmente los derechos electorales de una parte de los inscritos mientras estudia los recursos de Vox e Iustitia Europa.
El PP ha rechazado por ahora utilizar su mayoría absoluta en el Senado para abrir esa comisión. Su portavoz, Borja Sémper, aseguró que los 'populares' esperarán a la resolución definitiva y sostuvo que no necesitan una investigación parlamentaria para cuestionar la instrucción aplicada desde 2022.
Génova mantiene, pese a ello, su ofensiva política. Sémper calificó la instrucción de "atropello" y Feijóo lleva meses hablando de "ingeniería electoral". La diferencia con Vox se concentra en el instrumento y en el tono, porque ambos partidos respaldan la revisión de los efectos electorales de la norma.
Los datos disponibles tampoco permiten afirmar que los nuevos españoles formen un bloque electoral favorable al Gobierno. En las elecciones generales de 2023, la participación del censo exterior rondó el 8% y el único escaño modificado tras su recuento fue a parar al PP en Madrid.
Vox ha ampliado su presión a la crisis de Ceuta y exige que el PP apoye la utilización del artículo 102 de la Constitución para acusar a Pedro Sánchez de traición. La formación de Santiago Abascal dispone de 32 diputados y necesita reunir al menos 88 firmas para iniciar el procedimiento, además de una mayoría absoluta posterior en el Congreso.
Ceuta exige avances que se noten
El Gobierno llega a este martes con más datos sobre las salidas y los traslados realizados en Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en 5.300 los retornos voluntarios a Marruecos desde el 10 de agosto y en 300 las expulsiones judiciales relacionadas con delitos o infracciones.
Interior ha puesto en marcha al menos 1.800 expedientes de devolución y ha desplegado una veintena de líneas policiales para agilizar la identificación de las personas que permanecen en la ciudad. Cerca de un centenar ha renunciado también a solicitar protección internacional.
El Ejecutivo ha habilitado alrededor de 4.500 plazas temporales para adultos y recursos para unos 2.000 menores. Otras 864 personas que dormían a la intemperie fueron trasladadas recientemente a espacios cerrados antes de su reubicación en los centros habilitados.
La situación continúa siendo muy difícil en varios asentamientos. Mujeres, menores y familias permanecen en instalaciones precarias del polígono industrial del Tarajal, mientras la Ciudad Autónoma ha pedido desalojar con urgencia un campamento levantado junto al perímetro de la planta desalinizadora. Las protestas vecinales también han acompañado la apertura de algunos centros de acogida.
Margarita Robles reconoció este lunes la dureza de la situación y volvió a pedir disculpas a los ceutíes que sienten que el Estado los ha dejado solos. "El Gobierno está con ellas", afirmó al trasladar su apoyo a las mujeres y niñas afectadas y defender el trabajo de las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales y los servicios de inteligencia.
Óscar López sostuvo que ningún organismo pudo anticipar una entrada de más de 70.000 personas, aunque admitió que existían señales y convocatorias en las redes sociales. Grande-Marlaska mantuvo también que el CNI no trasladó una alerta relacionada con la dimensión que alcanzaron los acontecimientos del 30 y 31 de julio.
Esa versión sigue chocando con los documentos desclasificados y con el relato de Gonzalo Sanz, antiguo jefe de Gabinete del delegado del Gobierno. Sanz dimitió después de asegurar que trasladó las comunicaciones recibidas desde el CNI. El delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, mantiene que nunca tuvo conocimiento de esos avisos.
La Audiencia Nacional ha pedido al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta que valore remitirle la causa abierta contra Pérez Triano. La magistrada María Tardón pretende reunir esas diligencias con la investigación que ya dirige sobre la entrada masiva.
La ministra portavoz, Elma Saiz, acusó al PP de utilizar la crisis para extender desinformación y aseguró que los 'populares' han dejado de comportarse como un partido de Estado. La dirección socialista siguió la misma línea y reprochó a Feijóo que intente convertir Ceuta en una campaña electoral permanente.
El PP respondió afirmando que la situación "ha empeorado" durante las últimas semanas y volvió a reclamar dimisiones. Feijóo viajará el próximo lunes a la ciudad acompañado por el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y la secretaria general de la organización, Dolors Montserrat, después de que Génova haya decidido trasladar su ofensiva a Bruselas.
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha elevado igualmente la presión sobre Moncloa. El dirigente popular sostiene que alertó al Gobierno antes de la entrada masiva, reclamó la declaración de una emergencia nacional y llegó a recibir la petición de que dejara de llamar por ponerse "muy pesado". Su intervención de este lunes en 'El Hormiguero' fue seguida en una pantalla gigante instalada por empresarios locales en la plaza de los Reyes.
Sumar dirigió sus críticas hacia el propio Ejecutivo ceutí. La cocoordinadora de Movimiento Sumar y secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, pidió explicaciones por dos contratos de emergencia para la acogida de menores que superan conjuntamente los 5,7 millones de euros y fueron adjudicados a empresas vinculadas familiarmente con personas del entorno de Vivas.
"La acogida es una cosa muy seria, no es un negocio", afirmó Martínez. El Gobierno de Ceuta ha defendido la legalidad de las adjudicaciones, mientras Sumar reclama conocer las condiciones de los contratos y las razones por las que se tramitaron sin una licitación pública.
El frente inmediato se desplazará este miércoles al Congreso. La Cámara tendrá que convalidar el decreto que moviliza 309 millones de euros, equivalente aproximadamente al 16% del producto interior bruto anual de Ceuta. El paquete reserva 118 millones para acogida y atención humanitaria, 90 millones para seguridad, 80 millones para empresas y trabajadores y 21 millones para servicios esenciales. Las solicitudes para los 36,6 millones en ayudas directas a autónomos y empresas se abrieron este lunes y los primeros pagos están previstos para comienzos de octubre.
La convalidación permitirá mantener en vigor las bonificaciones fiscales, los ERTE específicos, las ayudas al comercio y al turismo y el refuerzo de los servicios sanitarios, educativos y judiciales. El debate coincidirá con la exigencia de acelerar los expedientes, sacar a las familias de los asentamientos y trasladar fuera de Ceuta a los menores cuya acogida corresponde al resto de comunidades autónomas.
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