El PSOE ha elevado este lunes la presión sobre el Tribunal Supremo por la suspensión cautelar de los derechos electorales de miles de españoles acogidos a la conocida como 'ley de nietos'. La portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, Montse Mínguez, ha exigido que el tribunal resuelva cuanto antes un asunto que afecta directamente al derecho de sufragio y ha advertido de la gravedad de presentar como una amenaza el voto de ciudadanos cuya nacionalidad permanece plenamente reconocida.
"Estamos muy preocupados", ha admitido Mínguez durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección socialista en Ferraz. La dirigente ha recordado que la resolución todavía es provisional y que la propia norma continúa vigente. "El voto es sagrado y cuelga de la nacionalidad", ha defendido.
El Supremo ha dejado en suspenso los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, conocido como CERA, mientras estudia los recursos presentados por la ultraderecha Vox e Iustitia Europa. La medida alcanza a quienes accedieron a la nacionalidad mediante la presunción de exilio establecida en una instrucción de 2022 y todavía no han acreditado documentalmente ante los consulados que descienden de españoles exiliados.
La decisión afecta temporalmente al sufragio, aunque no revoca la nacionalidad ni paraliza todos los expedientes tramitados mediante la Ley de Memoria Democrática. El tribunal ha establecido una excepción para las personas que puedan demostrar que sus padres o abuelos sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o relacionadas con su orientación e identidad sexual.
Españoles de primera y de segunda
Mínguez ha dirigido buena parte de sus críticas contra el argumento del Supremo sobre la existencia de un "peligro fundado, real y serio" para la objetividad y la transparencia de futuros procesos electorales. La portavoz socialista ha rechazado que el crecimiento del censo exterior pueda justificar la suspensión del voto de ciudadanos españoles antes de que exista una sentencia definitiva.
"El peligro real para una democracia empieza cuando para algunos les parece un peligro votar", ha afirmado. A su juicio, distinguir entre españoles que pueden ejercer el sufragio y otros que deben esperar a una revisión administrativa supone establecer ciudadanos "de primera y de segunda".
La portavoz ha reclamado una explicación detallada sobre cómo se ha llegado a una medida de tanta trascendencia. "Queremos que esta cuestión se resuelva rápido. No podemos entender cómo se ha llegado hasta aquí y se tendrá que explicar muy bien", ha advertido.
Jamás votar puede ser un peligro real. Eso viene de otra época, de una época que, afortunadamente, en este país la hemos superado, y queremos seguir superándola.
— PSOE (@PSOE) September 14, 2026
Decidir qué españoles pueden votar y qué españoles no, es tener españoles de primera y españoles de segunda.… pic.twitter.com/ogxYE3muwH
La dirección socialista también ha señalado el giro adoptado por Alberto Núñez Feijóo. Mínguez ha recordado que el líder del PP defendió durante años la ampliación de derechos de los españoles residentes en el extranjero y llegó a comprometerse con los descendientes de emigrantes durante sus visitas a Latinoamérica.
Feijóo apoyó en 2022 una ley específica que facilitara la recuperación de la nacionalidad a descendientes de españoles. Cuatro años después, ha situado este proceso bajo sospecha y lo ha relacionado con una supuesta operación del Gobierno para alterar el censo. Mínguez atribuye ese cambio a la presión de la ultraderecha. "Vox les está escribiendo el programa electoral y se lo está cambiando", ha denunciado.
El PSOE considera que la ofensiva contra la 'ley de nietos' alimenta la idea de que los nuevos nacionalizados forman un bloque electoral al servicio del Gobierno. Los datos disponibles no permiten sostener esa conclusión. La nacionalidad tampoco implica una inscripción inmediata en el CERA, y figurar en el censo exterior no garantiza que finalmente se ejerza el voto.
Como ya explicó 'ElConstitucional.es', el voto exterior se reparte entre las distintas circunscripciones y registró una participación cercana al 8% en las elecciones generales de 2023. Aquel año llegó a cambiar un escaño en Madrid, precisamente a favor del Partido Popular.
Narváez, en el centro del choque
Mínguez también ha puesto el foco sobre Antonio Narváez, magistrado del Supremo y ponente de los autos que han acordado la suspensión cautelar. "Independencia no significa impunidad", ha lanzado la portavoz, antes de reclamar que los integrantes del Poder Judicial sean independientes y también mantengan una apariencia de imparcialidad.
Narváez participó en abril de 2023 en una cena privada de Feijóo con medio centenar de fiscales vinculados a la asociación mayoritaria y de tendencia conservadora. Según publicó entonces 'El País', el ahora magistrado expresó a título personal su deseo de que el dirigente popular alcanzara la Presidencia del Gobierno.
Durante aquel encuentro también puso bajo sospecha los procesos electorales en los que participa la empresa Indra y criticó los acuerdos del Partido Socialista de Euskadi con EH Bildu. El PSOE considera especialmente relevante ese antecedente porque Narváez ha redactado ahora una resolución que alerta de los posibles efectos del crecimiento del censo exterior sobre las elecciones.
La medida cautelar fue aprobada por cinco de los seis magistrados que participaron en la deliberación. Alicia Millán formuló un voto particular en el que reprochó a la mayoría una ponderación incompleta de los intereses en juego y advirtió de que el auto impide ejercer un derecho político reconocido por la nacionalidad española.
Las críticas de Mínguez se han extendido al funcionamiento general de los tribunales. La portavoz ha denunciado que algunas causas que afectan al Gobierno avanzan con enorme rapidez, mientras otros procedimientos permanecen abiertos durante "12 o 14 años". Ha mencionado las investigaciones sobre Begoña Gómez, David Sánchez y el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz como ejemplos de actuaciones que, en opinión del PSOE, están deteriorando la confianza de una parte de la ciudadanía en la Justicia.
La Junta Electoral Central ha acordado este mismo lunes ejecutar el mandato del Supremo, aunque las votaciones han revelado una profunda división. Por siete votos frente a seis, el órgano ha renunciado a recurrir el auto. Otra mayoría de ocho contra cinco ha decidido limitar el acuerdo a cumplir la resolución sin añadir interpretaciones sobre su contenido.
Los consulados deberán revisar ahora los expedientes y diferenciar entre quienes acreditaron directamente el exilio de sus ascendientes y quienes se acogieron a la presunción aprobada en 2022. Los datos del Gobierno contabilizaban hasta mayo 333.696 beneficiarios ya inscritos en el censo, mientras otros 238.065 habían solicitado hacerlo. La cifra concreta de personas que perderán temporalmente el voto sigue pendiente de esa comprobación.
El PSOE exige que la sentencia definitiva llegue antes de las próximas elecciones generales. Hasta entonces, la Junta Electoral, la Oficina del Censo y los registros consulares tendrán que aplicar una medida cautelar discutida dentro del propio Supremo y acatada por la mínima en el organismo encargado de velar por las garantías electorales.
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