La ultraderecha Vox quiere prolongar en el Senado su ofensiva contra la conocida como 'ley de nietos', pero se ha encontrado con el rechazo del Partido Popular. La formación ultraderechista ha pedido este lunes una comisión de investigación sobre las nacionalidades concedidas a descendientes de españoles, una iniciativa que depende de la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta y que Génova ya ha descartado.
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, pretende citar a los responsables políticos y administrativos que participaron en la elaboración de la disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática. También reclama acceder a los informes jurídicos, documentos y decisiones adoptadas durante su desarrollo.
Fúster ha dado un paso más al exigir que se investigue "cuántas nacionalidades fraudulentas se han concedido" y cuál puede ser su impacto electoral. La acusación llega sin que Vox haya presentado datos que demuestren la existencia de un fraude masivo ni una resolución judicial que haya anulado esas nacionalidades.
El Tribunal Supremo tampoco ha declarado fraudulentos los expedientes. Su decisión es cautelar y afecta a los derechos electorales de una parte de los beneficiarios mientras estudia el fondo de los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa. La nacionalidad española continúa vigente y los procedimientos administrativos siguen adelante.
Vox convierte la medida cautelar en una guerra política
La ultraderecha ha celebrado el auto como una "primera victoria", aunque considera que la ofensiva debe continuar hasta frenar definitivamente los efectos de la norma. "No confundamos una batalla ganada con una guerra terminada", ha proclamado Fúster, que ha presentado la ampliación de la nacionalidad a descendientes de españoles como una supuesta operación electoral del Gobierno.
Ese lenguaje acompaña desde hace meses la campaña de Vox contra la disposición. El partido de Santiago Abascal ha difundido sospechas sobre el censo y atribuido al Ejecutivo la intención de fabricar nuevos votantes, pese a que la obtención de la nacionalidad, la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes y el ejercicio efectivo del sufragio son procesos diferentes.
Como ya explicó 'ElConstitucional.es', tampoco existe ninguna prueba de que los nuevos españoles voten de manera homogénea o beneficien automáticamente a una candidatura. En las elecciones generales de 2023, la participación del CERA rondó el 8% y el único escaño que cambió después del recuento exterior fue a parar al PP en Madrid.
La denominada 'ley de nietos' permite optar a la nacionalidad a determinados hijos y nietos de españoles que abandonaron el país como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura. Una instrucción aprobada en 2022 estableció una presunción de exilio para quienes salieron de España entre 1936 y 1955, interpretación que ahora revisa el Supremo.
La resolución judicial ha dejado en suspenso los efectos electorales de los expedientes tramitados mediante esa presunción hasta que los consulados comprueben la relación con el exilio. La excepción alcanza a quienes ya hayan acreditado documentalmente que sus ascendientes sufrieron persecución por razones políticas, ideológicas, religiosas o relacionadas con su orientación e identidad sexual.
Vox ha acusado además al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de presionar al Supremo al pedir una sentencia rápida. Fúster sostiene que el Gobierno pretende acudir después al Tribunal Constitucional para aprovechar su "mayoría progresista", sembrando también sospechas sobre otro órgano jurisdiccional antes de que haya intervenido en el procedimiento.
La Junta Electoral Central ha acordado este lunes cumplir el mandato del Supremo, aunque lo ha hecho profundamente dividida. Por siete votos frente a seis ha rechazado recurrir el auto y por ocho contra cinco ha decidido ejecutarlo sin añadir interpretaciones. Una amplia mayoría de sus vocales ha expresado reservas ante la suspensión de un derecho fundamental sin escuchar previamente a las personas afectadas.
El PP rechaza el espectáculo, pero mantiene sus críticas
El PP ha frenado por ahora el intento de trasladar la ofensiva al Senado. Su portavoz nacional, Borja Sémper, ha asegurado que los populares esperarán a la resolución definitiva del Supremo y ha mostrado su sorpresa ante la necesidad de Vox de abrir una investigación parlamentaria.
"Políticamente no necesitamos una comisión de investigación para entender que una orden ministerial no está por encima de una ley aprobada en el Congreso", ha afirmado Sémper. El dirigente popular ha calificado la instrucción de 2022 como un "atropello" y ha reclamado que se respete la voluntad del legislador.
La distancia entre ambos partidos se centra así en el instrumento elegido y en el tono de la ofensiva. Génova rechaza convertir el Senado en otro escenario de investigación, aunque mantiene sus dudas sobre la aplicación de la norma y también ha cuestionado el crecimiento del censo exterior. El propio Feijóo ha hablado durante los últimos meses de "ingeniería electoral" e "ingeniería social".
Vox ha aprovechado su comparecencia para presionar al PP en otros dos frentes. Fúster ha exigido a los populares que utilicen su mayoría en el Senado para frenar la ley que reconoce la nacionalidad española a los saharauis que la tuvieron hasta 1977 y la perdieron después de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. La iniciativa fue aprobada en el Congreso con el voto contrario de Vox y la abstención del PP.
También ha reclamado los votos de Génova para activar el artículo 102 de la Constitución y acusar a Pedro Sánchez de traición por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Vox cuenta con 32 diputados y necesita reunir al menos 88 firmas para impulsar el procedimiento, además de una mayoría absoluta posterior en el Congreso.
Fúster ha pedido al PP que "se arremangue" y ha celebrado que Isabel Díaz Ayuso se "disfrace de Vox" al llamar traidor al presidente del Gobierno. La comisión sobre la 'ley de nietos', sin embargo, queda bloqueada desde su anuncio. Sin el respaldo de la mayoría popular en el Senado, la nueva ofensiva parlamentaria de la ultraderecha no podrá ponerse en marcha.
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