El PSOE lleva a su programa electoral la rebaja de la edad de voto a los 16 años y la creación de un escaño ciudadano sin derecho a voto, una combinación de reformas que, si prospera, obligaría a abrir cambios de calado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
La propuesta socialista, recogida por Europa Press, añade además la supresión parcial de los aforamientos, una revisión del funcionamiento del Senado y la extensión del uso de las lenguas cooficiales en las Cortes y en la Administración General del Estado en los territorios donde son oficiales.
La rebaja del voto juvenil vuelve al programa, pero sigue atada a la Constitución
La medida más sensible es la del sufragio desde los 16 años. El cambio no podría aplicarse sin modificar la LOREG, que reconoce el derecho de voto a los españoles mayores de edad, fijada en 18 años por el artículo 12 de la Constitución. No es una idea inédita en el Congreso. En 2024, la Comisión de Juventud aprobó una iniciativa de Sumar, pactada con el PSOE, para instar al Gobierno a estudiar en un año una reforma de la LOREG que permitiera votar desde los 16 años, aunque la rebaja no llegó a aprobarse.
En paralelo, los socialistas quieren crear la figura del Defensor de las Generaciones Futuras, vinculada al Consejo de la Juventud de España, con el objetivo de introducir una visión de largo plazo y de justicia intergeneracional en las decisiones públicas.
Otra de las apuestas del programa es un escaño ciudadano en ambas cámaras que no tendría voto, pero sí permitiría a la sociedad civil formular preguntas al Gobierno y presentar iniciativas y enmiendas. El diseño busca abrir una vía institucional de participación, aunque su alcance quedaría condicionado por la arquitectura parlamentaria actual.
Senado territorial y más uso de lenguas cooficiales
Hoy los ciudadanos ya pueden impulsar proposiciones de ley mediante una iniciativa legislativa popular, pero solo en determinados asuntos y con 500.000 firmas. El PSOE quiere rebajar esa cifra de avales, aunque no concreta cuánto; para hacerlo, sería necesario reformar el artículo 87.3 de la Constitución. La formación también plantea suprimir los aforamientos de los cargos públicos en delitos ajenos al ejercicio de sus funciones. Esa limitación exigiría tocar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, una reforma que ya fue impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2018, sin que llegara a culminar su tramitación.
El bloque institucional se completa con una reforma del Senado para convertirlo en una "auténtica Cámara de representación territorial", haciendo coincidir sus circunscripciones con el ámbito autonómico. El cambio requeriría modificar el artículo 69 de la Constitución, que hoy mantiene la lógica provincial e insular en la composición de la Cámara Alta.
El programa también apuesta por consolidar el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes y extenderlo a la atención de la Administración General del Estado en los territorios donde esas lenguas son oficiales, una medida que ampliaría el alcance de una práctica ya presente en la actividad parlamentaria.
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