La Universidad Complutense de Madrid ha fijado en 113.509,32 euros la indemnización que reclama a Begoña Gómez y a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, si finalmente son condenadas por malversación. La institución ha presentado su petición dentro del procedimiento que deberá llegar ante un jurado popular por las actividades desarrolladas alrededor de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
La Universidad se encuentra personada como perjudicada y limita su intervención a ejercer la acción civil, sin formular una petición de condena penal contra la esposa del presidente del Gobierno ni contra Álvarez. El pago queda supeditado al resultado del juicio y tendría que ser asumido solidariamente por ambas en caso de un fallo condenatorio.
La cantidad incluye el dinero destinado al desarrollo del 'software' de la cátedra y el coste del personal universitario que participó en el proyecto. La Complutense sostiene que la plataforma fue creada con recursos vinculados a la institución y que posteriormente habría quedado fuera de su control.
La Universidad quiere recuperar la plataforma
La reclamación económica constituye únicamente una parte de la petición. La Complutense también exige que se le restituya la titularidad y la plena disponibilidad del programa informático, junto con los dominios, accesos, credenciales, archivos, códigos fuente, marcas y derechos de explotación vinculados a la herramienta.
El centro considera que el 'software' formaba parte de su patrimonio porque fue desarrollado dentro de la cátedra y con aportaciones destinadas a una actividad universitaria. La participación de empresas privadas en la financiación del proyecto no modifica esa consideración, según recoge el escrito de conclusiones provisionales presentado por sus servicios jurídicos.
La Universidad menciona entre los indicios examinados el registro de la marca 'TSC', la transferencia del dominio 'transformatsc.org' y la constitución en 2023 de 'Transforma TSC S.L.', una sociedad administrada por Begoña Gómez. Su escrito sostiene que esas actuaciones pudieron trasladar un activo universitario hacia una esfera de disposición privada sin autorización de la institución.
Respecto a Cristina Álvarez, la Complutense asume el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid y la sitúa como posible cooperadora necesaria. La Universidad considera que su intervención en las gestiones relacionadas con el programa informático pudo exceder las funciones de asistencia que desempeñaba desde la Presidencia del Gobierno.
La Fiscalía mantiene que no existe delito
La posición del Ministerio Público se encuentra en el extremo contrario. La Fiscalía ha comunicado que no formulará acusación y que presentará unas conclusiones absolutorias, en coherencia con la postura mantenida durante toda la instrucción.
El fiscal ya defendió en su anterior escrito que Begoña Gómez no recibió ninguna retribución por dirigir la cátedra, que el programa informático jamás llegó a explotarse comercialmente y que la Universidad no sufrió un perjuicio patrimonial. Su conclusión fue que los hechos investigados carecían de relevancia penal y que no existía delito alguno atribuible a Gómez o Álvarez.
La nueva reclamación llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid redujera el procedimiento impulsado por el juez Juan Carlos Peinado. Los magistrados archivaron los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, aunque permitieron que continuara el juicio con jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
El polémico juez Peinado ha concedido ahora cinco días a Begoña Gómez y Cristina Álvarez para presentar sus escritos de defensa. También les ha dado tres días para comunicar si renuncian a la audiencia preliminar sobre la procedencia de abrir juicio oral. La Fiscalía esperará a conocer las peticiones definitivas de la acusación popular antes de formalizar su solicitud de absolución.
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