El Ministerio Público ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid la absolución de Begoña Gómez al término de la polémica investigación del juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente Pedro Sánchez. Esto tras las presuntas irregularidades en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense.
Peinado alega catedras extraordinarias sin beneficio económico para Gómez
La fiscalía ha confirmado que no hay indicios de delito contra Begoña Gómez, ni contra su asistente Cristina Álvarez. El documento alega que la esposa del presidente del Gobierno comenzó a trabajar en la Universidad Complutense en el año 2012, mucho antes de que Pedro Sánchez asumiera el cargo. Además, señala que desde aquel momento Gómez ha percibido 40.000 euros a causa de sus actividades académicas, pero que ninguna de esas retribuciones se corresponde con su actividad en la formación que se ha investigado.
Según el fiscal, la finalidad de estas cátedras extraordinarias es atraer fondos privados hacia la universidad, y añade que su dirección no está sujeta a ningún requisito de titulación académica: "La universidad ha suscrito numerosos convenios de creación de cátedras extraordinarias, sin exigencia de acreditación de títulos o currículum vitae de ningún tipo, con entidades, asociaciones, empresas y grupos de muy heterogéneos y sobre temáticas muy variadas, y con entidades, asociaciones o personas de muy diversa condición y procedencia".
También ha señalado que ninguna de las empresas patrocinadoras o colaboradoras obtuvieron algún tipo de ingreso monetario por su participación. "Ninguna de las investigadas se ha beneficiado económicamente de estas actividades, ni consta que la Universidad Complutense haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas", añadió Peinado.
El caso de la asesora Cristina Álvarez
Respecto a las funciones de Cristina Álvarez, el fiscal defiende que, como personal de confianza encargada de asistir y gestionar la agenda de la esposa del presidente, sus gestiones o acompañamientos a Begoña Gómez en asuntos universitarios se enmarcan en esa relación de confianza, descartando en todo momento que existiera un perjuicio o menoscabo en su trabajo. La institución reclama 108.000 euros en caso de que haya condena.
