La Fiscalía Anticorrupción mantiene su acusación contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por las presuntas irregularidades en contratos del Canal de Isabel II relacionados con un campo de golf. Al término del juicio, el Ministerio Público ha solicitado cinco años de cárcel y una multa de 500.000 euros para el dirigente del PP, al que atribuye un papel "esencial" en una operación que, sostiene, permitió beneficiar a sus familiares con fondos públicos.
La petición de prisión es un año inferior a los seis que reclamaba inicialmente la Fiscalía. La fiscal Ana Cuenca ha apreciado este jueves la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo que ha tardado en celebrarse el juicio. La rebaja afecta también a los otros cuatro acusados, para los que solicita igualmente cinco años de cárcel.
El juicio, celebrado en la Audiencia Nacional dentro del 'caso Lezo', ha quedado visto para sentencia después de que las defensas reclamaran la absolución de todos los procesados. González niega haber favorecido a sus familiares o haber recibido beneficio alguno. Será el tribunal quien determine si los hechos que sostiene la Fiscalía han quedado probados y si existe responsabilidad penal.
La causa examina dos contratos vinculados a la construcción y explotación de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid. Los hechos investigados se remontan a la etapa en la que González era vicepresidente del Gobierno regional de Esperanza Aguirre y presidía el Canal.
La empresa de sus familiares, bajo sospecha
La tesis de Anticorrupción es que las adjudicaciones se orientaron para beneficiar al hermano y al cuñado de González mediante la participación de Tecnoconcret, conocida como TCT. La fiscal sostiene que la empresa recibió dinero por una intermediación innecesaria y que los familiares del expresidente obtuvieron así algo más de 294.000 euros.
"La adjudicación se hizo de una manera claramente preordenada con sólo una finalidad, permitir enriquecerse a los familiares" de González, ha sostenido Cuenca en sus conclusiones finales. Según la acusación, el entonces vicepresidente desempeñó un papel decisivo porque era el máximo órgano de contratación del Canal.
La primera de las actuaciones examinadas se refiere a las obras de la cubierta del tercer depósito de la empresa pública, adjudicadas en 2004 a Dragados. La Fiscalía afirma que la constructora ya había cerrado la contratación de TCT antes incluso de que se formalizara aquella adjudicación. También se investiga un contrato posterior relacionado con la gestión y explotación de las instalaciones deportivas.
Para la fiscal, la intervención de TCT fue innecesaria porque la compañía carecía de medios, experiencia y solvencia para realizar los trabajos y tuvo que recurrir a otras empresas. Por ello ha descrito a la sociedad como "una empresa comisionista" creada, según su tesis, para cobrar por intermediaciones con dinero del Canal.
Junto a González se sientan en el banquillo Ildefonso de Miguel, que fue director gerente de la empresa pública entre 2003 y 2009, y los socios de TCT José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Estos dos últimos son, respectivamente, hermano y cuñado del expresidente madrileño.
La expresidenta Esperanza Aguirre declaró como testigo durante el juicio y reconoció que la idea del campo de golf había sido suya. El proceso se centra en las presuntas irregularidades de los contratos relacionados con el proyecto y en la intervención que la Fiscalía atribuye a los acusados.
González niega haber favorecido a nadie
La defensa del expresidente del PP ha pedido su absolución y sostiene que durante la vista no se ha presentado "ni una sola prueba" que respalde las acusaciones contra él. Su abogado, Esteban Mestre, ha rechazado que González condicionara las adjudicaciones, influyera en ellas o recibiera beneficios de la actividad de TCT.
El propio González negó el miércoles ante el tribunal haber intervenido en los contratos para favorecer a sus familiares. "Jamás he pedido nada en favor de nadie", afirmó durante su declaración. También sostuvo que la relación de su hermano y su cuñado con la empresa fue posterior a la adjudicación de los contratos.
La defensa de los dos familiares ha rechazado igualmente la tesis de Anticorrupción y ha sostenido que TCT realizó tareas de intermediación comercial. Tras escuchar los informes finales, el tribunal ofreció a los acusados el turno de última palabra, al que todos renunciaron.
Esta es una de las distintas piezas en las que se dividió el 'caso Lezo', abierto para investigar presuntas irregularidades vinculadas al Canal de Isabel II durante gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid. González fue detenido en 2017 y permaneció varios meses en prisión provisional. Ahora, casi una década después, la Audiencia Nacional deberá resolver este primer juicio contra él por una de las ramas de la causa.
