Ignacio González ha negado ante la Audiencia Nacional conocer la vinculación de su hermano y su cuñado con la empresa que recibió parte del contrato para construir un campo de golf en unas instalaciones del Canal de Isabel II. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha tratado de desvincularse de una adjudicación que terminó beneficiando económicamente a su entorno familiar y por la que la Fiscalía solicita seis años de prisión, al atribuirle dos delitos de cohecho.
El exdirigente del PP, que presidió el Canal entre 2003 y 2012, ha asegurado durante su declaración en el juicio del caso Lezo que no conoció la relación de sus familiares con la sociedad TCT hasta que terminó el procedimiento de adjudicación. "Yo no conozco a nadie", afirmó ante el tribunal, al tiempo que insistió en que nunca pidió favores ni intervino para beneficiar a ninguna empresa. Su defensa pasa así por negar cualquier participación en una operación en la que, según la investigación, se canalizaron cientos de miles de euros hacia su círculo familiar.
Un campo de golf adjudicado sin nueva licitación
El origen de la causa se encuentra en un proyecto impulsado en 2003 para acondicionar la cubierta de uno de los depósitos del Canal de Isabel II, empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid. El contrato inicial fue adjudicado a ACS, posteriormente Dragados, y contemplaba la construcción de jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto. Sin embargo, un año después se modificó el proyecto para incorporar también un campo de golf con césped artificial.
La investigación judicial puso el foco en que ese cambio no fue una modificación menor. El juez Manuel García Castellón concluyó durante la instrucción que las alteraciones eran tan "sustanciales" que debieron dar lugar a una nueva licitación pública, en lugar de tramitarse como una ampliación del contrato original. Esta fórmula permitió que las obras adicionales se adjudicaran directamente a Dragados, sin abrir un nuevo concurso a otras empresas.
Según la investigación, González y el entonces director gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, acordaron con Dragados que la constructora recibiría directamente el modificado a cambio de subcontratar a TCT, una sociedad vinculada al hermano y al cuñado del entonces vicepresidente madrileño. De esta manera, una empresa relacionada con familiares de González terminó participando en un contrato público que había sido adjudicado a la constructora.
Ante el tribunal, el expresidente ha intentado apartarse de las decisiones administrativas que hicieron posible la operación. Ha defendido que su papel en el Canal era "bastante esporádico", que acudía "una mañana a la semana" y que se limitaba a elevar al consejo las propuestas que recibía de los servicios técnicos. "Jamás yo he intervenido en ninguno de los contratos ni de las propuestas que van al consejo", sostuvo. También aseguró que, de haber conocido la presencia de familiares suyos en el proyecto, habría consultado a los técnicos y se habría abstenido si correspondía.
Más de tres millones para TCT y pagos en efectivo a sus familiares
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el recorrido del dinero. Según la documentación incorporada a la causa, TCT recibió más de tres millones de euros por los trabajos subcontratados por Dragados, pese a que los investigadores cuestionaron que tuviera capacidad propia para ejecutar el proyecto. La sociedad recurrió después a Onlygolf y Fieldturf para realizar los trabajos y les impuso una comisión del 8%.
De esa operación salieron 266.972 euros destinados al hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Los pagos se realizaron en efectivo y se distribuyeron en 49 entregas, según la documentación judicial. La investigación también sitúa a TCT en una segunda adjudicación, junto a otras empresas, para la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto. El juez consideró que este procedimiento era "innecesario e irregular" y cifró en 504.780 euros el beneficio obtenido por la sociedad.
Aguirre señaló el origen del proyecto y De Miguel se desentiende
En la misma sesión declaró Ildefonso de Miguel, que fue director gerente del Canal y que también estuvo en prisión provisional por esta causa. El exresponsable de la empresa pública reiteró que la decisión de incorporar un campo de golf al proyecto partió de Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, que consideró que era "una buena idea". Aguirre llegó a comparar la iniciativa con la construcción de "un helipuerto para Bono".
De Miguel, por su parte, negó conocer que detrás de TCT estuvieran familiares de González y atribuyó al departamento de Contratación la responsabilidad de tramitar la ampliación como una modificación del contrato inicial. "Contratación estudia la fórmula de hacerlo y decide que sea modificado. Cuando a mí me llega todo firmado por varias personas de distintos departamentos yo simplemente lo doy por bueno", declaró. También reconoció que un modificado supone "una adjudicación directa a la empresa que está ejecutando la obra" y negó haber hablado de este asunto con Dragados.
Las declaraciones de ambos exresponsables vuelven a situar el foco en las decisiones que permitieron modificar el contrato, evitar una nueva licitación y canalizar fondos públicos hacia una sociedad vinculada a familiares del expresidente madrileño. Mientras González insiste en que desconocía esos vínculos y que nunca intervino en las adjudicaciones, la Fiscalía mantiene su petición de seis años de prisión por su presunta participación en los hechos.
