El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en la pieza del 'caso Koldo' que sigue abierta en este tribunal. El magistrado la cita como investigada el próximo 20 de julio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación vinculados a sus contratos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
La decisión llega después de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Ábalos y a su exasesor Koldo García por el 'caso mascarillas'. En ese fallo, el alto tribunal dio por probado que Rodríguez fue contratada en dos sociedades públicas sin realizar actividad laboral efectiva y que percibió más de 43.000 euros en salarios entre 2019 y 2021.
Moreno también cita como investigados a Joseba García, hermano de Koldo, y a Ignacio Zaldívar, entonces subdirector de Gestión Administrativa de Adif. Los tres deberán comparecer ante la Audiencia Nacional el mismo día, en una diligencia acordada tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Del Supremo a la Audiencia Nacional
La clave está en lo que dejó escrito el Supremo en la sentencia contra Ábalos y Koldo. El tribunal consideró que la contratación de Jéssica Rodríguez fue constitutiva de malversación en concurso con tráfico de influencias, aunque ella no fue juzgada en esa causa porque el procedimiento principal contra el exministro se siguió en el alto tribunal por su condición de aforado.
Anticorrupción sostiene ahora que esos hechos tienen una “íntima conexión” con la investigación que sigue en la Audiencia Nacional y que deben depurarse las posibles responsabilidades de las personas que participaron en el circuito de contratación y que no fueron enjuiciadas por el Supremo.
La sentencia fue especialmente dura con el mecanismo utilizado. Según el fallo, el objetivo del plan era que Rodríguez cobrara como trabajadora de empresas públicas sin tener que desempeñar tareas reales. El Supremo llegó a afirmar que “el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara” y, pese a ello, percibiera una nómina mensual.
Ineco, Tragsatec y la tapadera laboral
Rodríguez fue contratada primero por Ineco, entre marzo de 2019 y febrero de 2021. Después pasó a Tragsatec, entre marzo y septiembre de 2021. Durante ese tiempo, según el relato judicial, no consta que realizara trabajo efectivo en ninguna de las dos empresas.
El papel atribuido a Joseba García se centra en la etapa de Ineco. La Fiscalía apunta a que actuó como cobertura formal de la actividad inexistente de Rodríguez. Según la sentencia, ella recibió indicaciones para decir que trabajaba para Joseba si algún responsable de la empresa preguntaba por sus funciones. También se señala que se le dieron pautas para completar partes de asistencia y sortear los controles internos.
En el caso de Ignacio Zaldívar, el foco está en la contratación posterior en Tragsatec. Anticorrupción sostiene que intervino después de que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le encomendara gestiones relacionadas con la colocación de Rodríguez. La sentencia recoge que Zaldívar trasladó a responsables de Tragsatec que Rodríguez tenía algún vínculo con el ministro y que existía interés desde Adif en que fuera contratada.
Una nueva derivada del 'caso mascarillas'
La imputación amplía la onda expansiva del caso Koldo tras la condena del Supremo. Ábalos fue condenado a 24 años y tres meses de prisión y Koldo García a 19 años y ocho meses por su papel en la trama de mascarillas. La resolución también dejó señalados hechos que ahora aterrizan en la Audiencia Nacional para seguir el rastro de terceros.
Durante el juicio, Jéssica Rodríguez reconoció que estuvo contratada y que no realizó tareas concretas. También explicó que esperaba instrucciones de Koldo o Joseba y que desconocía algunos detalles de las empresas para las que figuraba trabajando. El Supremo, sin embargo, situó su contratación dentro de un plan impulsado desde el entorno de Ábalos y ejecutado con ayuda de personas vinculadas a empresas públicas.
El nombre de Rodríguez también ha aparecido en otra línea judicial relacionada con el rescate de Plus Ultra, donde se menciona un pago de 2.000 euros ordenado por un empresario investigado. Esa referencia pertenece a otra causa, pero refuerza la presencia de la expareja de Ábalos en varias derivadas que han ido rodeando al exministro en los últimos meses.
El calendario queda fijado para el 20 de julio. Jéssica Rodríguez, Joseba García e Ignacio Zaldívar tendrán que declarar como investigados ante Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, donde sigue abierta la parte del caso Koldo que afecta a los investigados que no fueron juzgados por el Supremo.
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