La Justicia ha abierto una investigación para esclarecer cómo se filtraron los mensajes personales y las agendas de José Luis Rodríguez Zapatero incorporados al 'caso Plus Ultra'. La magistrada Margarita Valcarce, titular de la plaza 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, ha incoado diligencias previas y ha encargado a la Policía Judicial un informe sobre la difusión de documentación reservada que incluía información ajena a las pesquisas.
El expresidente del Gobierno ha solicitado personarse como perjudicado, según ha informado 'El País'. El procedimiento arranca después de que José Luis Calama, instructor de la causa principal en la Audiencia Nacional, pidiera el pasado 25 de junio investigar el origen de las filtraciones y averiguar si podían constituir un delito de revelación de secretos.
La vida privada, expuesta en los anexos
El material procedía del teléfono de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero y también investigada en la causa, incautado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los agentes incorporaron a sus informes anexos con miles de conversaciones que mezclaban gestiones profesionales con cuestiones personales del expresidente.
Entre esos archivos figuraban sus agendas completas de 2024 y 2025, con citas, desplazamientos y encuentros privados. La documentación quedó a disposición de las partes y acabó difundida en medios de comunicación. El alcance de esa publicación provocó el malestar del entorno de Zapatero por la exposición de datos que carecían de relación con los hechos investigados.
Uno de los informes policiales que acompañaban a ese material apuntaba a que el expresidente habría recibido 200.000 euros por supuestas gestiones ante el Gobierno de Bolivia en favor de una empresa peruana de cemento. Esa hipótesis policial forma parte de las pesquisas y está pendiente de acreditación judicial. La causa principal indaga sobre una presunta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia; Zapatero ha negado haber ejercido influencias a favor de la aerolínea.
La difusión de los datos personales también provocó una reacción del PSOE. Su secretaria de Organización, Rebeca Torró, denunció entonces que "filtrar conversaciones privadas e información médica ajenas a una causa judicial es una gravísima violación de la intimidad". "Nada justifica convertir la vida privada de una persona en munición política", añadió.
Calama alertó de las filtraciones
El propio instructor había advertido en junio de que, desde que las actuaciones se pusieron a disposición de las partes mediante una plataforma digital, se habían producido "filtraciones constantes e inmediatas a los medios de comunicación". Consideró especialmente grave la difusión íntegra del informe policial y sus anexos, "pese a contener datos incompatibles con su publicación indiscriminada". La grabación de la declaración de Zapatero también había trascendido un día después de producirse.
Calama acordó remitir los hechos a los juzgados ordinarios para que se investigaran su posible carácter delictivo y la identidad de los responsables. En su resolución recordó el deber de reserva durante la instrucción y alertó de posibles delitos de revelación de actuaciones o informaciones reservadas, además de las responsabilidades disciplinarias o profesionales que pudieran derivarse.
Para frenar nuevas filtraciones, el magistrado también restringió el acceso de las acusaciones populares a la documentación digital, centralizándolo en el PP como representante de la acusación popular unificada. Asimismo, ordenó crear una pieza separada de "información sensible" para las grabaciones de las declaraciones de testigos e investigados. La averiguación de quién difundió el material corresponde ahora a la investigación abierta en Madrid.
Valcarce solicitó a principios de septiembre información adicional a la Audiencia Nacional, que ya ha respondido a ese requerimiento. El siguiente paso es el informe de la Policía Judicial, encargado de esclarecer cómo salió del procedimiento la documentación reservada y aportar elementos para identificar a sus posibles responsables.
