El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para intentar que quede fuera del 'caso Plus Ultra' el informe de la UDEF sobre sus actividades profesionales en Bolivia. La defensa acusa al juez José Luis Calama de permitir una investigación sin límites sobre la vida económica del expresidente.
El recurso cuestiona el informe policial que atribuye a Zapatero el cobro de 200.000 euros procedentes de Focus Social Research, una consultora peruana relacionada con el Grupo Gloria. La UDEF considera que esos pagos pudieron encubrir gestiones ante el Gobierno boliviano para favorecer al conglomerado empresarial en un litigio por una sanción de 107 millones de dólares.
La tesis policial sostiene que el expresidente contactó con altas autoridades de Bolivia, incluido el entonces presidente Luis Arce. Zapatero mantiene que el dinero correspondía a trabajos legales de consultoría, asesoramiento y mediación internacional. Las sospechas de la UDEF permanecen bajo investigación y todavía no han sido acreditadas por una sentencia.
Cinco años de movimientos bancarios bajo la lupa
La defensa denuncia que los investigadores realizaron un volcado masivo de la información obtenida durante los registros y examinaron 174 transferencias de once pagadores durante cinco años. A su juicio, la autorización para acceder a correos, conversaciones, documentos privados y datos bancarios vinculados con la causa no permitía analizar toda la actividad profesional y personal del expresidente.
Los abogados reconocen que una incautación de información difícilmente puede hacerse "de forma quirúrgica", pero rechazan que esto conceda libertad para revisar el material "de cualquier modo y sin perímetro alguno". El recurso habla de una "patente de corso" y de una investigación general prohibida por la ley, conocida jurídicamente como 'inquisitio generalis'.
El juez Calama ya rechazó este planteamiento. Como publicó 'ElConstitucional.es' el pasado mes de julio, el instructor entiende que las transferencias aparecieron al analizar material incorporado legalmente al procedimiento y que su posible relevancia obligaba a investigarlas.
Calama sostiene que el perímetro de una causa puede ampliarse cuando las diligencias autorizadas descubren hechos nuevos con apariencia delictiva. La defensa replica que, cuando se elaboró el informe, Focus Social Research y las gestiones en Bolivia quedaban fuera de los hechos investigados y no existía ninguna sospecha previa que justificara revisar esos pagos.
La Sala de lo Penal tendrá la siguiente palabra
La Sala de lo Penal deberá decidir ahora si confirma la resolución de Calama o aparta el informe policial de las actuaciones. Su decisión se centrará en determinar si la UDEF respetó los límites de la investigación original y las garantías sobre la intimidad económica de Zapatero, sin resolver todavía si los pagos procedentes de Perú fueron legales o encubrieron una intermediación.
Si el recurso es rechazado, las transferencias de Focus y las gestiones realizadas en Bolivia continuarán dentro del procedimiento. Una estimación obligaría a retirar el informe cuestionado y debilitaría esta ramificación concreta. La presentación de la apelación, por sí sola, no paraliza el resto de las pesquisas del 'caso Plus Ultra'.
La causa principal investiga posibles delitos relacionados con el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. Dos antiguos responsables de la aerolínea han declarado recientemente que se pactó una comisión del 1% con el denominado "grupo Zapatero" si se conseguía la ayuda, aunque ninguno ha concretado qué gestiones habría realizado el expresidente ante el Gobierno. Zapatero niega haber intervenido en la concesión del préstamo o haber cobrado una comisión por el rescate.
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