La Fundación Española de Abogados Cristianos ha abierto un nuevo frente judicial alrededor de la crisis de Ceuta. La organización ultraconservadora ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, y ha solicitado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaren como testigos.
La fundación acusa a Pérez Triano de presuntos delitos de desórdenes públicos y prevaricación por omisión por su actuación durante la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio. Su relato sostiene que la Delegación conoció con antelación varias convocatorias difundidas en redes sociales para acceder a Ceuta por el espigón del Tarajal y por vía marítima, pero no adoptó suficientes medidas preventivas.
La presentación de la querella todavía no implica su admisión ni la apertura de una causa contra el delegado. La Audiencia Nacional deberá examinar si los hechos descritos reúnen indicios de delito y decidir después qué diligencias considera necesarias.
La acción judicial se dirige contra Pérez Triano. Sánchez y Marlaska aparecen únicamente dentro de la relación de testigos propuesta por Abogados Cristianos, por lo que corresponde al juez determinar si sus declaraciones aportan información relevante para esclarecer lo ocurrido.
La fundación reclama los avisos del CNI
Abogados Cristianos sostiene que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó el 29 de julio información sobre una convocatoria que circulaba en canales con unos 180.000 seguidores. La fundación quiere conocer hasta dónde llegaron esos avisos, quién tuvo acceso a ellos y qué decisiones tomaron las autoridades antes de la llegada masiva.
Entre las diligencias solicitadas figuran las notas informativas remitidas por el CNI los días 28 y 29 de julio, los registros de llamadas y mensajes, las actas de las reuniones de coordinación y las peticiones de refuerzos realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Pérez Triano ha defendido durante las últimas semanas que el mensaje enviado a su entonces jefe de Gabinete formaba parte de una conversación y carecía del carácter de alerta formal. También ha asegurado que las convocatorias para intentar cruzar la frontera eran conocidas y que el dispositivo se estaba preparando, aunque nadie anticipó la magnitud que alcanzaron los acontecimientos. El propio CNI ha admitido que tampoco pudo prever sus dimensiones y características.
La querella pide además investigar la respuesta ante los asentamientos instalados cerca de la planta desaladora y la estación de tratamiento de aguas de Ceuta. Abogados Cristianos considera que la falta de desalojos o de un refuerzo de la vigilancia pudo poner en riesgo dos infraestructuras esenciales para el abastecimiento de la ciudad.
“Si hubo advertencias previas, hay que saber hasta dónde llegaron y qué hizo el Gobierno con ellas”, ha afirmado la presidenta de la fundación, Polonia Castellanos, que pretende ampliar las pesquisas más allá de la actuación del delegado.
Otra batalla judicial de Abogados Cristianos
La iniciativa sigue la estrategia habitual de una organización que ha convertido los tribunales en uno de sus principales espacios de intervención política. Abogados Cristianos se presenta como una entidad dedicada a proteger “la vida, la fe y la libertad” y ha promovido numerosas acciones relacionadas con el aborto, la eutanasia, los derechos LGTBI, la educación sexual y contenidos artísticos o humorísticos que considera ofensivos para la religión.
Parte de esas actuaciones han terminado archivadas o rechazadas por los tribunales. Entre ellas figura la denuncia presentada contra Televisión Española y la humorista Lalachus por mostrar durante las Campanadas una estampa del Sagrado Corazón con la cabeza de la vaquilla del ‘Grand Prix’.
La querella sobre Ceuta incorpora ahora la política migratoria a esa ofensiva judicial y busca llevar hasta la Audiencia Nacional el debate sobre las advertencias recibidas antes del 30 de julio. El tribunal deberá decidir si la acción supera el primer examen y si cita a alguno de los responsables políticos señalados por la fundación.
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