Rubén Sánchez vuelve a llevar ante la Justicia las acusaciones del agitador ultra Vito Quiles. El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción ha anunciado esta semana que un juzgado de Sevilla ha admitido a trámite una demanda por los mensajes en los que le atribuyó estafa, falsedad documental y fraude a Hacienda. Es, según ha comunicado, la quinta acción judicial que emprende contra él.
'ElConstitucional.es' ha tenido acceso al escrito de demanda, que solicita una indemnización de 60.000 euros por daño moral. La reclamación se tramita por la vía civil y pide que se declare una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Sánchez, se retiren las publicaciones y se difunda una eventual sentencia condenatoria en las mismas cuentas y en la web utilizadas para lanzar las acusaciones.
"Es la 5ª causa judicial que emprendo contra él", ha explicado Sánchez en X al comunicar la admisión. Su anuncio incluye otro mensaje dirigido al agitador ultra, al que reprocha eludir las notificaciones de los juzgados. La admisión permite tramitar la reclamación; el tribunal todavía debe resolver sobre los hechos y las peticiones del demandante.
Un juzgado de Sevilla nos comunica la admisión a trámite de una demanda contra @vitoquiles por acusarme de estafa, falsedad documental y fraude a Hacienda.
— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) September 30, 2026
Es la 5ª causa judicial que emprendo contra él. De poco le va a servir que siga eludiendo notificaciones de los juzgados.
Una acusación de 2013 presentada como novedad
El origen de este procedimiento está en las publicaciones del 10 de julio en X y en 'Combativos', la plataforma de Quiles. Desde su cuenta personal y desde la del portal, el agitador ultra acusó a Sánchez de presentar una factura falsa y de utilizar una empresa inexistente para estafar a Hacienda. También vinculó esos supuestos hechos con FACUA y con trabajos realizados para UGT.
La demanda describe cómo aquellos mensajes se difundieron bajo las etiquetas "URGENTE" e "INVESTIGACIÓN", mientras la noticia hablaba de una "nueva polémica". Sin embargo, la información en la que se apoyaban procedía de 2013, trece años antes. Sánchez sostiene que Quiles recuperó unas acusaciones ya examinadas por los tribunales y las presentó como si acabaran de conocerse, sin incorporar las resoluciones posteriores.
El escrito enumera nueve resoluciones judiciales entre 2014 y 2017 para rebatir esa versión. Entre ellas figura la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de rechazar que Sánchez fuera investigado en el caso de UGT Andalucía, después de que Manos Limpias lo solicitara y el PP andaluz respaldara el recurso. Europa Press informó entonces de que la Sala no apreciaba indicios que permitieran citarlo como investigado.
La documentación citada también incluye sentencias por vulneración del honor contra Luis Pineda y Ausbanc, vinculadas a la difusión de aquellas acusaciones. La demanda incorpora esos antecedentes para sostener que una comprobación de la información disponible habría permitido conocer tanto el origen de la polémica como su recorrido judicial.
Sánchez remitió el 11 de julio un requerimiento de rectificación. En él explicó que los servicios a UGT los había prestado como profesional autónomo, bajo la marca Concepto 19 Comunicación e Imagen, y que no los había facturado a través de FACUA ni de una sociedad ficticia. También detalló las resoluciones con las que rechazaba las imputaciones difundidas por Quiles.
La respuesta que recoge el escrito llegó al día siguiente. "Que rectifique tu padre, estafador", publicó el agitador ultra, antes de añadir que Sánchez acabaría en prisión con sus financiadores. Para el demandante, esa reiteración después de recibir las aclaraciones agrava el daño y demuestra que Quiles mantuvo las acusaciones pese a conocer su desmentido y los antecedentes judiciales.
Los tres mensajes de X señalados en la demanda superaban conjuntamente las 602.000 visualizaciones en el momento de preparar el escrito. Esa difusión es uno de los elementos en los que Sánchez apoya la reclamación por daño moral, junto con la persistencia de las publicaciones y la repercusión sobre su reputación personal y profesional.
Además de los 60.000 euros, la demanda solicita la eliminación de los mensajes y que no se repitan las intromisiones denunciadas. Pide publicar el fallo de una eventual condena, sin comentarios añadidos, en las cuentas de Quiles y de 'Combativos', y mantener una noticia con ese contenido durante siete días en la portada del portal. También reclama las costas del procedimiento.
Peticiones de cárcel y más frentes abiertos
Esta reclamación se suma a dos querellas penales, una demanda anterior por vulneración del honor y otra de rectificación impulsadas por Sánchez. 'ElConstitucional.es' ya informó el 15 de julio de la acción para exigir que 'Combativos' publicara la rectificación y de una segunda querella presentada el día anterior. La nueva demanda de honor busca, además, una reparación económica por las publicaciones.
La primera causa penal, iniciada por publicaciones de 2022, es la que contiene la petición de nueve años de prisión. La acusación particular de Sánchez solicita tres años por cada uno de los tres delitos continuados de calumnias que atribuye a Quiles, con agravante de odio ideológico, y dos multas de 12.000 euros por injurias graves con publicidad. Reclama también 60.000 euros de indemnización y la inhabilitación para ejercer actividades periodísticas durante la condena que pide. Son solicitudes de la acusación pendientes de juicio, y la indemnización corresponde a un procedimiento distinto del ahora anunciado.
El agitador ultra ha perdido además a quien había aparecido públicamente como abogado de su defensa. Juango Ospina dejó el ejercicio activo para asumir responsabilidades diplomáticas de Colombia en Bruselas, como publicó este medio la semana pasada. En la causa penal de Sánchez, el letrado había anunciado un recurso contra el auto que daba paso al procedimiento abreviado, pero, según aquella información, no llegó a personarse ni a presentar el escrito.
Entre los otros procedimientos figura el de una mujer con discapacidad intelectual a la que Quiles entrevistó durante una protesta ante la sede del PP y cuyas imágenes se difundieron en EDATV y en redes. La Fiscalía pide dos años de cárcel para Quiles y dieciocho meses para Javier Negre. Según la información de EFE sobre el escrito de acusación, también solicita para Quiles una multa de 10.800 euros, seis años de inhabilitación para una profesión u oficio educativo y que ambos indemnicen conjuntamente a la afectada con 8.000 euros.
Quiles afronta asimismo una investigación por las acusaciones contra un empleado público que le reclama 50.000 euros por daño moral, y otra por la difusión de la calle y fotografías del domicilio de Beatriz Corredor. En el procedimiento promovido por Sarah Santaolalla, la Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto una medida cautelar que le impide acercarse a menos de 500 metros de su vivienda y contactar con ella fuera del ámbito profesional mientras se practican las declaraciones pendientes.
A esos casos se añaden la investigación por presunta estafa a Renfe, que documentó al menos 17 viajes con posibles irregularidades en los billetes, y la denuncia de la Fiscalía de Sevilla por las donaciones recaudadas para menores afectados por la DANA y becas para jóvenes. Esta última procede de una denuncia de FACUA y busca esclarecer el destino de fondos que se ingresaban en la misma cuenta personal utilizada para financiar la actividad del agitador ultra.
El reproche de Sánchez sobre las notificaciones tiene un antecedente documentado por este periódico. En agosto, 'ElConstitucional.es' publicó un escrito judicial sobre un intento de entrega en las oficinas de EDATV. El funcionario dejó constancia de que los trabajadores telefonearon a Quiles y de que este "da la indicación de no recogerle nada".
Esta semana también ha avanzado un procedimiento distinto, dirigido contra un seguidor del agitador ultra por 46 mensajes amenazantes a Sánchez. Como informó este medio el jueves, una jueza de Sevilla ha acordado continuar la causa por un presunto delito continuado de amenazas y dar paso a la presentación de la acusación. El investigado reprochaba al secretario general de FACUA sus acciones judiciales contra Quiles; es el seguidor quien responde por esos mensajes.
