El Tratado de Amistad y Cooperación firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron ha recibido este miércoles su respaldo jurídico más importante desde que comenzó su accidentada tramitación en España. El magistrado del Tribunal Constitucional Ricardo Enríquez ha presentado una ponencia favorable a la constitucionalidad del acuerdo y propone rechazar las dudas planteadas por el Senado.
El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará el asunto la próxima semana y fuentes jurídicas consideran probable que la propuesta consiga el apoyo de la mayoría. El documento todavía debe someterse a la deliberación de todos los magistrados, pero ofrece al Gobierno una primera respuesta favorable después de los sucesivos obstáculos parlamentarios que han retrasado la ratificación.
El calendario añade relevancia política al debate. El Constitucional abordará el tratado pocos días antes de la visita de Estado de Macron a España, prevista para el 29 y el 30 de septiembre. El presidente francés será recibido por los Reyes y mantendrá un encuentro con Sánchez en La Moncloa, donde la relación bilateral ocupará una parte central de la agenda.
La cláusula cuestionada por PP y la ultraderecha Vox
El conflicto se concentra en el artículo 2.4 del acuerdo, que establece que "un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación". El PP y Vox consideran que esa fórmula puede vulnerar la Constitución al permitir la presencia de un ministro extranjero en el máximo órgano colegiado del Gobierno español.
Para despejar esas dudas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, intercambiaron en abril unas cartas interpretativas. Ambos gobiernos acordaron que los encuentros se celebrarían "en los márgenes" del Consejo de Ministros, mediante una reunión separada y sin que el representante extranjero participara en la deliberación o votación del Ejecutivo.
La ponencia de Enríquez, magistrado encuadrado en el sector conservador del tribunal, considera suficiente esa interpretación. Su propuesta sostiene que el artículo 98 de la Constitución regula quién forma parte del Gobierno, pero permite que la legislación determine la asistencia de otras personas a las reuniones para informar sobre asuntos concretos. El ministro invitado mantendría una presencia institucional, sin voz, voto ni capacidad para intervenir en las decisiones.
El Senado llevó por primera vez el tratado al Constitucional en 2025. El tribunal terminó archivando aquel procedimiento después de que el Congreso rechazara la autorización y la consulta perdiera su objeto.
El Gobierno volvió a remitir el acuerdo a las Cortes y consiguió aprobarlo en el Congreso el pasado mes de junio. Tras ello, la mayoría de PP y Vox en el Senado promovió una segunda consulta al Constitucional y dejó suspendida de nuevo la ratificación.
La declaración que emita ahora el tribunal tendrá carácter vinculante. Si el Pleno respalda la ponencia, la tramitación parlamentaria podrá reanudarse con el principal obstáculo jurídico despejado. Francia completó su ratificación en marzo de 2025 y permanece a la espera de que España concluya el procedimiento.
Una alianza estratégica con Francia
Sánchez y Macron firmaron el denominado Tratado de Barcelona en enero de 2023. El acuerdo eleva la cooperación entre los dos países en política exterior, defensa, seguridad, justicia, interior, educación, cultura, industria, agricultura, energía, transporte e interconexiones, además de reforzar la coordinación de los territorios situados a ambos lados de los Pirineos.
Su aprobación situaría la relación hispano-francesa en un nivel semejante al de los tratados mantenidos por Francia con Alemania e Italia. También permitiría coordinar con mayor regularidad las posiciones de Madrid y París dentro de la Unión Europea, especialmente ante debates sobre autonomía estratégica, defensa, energía, migración y política industrial.
La proximidad de la decisión constitucional ofrece a Sánchez y Macron la posibilidad de llegar a su próximo encuentro con el acuerdo más cerca de desbloquearse. La agenda oficial difundida por La Moncloa fija su reunión para las 12.00 horas del 30 de septiembre y sitúa la visita dentro del trabajo de ambos gobiernos para seguir reforzando su cooperación.
El Pleno del Constitucional deliberará la próxima semana sobre la propuesta de Enríquez. Un pronunciamiento favorable permitirá reactivar la ratificación española con el visto bueno francés ya depositado desde hace año y medio.
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