El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha ratificado que solicitó ayuda al Gobierno central días antes de la entrada masiva en la ciudad autónoma de migrantes procedentes de Marruecos, a finales de julio, aunque ha sostenido que el Ejecutivo no adoptó las “medidas preventivas” que, a su juicio, eran necesarias para contener lo que ha calificado como una “invasión”.
Vivas ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional, tras comparecer como testigo ante la jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos ocurrida a finales del pasado mes de julio.
El presidente ceutí no ha querido detallar lo que ha trasladado a la magistrada, aunque sí ha explicado que ha respondido a todas las preguntas y ha pedido confianza en el trabajo de la justicia.
“Lo que supiera el Gobierno de la nación no es lo mismo que sabía la ciudad. El Gobierno de la ciudad sí sabía que había un incremento notabilísimo del número de llegadas a Ceuta (en los días previos). Por tanto, esto era una llamada de alerta que invitaba a tomar medidas preventivas. En base a la información que teníamos, lo solicitamos. Estas medidas preventivas no se tomaron y nosotros no sabíamos que se iba a producir la invasión”, ha remarcado.
Primera declaración desde que se abrieron las diligencias
La comparecencia de Juan Jesús Vivas es la primera declaración desde que María Tardón abrió diligencias previas a principios del pasado mes de agosto, y se ha producido justo dos meses después del día de los hechos.
La cita llega, además, dos días después de la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, quien en una rueda de prensa afirmó que avisó al Gobierno central “semanas antes” de la movilización que se estaba produciendo al otro lado de la frontera.
Las tesis de la jueza y el informe policial
Al asumir la causa, la jueza María Tardón apuntó a una situación de “permisividad” y a “una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos”, una circunstancia que, según señaló, se evidencia a través del comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos.
La magistrada admitió la personación de Ceuta como acusación particular en el proceso, al considerar que la ciudad autónoma fue “víctima directa e inmediata” de los “graves hechos” ocurridos en la frontera del Tarajal, que provocaron la muerte de al menos 83 personas en su intento de llegar a territorio español.
En un informe encargado por María Tardón, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional atribuyó a las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes el “guiado activo de la masa hacia los lugares de paso” durante la entrada masiva de personas, y apuntó a que existió “planificación”, tanto “previa” como “táctica”.
El CENIF también advirtió de que lo sucedido no fue “incidental”, “ocasional” ni “espontáneo”, y señaló la existencia de “una autoría intelectual anterior y otra material” relacionada con “funciones de seguimiento y control”.
En ese sentido, la Policía subrayó que hubo uniformados marroquíes que habrían dado “indicaciones a las personas que cruzaron irregularmente la frontera para superar obstáculos” y habrían “organizado el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes”.
El informe también destacó la presencia de “agentes dinamizadores” no uniformados, de “complexión fuerte o atlética” y con un comportamiento que, según el documento, “no encaja con la dinámica de comportamiento de la masa que realiza la entrada y salida de territorio español”.
