La seguridad de decenas de responsables políticos autonómicos ha quedado gravemente comprometida tras la filtración masiva de datos personales de altos cargos de al menos 15 comunidades autónomas, entre ellos los presidentes Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalucía) y María Guardiola (Extremadura), según ha avanzado Eldiario.es.
La información, publicada en foros y repositorios digitales vinculados a la ciberdelincuencia, incluye datos altamente sensibles como números de teléfono móvil, direcciones particulares, correos electrónicos personales, documentos de identidad y, en algunos casos, información bancaria y de suministros.
Un ataque coordinado y de amplio alcance
Fuentes especializadas en ciberseguridad apuntan a que no se trata de una única brecha puntual, sino de una recopilación de datos procedentes de diferentes bases de datos previamente vulneradas, reunidas y difundidas de forma conjunta en lo que se conoce como un ataque de doxxing.
El autor o autores de la filtración actúan bajo un alias y han acompañado la publicación con mensajes de carácter ideológico, asegurando que habrá nuevas entregas con más información en los próximos días, lo que ha elevado la alerta entre los cuerpos de seguridad del Estado.
¿Qué datos se han difundido?
El material filtrado varía según el afectado, pero en muchos casos contiene:
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Teléfonos móviles personales
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Direcciones de domicilio
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Correos electrónicos privados
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DNI u otros documentos identificativos
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Datos bancarios parciales
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Información sobre vehículos o suministros del hogar
Expertos advierten de que este tipo de información puede ser utilizada para acoso, amenazas, estafas, suplantación de identidad o campañas coordinadas de hostigamiento, tanto contra los cargos públicos como contra sus familiares.
Investigación policial en marcha
La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar a los responsables y determinar el origen exacto de la filtración. No se descarta que el caso pueda acabar en la Audiencia Nacional, como ya ocurrió con anteriores episodios similares que afectaron a miembros del Gobierno central y que fueron analizados como posibles delitos graves contra la seguridad institucional.
Algunas fuentes policiales señalan que el caso podría tener conexiones con otras filtraciones recientes vinculadas a protestas políticas y a la difusión de datos de responsables del ámbito del transporte tras el accidente ferroviario de Adamuz.
Preocupación institucional y silencio oficial
Por el momento, ninguna de las comunidades afectadas ha emitido comunicados detallados, aunque fuentes cercanas a varios gobiernos autonómicos reconocen una creciente preocupación por la seguridad personal de los cargos y la necesidad de reforzar los protocolos digitales.
Desde el ámbito jurídico se recuerda que la difusión de este tipo de información puede constituir delitos contra la protección de datos, la intimidad personal y la seguridad, con penas que pueden incluir prisión.
