El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Koldo Casla, ha cuestionado con dureza este jueves el desahucio de Maricarmen y ha señalado directamente la decisión judicial que permitió ejecutarlo. "La jueza debería haberlo suspendido para evitar un daño irreparable", ha afirmado apenas 24 horas después de que la mujer de 87 años fuera expulsada de la casa donde vivía desde 1956.
El reproche cobra especial relevancia porque el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ya había solicitado cautelarmente la paralización del lanzamiento. La medida pretendía conceder tiempo a las administraciones españolas para encontrar una alternativa habitacional adecuada antes de que Maricarmen perdiera su hogar.
La suspensión nunca llegó y el desahucio se ejecutó este miércoles con un amplio dispositivo policial. Maricarmen salió del edificio en camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón con un cuadro de agotamiento, después de una mañana marcada por las protestas de cientos de vecinos y activistas.
Casla ha defendido que atender la petición del Comité habría permitido a España cumplir "de buena fe" con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El relator también ha advertido de que el caso muestra una carencia en la legislación española, que actualmente no garantiza un análisis individualizado de la proporcionalidad de cada desahucio.
"No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa", ha denunciado.
🏘️🇪🇸 Cuatro observaciones 24 horas después del desahucio de #Maricarmen. 1. Este caso pone de manifiesto que la legislación española actualmente no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado...
— Koldo Casla (@koldocasla.bsky.social) 2026-09-24T07:45:48.973Z
Una alternativa antes del desahucio
El relator ha reclamado que cualquier lanzamiento capaz de dejar a una persona en la calle quede paralizado hasta que el ayuntamiento o la comunidad autónoma correspondiente ofrezcan una solución "viable y justa". "No debe producirse un desahucio sin alternativa habitacional", ha insistido.
Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales por una vivienda de renta antigua y tiene reconocida una discapacidad del 50%. La propiedad, la sociedad Urbagestión, llegó a plantearle un alquiler de 1.650 euros, una cantidad superior a sus ingresos, y rechazó las distintas salidas propuestas para evitar el desalojo.
El Ministerio de Vivienda se ofreció a comprar el inmueble o a compensar parte de la renta. Una escritora también se comprometió a asumir la diferencia del alquiler y la propiedad recibió una petición para aplazar el lanzamiento durante un mes por motivos humanitarios. Ninguna de esas opciones fue aceptada.
Casla ha reclamado además que los grandes tenedores no puedan cambiar unilateralmente las condiciones del alquiler como paso previo para expulsar a sus inquilinos. Su mensaje sobre el equilibrio entre el negocio inmobiliario y el derecho a la vivienda ha sido tajante. "Si la inversión no es rentable con inquilina dentro, que haga negocio en otra parte", ha escrito.
El relator considera que lo ocurrido obliga a revisar la normativa procesal española para que los jueces puedan valorar las circunstancias personales, económicas y sociales antes de autorizar un lanzamiento. "La legislación procesal requiere una enmienda", ha concluido.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también ha reclamado este jueves medidas urgentes para impedir los desahucios de personas vulnerables. La institución ha descrito el caso de Maricarmen como "una referencia simbólica de lo que nunca ha de suceder" y ha exigido soluciones inmediatas a las administraciones competentes.
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