La secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, ha defendido este lunes la instrucción que desarrolló la conocida como ‘ley de nietos’ y que ahora cuestionan las derechas y el Tribunal Supremo. Durante una entrevista en ‘Malas Lenguas’, junto a Gonzalo Miró y Esther Palomera, Puente ha puesto el foco en el cambio de postura del Partido Popular sobre una normativa que, según ha recordado, se viene aplicando "pacíficamente" desde 2008, también durante gobiernos del PP.
Las declaraciones se producen después de que el Tribunal Supremo haya acordado suspender cautelarmente las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes han adquirido la nacionalidad española al amparo de la denominada ‘ley de nietos’. El alto tribunal considera que el fuerte crecimiento registrado en este censo puede comprometer las garantías del proceso electoral y sostiene que existe un "peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".
La decisión fue adoptada a petición de Iustitia Europa y Vox y tiene carácter provisional mientras se resuelve el fondo del asunto. La medida afecta a ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la normativa dirigida a hijos y nietos de españoles que tuvieron que exiliarse durante el franquismo.
Puente recuerda que la instrucción ya se aplicaba con gobiernos del PP
Frente a las críticas actuales, Puente ha defendido la legalidad y continuidad de la instrucción de la que es autora. La responsable de Justicia ha explicado que la normativa vigente es "calcada" a la que se aprobó en 2008 para completar la Ley de Memoria Histórica, por lo que ha puesto el acento en el cambio de posición que, a su juicio, se ha producido en el debate político.
Puente ha señalado que la actual controversia también le permite analizar los argumentos utilizados por el Supremo para justificar la suspensión cautelar. Según ha explicado, la síntesis del razonamiento del alto tribunal parte de que se ha producido un aumento del censo electoral que podría generar "un peligro real para la formación correcta de los resultados electorales".Sin embargo, la secretaria general de Justicia rechaza que el mero crecimiento del censo pueda considerarse un riesgo electoral. "Que el censo electoral aumente en sí mismo es neutro, el censo electoral no tiene un color político, no sabemos qué es lo que va a votar la gente cuando se incorpora al censo electoral", ha defendido.
Puente ha recordado que otras normas que han ampliado derechos también han supuesto un incremento del número de electores. Ha citado tanto la Ley de Memoria Histórica como la Ley de Sefardíes, que, según ha explicado, incorporó al censo a unas 80.000 personas, además de la Ley de Memoria Democrática."El censo electoral está siempre en movimiento", ha remarcado.
🤔 De defender la nacionalización en 2022, a oponerse a la 'ley de nietos': el PP cambia su postura.
— Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 14, 2026
💬 Sofía Puente (@aifosan) analiza la ley al detalle en #MalasLenguas: "hay un prejuicio del Tribunal Supremo contra los nacionalizados" pic.twitter.com/KnjpCuaEfT
Puente ha ido un paso más allá al cuestionar la premisa que, a su juicio, existe detrás del argumento del "peligro real" recogido por el Supremo. "En ese peligro real que ve el Tribunal Supremo, yo lo que creo es que, hay un prejuicio en esa formulación, en esos términos de expresión, porque cree que esos casi 400.000 votantes, que en realidad son 375.000, cree que van a votar todo en su integridad al Partido Socialista. Esto es un planteamiento simplista. Parte de la premisa de que como la ley la ha aprobado el gobierno socialista, uno tiene el voto cautivo de todos estos ciudadanos", ha señalado.
En este sentido, Puente ha cuestionado que el incremento del censo pueda asociarse a una determinada opción política y ha defendido que la incorporación de nuevos ciudadanos al censo no permite anticipar cuál será su comportamiento electoral.
Puente acusa a la derecha de "deslegitimar" el sistema electoral
La secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia también ha atribuido el cambio de postura de la derecha a una corriente política que, en su opinión, cuestiona los procesos electorales cuando los resultados no son favorables. Puente ha situado este fenómeno "cuatro años después de la aprobación de la nueva instrucción y 18 desde que se dio luz verde a la primera" y ha señalado que "tanto medios de comunicación como partidos políticos están "en una corriente trumpista" que "deslegitima los resultados electorales y el sistema electoral".
En este sentido, ha planteado un escenario hipotético de cara a las próximas elecciones autonómicas: "Si para el año que vienen las elecciones del 27 gana el Partido Popular y puede formar gobierno con Vox, aquí no habrá pasado nada. Pero como gane o como pueda gobernar el Partido Socialista, de nuevo se agitará la campana de que aquí ha habido un fraude electoral", ha lamentado.
🔸 "Siempre se habla de la independencia judicial y es muy importante que nuestros jueces resuelvan sin presiones internas y externas pero jamás hablamos de la imparcialidad, de lo importante que es que el ciudadano perciba que se resuelve con objetividad y muchas veces, esa… pic.twitter.com/Ctf69zBkIr
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