La crisis de la vivienda ya ocupaba un lugar central en la preocupación de los españoles antes de que el desahucio de Maricarmen llenara la Puerta del Sol. El 86,6% de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cree que el acceso a una vivienda digna no está garantizado para todos, según el estudio sobre el Estado del bienestar publicado este miércoles.
La cifra reúne dos respuestas distintas. Un 68,4% considera que ese derecho solo está garantizado para algunas personas y otro 18,2% piensa que nadie lo tiene asegurado. Apenas el 11,9% cree que todos pueden acceder a una vivienda digna y adecuada. El estudio se elaboró con más de 6.000 entrevistas entre el 10 y el 17 de septiembre, antes del desahucio de la mujer de 87 años que desencadenó las protestas y acampadas por todo el país.
La comparación con la encuesta anterior muestra que la percepción de desigualdad ha empeorado. En 2024, el 82,3% consideraba que el acceso a la vivienda no estaba garantizado para todos. Ahora son 4,3 puntos más. Entonces, el 15,7% creía que el derecho estaba al alcance de cualquiera; hoy lo afirma el 11,9%.
Comprar la primera casa parece cada vez más difícil
El pesimismo se acentúa cuando el CIS pregunta por el futuro. El 65,9% cree que acceder a una primera vivienda empeorará, el 17,2% piensa que seguirá igual y solo el 14,3% espera una mejora. En conjunto, el 83,1% no confía en que comprar su primera casa resulte más fácil en los próximos años. En 2024, quienes preveían un empeoramiento eran el 58,5%.
La respuesta tiene un respaldo en los precios. El Instituto Nacional de Estadística (INE) registró en el segundo trimestre de 2026 un encarecimiento interanual del 12,2% en la vivienda libre. En las casas de segunda mano, que concentran buena parte de las compraventas, la subida alcanzó el 12,9%. Son datos de operaciones realizadas, distintos de las opiniones recogidas por el CIS, pero ayudan a entender por qué se aleja la perspectiva de comprar.
El Banco de España aporta otra medida de esa distancia. Según su último informe anual, el precio medio de una vivienda equivalía en 2024 a 6,8 años de renta neta de los hogares que todavía no eran propietarios. La cifra ascendía a 9,7 años en la ciudad de Madrid y a 10 en Málaga. Para muchos hogares, el problema empieza mucho antes de pedir una hipoteca, con el ahorro necesario para la entrada y los gastos de compra.
El malestar atraviesa además electorados muy diferentes. Los cruces difundidos del estudio muestran mayorías amplias entre votantes del PSOE, Vox, Sumar, Junts y el PNV que consideran que el derecho a la vivienda no se cumple por igual. Esa extensión política explica por qué la discusión ya rebasa las habituales diferencias entre partidos sobre alquiler, propiedad o construcción de nuevas casas.
De la encuesta a la votación del viernes
El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encarga a los poderes públicos promover las condiciones para hacerlo efectivo. La encuesta pregunta por la percepción de ese acceso, de modo que sus porcentajes no miden cuántas personas carecen de casa ni permiten evaluar todavía las medidas aprobadas esta semana. Las respuestas se recogieron antes del Consejo de Ministros del martes.
El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado el primero de sus dos decretos de vivienda. Entrará en vigor el jueves y recoge, entre otras medidas, la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años para ciertos contratos que estén próximos a finalizar. El segundo texto aborda la renovación automática de los alquileres y afronta una votación más incierta. Ambos necesitarán la convalidación del Congreso.
La acampada de Sol ha mantenido la protesta después de la aprobación de los decretos y reclama soluciones que den estabilidad a los inquilinos y frenen las subidas de precios. El CIS había recogido ese descontento días antes de que se instalaran las primeras tiendas. El viernes, los diputados votarán por separado las dos respuestas del Gobierno ante un problema que el 86,6% de los encuestados ya veía lejos de estar resuelto.
