“Ni mayores ni menores. Han de regresar todos”. Es la posición que en las últimas horas fijó Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, y que, según confirman desde la formación, defenderán la próxima semana en el Congreso durante las comparecencias de siete ministros sobre la situación que se vive en Ceuta. El PP considera estas comparecencias “especialmente relevantes” para trasladar su posición y reclamar la devolución de todas las personas migrantes que permanecen en la ciudad autónoma, incluidos los menores.
Las declaraciones de Feijóo se produjeron durante su segunda visita a Ceuta, donde miles de migrantes —entre ellos, alrededor de 2.000 menores— permanecen en la ciudad después de la entrada masiva registrada a finales de julio.
Feijóo, que endureció su discurso en Ceuta y fijó así la hoja de ruta del PP para el último curso político antes de las elecciones, disputó cada vez de forma más abierta con VOX el discurso sobre inmigración. El líder popular hizo una interpretación propia de la Ley de Extranjería y añadió que “nosotros tenemos que cuidar de nuestros menores. Marruecos tiene que cuidar de sus hijos”.
Pero ¿qué hay de cierto en esto? ¿Pueden los niños y niñas menores de edad ser devueltos a Marruecos por parte de las autoridades españolas? ¿Qué dice la ley?
Desde el punto de vista legal, y según las declaraciones públicas de Vicente Cabedo en la 'Cadena SER', profesor titular de Derecho Constitucional y director de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València, la Ley de Extranjería ofrece garantías específicas a estas personas. Existen vías para el regreso al país de origen, pero no de cualquier forma.
La primera es la reagrupación familiar. Una vez identificado el niño, niña o adolescente menor de edad —y realizadas las pruebas pertinentes para determinar su edad cuando sea necesario—, España debe asegurar el contacto con su familia en origen para garantizar un regreso seguro. Un proceso que no es rápido ni sencillo y que puede demorarse semanas o meses, según explican los profesionales que atienden estas situaciones sobre el terreno.
Además, el profesor de Derecho Constitucional señala que otra de las vías para el regreso pasa por “la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección”, matizando que el país de origen, Marruecos en este caso, debe garantizar las condiciones para que ese retorno se produzca. Sin la participación y las garantías del país vecino, no se podría proceder.
Así, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor ofrece a estas personas que ya se encuentran en territorio nacional una serie de garantías, con independencia de cómo se haya producido su llegada. Mientras Feijóo sostiene que “la Ley de Protección del Menor no está pensada para eso (en alusión a la entrada masiva en Ceuta). No prevé supuestos de invasión u ocupación de ciudadanos de otro país”, la norma no establece una excepción específica para una situación como la planteada en Ceuta. La ley está en vigor y el debate político planteado por el líder popular pasa por modificarla o aplicar una interpretación distinta de sus garantías.
Un antecedente: 55 menores devueltos en 2021 acabaron en una condena
Existen antecedentes judiciales que contradicen la posibilidad de realizar devoluciones de menores sin respetar los procedimientos establecidos. En 2025, la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, condenó por prevaricación a la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu, por la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021. Ambas fueron condenadas a nueve años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.
La sentencia consideró que se había actuado al margen del procedimiento legal previsto y que se habían vulnerado la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. El tribunal concluyó que las repatriaciones no respetaron las garantías exigidas para los menores.
Durante el juicio también se planteó la existencia de instrucciones procedentes del Ministerio del Interior. Sin embargo, esa cuestión no quedó acreditada judicialmente en los términos necesarios para atribuir responsabilidad penal a los responsables políticos señalados.
No es el único antecedente.
En 2017, una sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la expulsión colectiva de dos migrantes que habían sido interceptados en la valla de Melilla en 2014. Años después, en 2020, la Gran Sala del TEDH revocó aquel fallo y concluyó que no se había producido una expulsión colectiva ilegal, al considerar las circunstancias concretas del caso y que los migrantes habían optado por entrar de forma irregular, dificultando el uso de los canales legales ordinarios.
Más recientemente, en julio de 2026, el Tribunal Supremo ha establecido que el rechazo en frontera o “devolución en caliente” no puede aplicarse de manera general a los migrantes interceptados en el mar cuando pretenden llegar a nado a Ceuta o Melilla. El Supremo señala que en estos casos debe aplicarse el procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería.
ANÁLISIS | El PP encuentra en la inmigración un terreno para disputar el relato a VOX
Las leyes, los reglamentos y las condenas dictadas por distintos tribunales son hechos constatados que permiten construir la información.
A partir de ahí comienza el análisis político: ¿por qué Feijóo insiste en defender una fórmula de devolución que choca con las garantías establecidas en la legislación vigente?
Fundamentalmente, son dos las claves que pueden explicar esta deriva de los populares.
De una parte, la inmigración se ha convertido en uno de los grandes asuntos con los que el líder del PP pretende fijar la hoja de ruta del último curso político antes de las elecciones. Y las comparecencias de siete ministros la próxima semana adquieren, en este contexto, una importancia especial para Génova. El PP pretende utilizar la Cámara baja para defender públicamente su posición: la devolución de todas las personas migrantes, también de los menores, y confrontar directamente con la estrategia del Gobierno.
Es también una batalla electoral.
Los populares disputarán con VOX un espacio político en el que la inmigración ha ganado peso durante los últimos meses. Los de Santiago Abascal amenazan con obtener un resultado que pueda dificultar el objetivo de Feijóo de gobernar en solitario. En ese escenario se entiende el endurecimiento del discurso del PP y su decisión de llevar al Congreso una posición que tensiona los límites de la legislación vigente.
Pero la disputa con la ultraderecha no es la única razón.
En las últimas semanas, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, se ha extendido una corriente social que comparte la idea de que la exclusión es la solución. Desde Génova han entendido que sumarse a esa corriente popular permite no solo acercarse al sentimiento existente en parte de la sociedad ceutí y a los mensajes populistas que han recorrido las redes sociales, sino también confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez.
El mensaje que el PP pretende fijar es sencillo y políticamente eficaz: con el Partido Popular no habrá más “invasiones” y quienes entren en España deberán ser devueltos a su país de origen.
La cuestión es que, cuando ese mensaje llegue al Congreso la próxima semana, no se debatirá únicamente sobre una posición política. Se debatirá también sobre hasta dónde puede llegar un Gobierno cuando las personas a las que pretende devolver son menores de edad y sobre qué parte de las garantías legales está dispuesto el PP a modificar para cumplir su hoja de ruta.
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