La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la conocida como ley de nietos, y, además, que permita personarse en el procedimiento a las personas afectadas para que puedan defender sus intereses, después de que el alto tribunal diera a las partes un plazo de 48 horas para presentar alegaciones.
Esta suspensión cautelar implica, según el planteamiento del proceso, suspender el derecho al voto de todos los nacionalizados que accedieron a ella a través de una instrucción gubernamental que desarrolla la ley de nietos, y el plazo concluyó este jueves, mientras el Supremo prevé resolver sobre las medidas cautelares este mismo fin de semana, ya que el censo electoral se cierra este lunes día 12, informan a EFE fuentes jurídicas.
La revisión de 170.000 expedientes, en el centro del conflicto
En su escrito, el Ministerio Público pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que no lleve a cabo la revisión de los cerca de 170.000 expedientes afectados por la ley de nietos, al menos durante este proceso electoral.
Según las fuentes fiscales, la nueva situación derivada del adelanto electoral ha podido modificar el escenario de ponderación de intereses en conflicto que debe valorarse para acordar o no las medidas cautelares, y por eso la Fiscalía ha instado al tribunal a replantear el alcance de la suspensión.
El escrito también pone de relieve las serias dificultades, y posibles incompatibilidades, entre el adelanto electoral y lo acordado en el auto de medidas cautelares, primero por razones de seguridad jurídica y legalidad, ya que el censo utilizado para estos comicios está cerrado a 1 de agosto, con escasas posibilidades de modificación, y también porque la ejecución del auto podría provocar una suspensión continua y progresiva de altas en el censo desde ahora y hasta después de las elecciones.
La posición de la Abogacía del Estado
A esta postura se suma la de la Abogacía del Estado, que ha advertido de que el adelanto electoral ha acrecentado todavía más la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afecta la medida cautelar adoptada por el Supremo.
Los servicios jurídicos del Estado subrayan que, si ya en un primer momento se advirtió de la imposibilidad de revisar esos expedientes cuando se fijó el 1 de enero de 2027 como "lapso temporal" para poder certificarlos, esa imposibilidad material se intensifica ahora, al tener que acortarse el plazo al próximo lunes, por exigencia de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General).
Este viernes, además, Iustitia Europa, uno de los demandantes, ha pedido al Supremo suspender las elecciones generales "durante el periodo constitucionalmente disponible y estrictamente indispensable" para ejecutar la medida cautelar impuesta por la Sala, después del escrito de la Abogacía del Estado, que considera imposible completar esa revisión de expedientes a tiempo.
