El Gobierno lleva este martes al Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda después de una negociación contrarreloj que todavía no ha permitido cerrar todos los apoyos. El Ejecutivo cumple así el compromiso asumido por el presidente, Pedro Sánchez, tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada la semana pasada de la casa madrileña donde vivía desde 1956.
La última versión conocida plantea suspender hasta finales de 2028 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, prorrogar los contratos de alquiler que estén próximos a vencer, limitar los arrendamientos temporales y ampliar las ayudas fiscales para inquilinos y pequeños propietarios.
El documento todavía puede incorporar cambios durante las horas previas a la reunión. Las conversaciones se han prolongado hasta la víspera con diferencias dentro del propio Gobierno y entre los partidos que después tendrán que sostener la norma en el Congreso. Sumar valora los avances, pero considera insuficiente la propuesta en dos asuntos que juzga fundamentales, la regulación del alquiler por habitaciones y la renovación automática de los contratos.
El Consejo de Ministros puede aprobar el real decreto ley aunque el Ejecutivo carezca de una mayoría parlamentaria cerrada. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en vigor y comenzará una cuenta atrás de 30 días para su convalidación en el Congreso. Los diputados deberán votar el texto completo y decidir si continúa vigente o decae.
El precedente más cercano obliga a Moncloa a extremar la negociación. El anterior decreto, que permitía extender dos años determinados alquileres y limitaba al 2% la actualización de las rentas, fue rechazado en abril por 177 votos frente a 166 y cinco abstenciones. Junts resultó decisivo para tumbar una norma que consideraba perjudicial para los pequeños propietarios.
Un escudo antidesahucios hasta 2028
El borrador suspende hasta el 31 de diciembre de 2028 los procedimientos de desahucio que afecten a hogares en situación de vulnerabilidad económica y sin una vivienda alternativa. Antes de ejecutar el lanzamiento, el tribunal tendrá que solicitar a las administraciones autonómica y municipal que detallen los recursos disponibles y ofrezcan una solución adecuada.
Cuando ninguna administración garantice esa alternativa, el procedimiento quedará paralizado. La suspensión será revisada cada doce meses y podrá mantenerse durante un máximo de tres años. El texto pretende evitar casos como el de Maricarmen, cuyo desahucio siguió adelante pese a su edad, su discapacidad reconocida y la petición cautelar enviada por Naciones Unidas.
La protección incorpora compensaciones para los pequeños propietarios. La Administración deberá asumir las mensualidades impagadas, los suministros y otros perjuicios derivados de la suspensión cuando el casero sea un particular. Una de las versiones difundidas durante las últimas horas introduce además una excepción para quienes tengan dos viviendas o menos, cuyo alcance continúa formando parte de la negociación.
El decreto recupera también la prórroga extraordinaria de los contratos. Los inquilinos cuyos alquileres finalicen antes del cierre de 2028 podrán solicitar hasta dos años adicionales, divididos en periodos anuales, siempre que estén al corriente de pago. Durante ese tiempo se mantendrán el precio y las principales condiciones del acuerdo vigente.
El propietario podrá recuperar la vivienda si acredita que la necesita como residencia habitual propia o de determinados familiares. La extensión tampoco se aplicará cuando ambas partes alcancen otro acuerdo o firmen un nuevo contrato con una reducción de la renta de al menos el 5%.
Algunos documentos distribuidos entre los grupos han llegado a plantear tres anualidades. La diferencia entre esas versiones refleja hasta qué punto la letra continúa abierta. El borrador más desarrollado mantiene la prórroga máxima de dos años, la misma duración que recogía el decreto rechazado en abril, aunque amplía el número de contratos que podrían acogerse.
El texto protege además las solicitudes de prórroga presentadas mientras estuvo en vigor aquella norma. El objetivo es evitar que los inquilinos que realizaron el trámite durante esas semanas pierdan el derecho por la posterior derogación del decreto en el Congreso.
Más límites al alquiler temporal y nuevas ayudas
El Ministerio de Vivienda quiere cerrar una de las principales vías utilizadas para esquivar la regulación de los alquileres habituales. Los contratos temporales deberán responder a una causa real y acreditable, como un desplazamiento laboral, unos estudios o un tratamiento médico. El motivo tendrá que aparecer por escrito y podrá ser comprobado.
La duración se situará entre 31 días y doce meses. Si el propietario carece de una justificación válida, supera ese plazo o encadena más de dos contratos, el alquiler pasará a considerarse de vivienda habitual desde la fecha de su firma. Esta conversión permitirá al inquilino acogerse a las garantías previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Las actualizaciones de las rentas temporales quedarán sometidas al índice oficial utilizado para los contratos habituales. El casero tampoco podrá cargar al arrendatario los gastos de comunidad, los tributos, la gestión inmobiliaria o la formalización del contrato. La garantía adicional quedará limitada a una mensualidad y estará prohibido obligar a contratar un seguro de impago.
Los pisos turísticos tendrán un tratamiento distinto. El borrador define esta actividad como la cesión de una vivienda amueblada durante un máximo de 30 noches y anunciada en canales turísticos. Las plataformas que incumplan las obligaciones de registro podrán recibir sanciones de entre 100.000 euros y un millón.
En las zonas declaradas tensionadas, los nuevos alquileres no podrán superar el precio del contrato anterior o el máximo fijado por el sistema estatal de referencia. Las comunidades autónomas tendrán además la posibilidad de rebajar de diez a cinco viviendas el umbral que determina cuándo un propietario pasa a ser considerado gran tenedor.
El paquete fiscal incluye deducciones para las dos partes del contrato. Los propietarios podrán aplicar reducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que llegarán hasta el 100% en determinados supuestos y que dependerán de la rebaja aplicada a la renta, la ubicación del inmueble y la edad del inquilino.
Los arrendatarios de zonas tensionadas con una base imponible inferior a 33.007,20 euros podrán desgravar el 10% del alquiler de su vivienda habitual. El Ejecutivo también plantea recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas vacías y pisos turísticos, además de un gravamen sobre determinados beneficios que las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria decidan no distribuir.
La línea 'TU CASA' ofrecerá, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses ni comisiones para quienes tengan capacidad de pagar una hipoteca, pero carezcan de los ahorros necesarios para la entrada. El borrador amplía además hasta 2.000 millones los avales para construir vivienda asequible y rehabilitar el parque existente.
Los inmuebles del Estado y de la Seguridad Social que puedan destinarse a vivienda serán transferidos a Casa 47. También se establece una exención de hasta el 100% de la ganancia patrimonial para quienes vendan una vivienda a una entidad pública con el compromiso de incorporarla al parque social y asequible.
El acuerdo sigue pendiente del alquiler por habitaciones
El principal escollo dentro del Gobierno está en las medidas que han quedado fuera. La última versión no regula el alquiler por habitaciones ni convierte en automática la renovación de los contratos. Sumar considera que ambas herramientas son necesarias para garantizar estabilidad y cerrar otra de las vías utilizadas para encarecer la vivienda.
Fuentes de la formación han reconocido avances en la protección frente a los desahucios, las prórrogas y la congelación de las rentas, aunque mantienen que el acuerdo "todavía no está cerca". La negociación ha mejorado después de la presión ejercida por los ministros del socio minoritario y por los partidos de izquierda concentrados este lunes frente al Hospital Gregorio Marañón, donde continúa ingresada Maricarmen.
Podemos ha celebrado que el Gobierno haya retirado la reforma de la Ley del Suelo incluida en anteriores versiones. La formación reclamaba su eliminación al considerar que reducía los controles urbanísticos. Sus cuatro diputados todavía no garantizan el voto favorable y exigen que el decreto permita expropiar viviendas a los fondos de inversión para incorporarlas al alquiler social.
Junts ha conseguido que el borrador compense a los pequeños propietarios afectados por la suspensión de un desahucio e incorpore nuevas ventajas fiscales. La formación catalana reclama un "mínimo común denominador" que proteja a las familias vulnerables sin trasladar el coste a los particulares, aunque tampoco ha comprometido todavía sus siete votos.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) pide que las prórrogas se limiten a los inquilinos que estén al corriente de pago y reclama respeto por las competencias autonómicas. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha centrado sus exigencias en los alquileres temporales y por habitaciones, la suspensión de los desahucios, los recargos sobre la vivienda vacía y el fin de las ventajas fiscales de las sociedades inmobiliarias.
Fuera del Congreso, el Sindicato de Inquilinas mantiene la presión sobre el Ejecutivo. Su portavoz, Rufina Parra, ha avisado de que la movilización continuará aunque el Consejo de Ministros apruebe algunas de sus reclamaciones. El colectivo exige contratos renovables automáticamente, congelación de los precios y protección completa ante los desahucios sin alternativa habitacional.
La acampada de la Puerta del Sol, que aguanta pese al mal temporal, llega así a la mañana del Consejo de Ministros con sus tiendas todavía instaladas y con el llamado 'Decreto Maricarmen' como principal reclamación. "No admitiremos un decreto falso", ha advertido el Sindicato de Inquilinas.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
