El Gobierno cerró el jueves con más margen para actuar en Ceuta. La Audiencia Nacional levantó el freno sobre el campamento del puerto, la Comisión Europea confirmó su apoyo financiero y operativo y José Manuel Albares abrió una vía de entendimiento con los presidentes de las dos ciudades autónomas. La respuesta de Alberto Núñez Feijóo pasó por redoblar su ofensiva exterior contra Pedro Sánchez y convertir las instituciones europeas en una prolongación del pulso político español.
El principal avance llegó desde los tribunales. La Audiencia Nacional rechazó la petición del Sindicato Unificado de Policía para suspender de manera urgente la instalación de carpas en el muelle de Poniente. El Ministerio de Transportes podrá utilizar temporalmente 16.000 metros cuadrados del recinto portuario y reactivar el operativo previsto para trasladar allí a unas 1.800 personas que permanecen en asentamientos mucho más precarios.
La resolución judicial corrige el parón acordado apenas un día antes, cuando los magistrados reclamaron al Ministerio de Transportes toda la documentación de la operación. Tras examinarla, la Sala concluyó que carecía de justificación mantener la suspensión inmediata. La orden ministerial cuenta además con un informe favorable de Puertos del Estado y obliga a Interior a aportar los medios necesarios para reforzar la seguridad.
El procedimiento continúa abierto y la Audiencia podrá estudiar más adelante una medida cautelar ordinaria, después de escuchar al Ministerio. El Gobierno celebró la rapidez de la decisión y defendió que los terrenos elegidos reúnen mejores condiciones para atender a los migrantes, garantizar el trabajo policial y recuperar los espacios públicos ocupados durante las últimas semanas.
Más de 423 millones y una respuesta coordinada con Europa
El desbloqueo del campamento llegó un día después de que el Congreso convalidara el paquete de 309 millones aprobado por el Ejecutivo para Ceuta. La iniciativa recibió el respaldo del PP y el rechazo exclusivo de la ultraderecha Vox. Incluye 118 millones para atención humanitaria, 90 millones para seguridad, 80 millones para apoyar la economía y el empleo y otros 21 millones destinados a los servicios esenciales de la ciudad.
A esa inversión se suman los 114,7 millones de ayuda de emergencia concedidos por la Comisión Europea. Entre ambas partidas, la respuesta económica movilizada supera los 423 millones de euros.
Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz abordaron este jueves su aplicación con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. El ministro del Interior pidió impulsar cambios legislativos que permitan acelerar los procedimientos de retorno y de protección internacional cuando se produzcan crisis excepcionales como la entrada masiva de finales de julio.
El planteamiento conecta con el nuevo marco de respuesta a emergencias migratorias anunciado por Ursula von der Leyen. El Ejecutivo defiende que España ya ha devuelto a más del 90% de las personas que entraron en Ceuta durante las primeras horas de la crisis, una proporción que Interior considera inédita en la Unión Europea.
La financiación comunitaria permitirá reforzar los espigones de Benzú y El Tarajal y construir dos nuevos centros de atención temporal, uno en Ceuta y otro en Melilla, con 1.600 plazas en total. Frontex ha prorrogado hasta diciembre la Operación Minerva y Europol ha desplegado en la ciudad a un representante especializado en tráfico de migrantes para vigilar las redes sociales y perseguir a las organizaciones que promovieron las entradas irregulares.
Marlaska también negó ante Brunner que se estén produciendo movimientos de migrantes desde Ceuta hacia la Península y pidió a la Comisión que desmienta esa posibilidad entre los socios europeos. El Gobierno pretende evitar que ese argumento, utilizado por varias formaciones conservadoras del continente, termine provocando nuevas restricciones dentro del espacio Schengen.
La estrategia europea sumó otro movimiento político. Albares habló con Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda antes de presentar formalmente en Bruselas el paquete para reforzar el encaje comunitario de Ceuta y Melilla. El ministro encontró “sintonía” en ambos presidentes, los dos del PP, pese a los choques mantenidos durante las últimas semanas.
Exteriores quiere que las ciudades autónomas tengan una presencia permanente en el Comité de las Regiones, culminen su entrada en la Unión Aduanera respetando sus particularidades fiscales y cuenten con una presencia estable de Frontex. El plan añade financiación específica por su ubicación geográfica y por la presión que soporta la frontera sur europea.
El acercamiento con Vivas ofrece una oportunidad para rebajar la tensión institucional después de sus reproches a Sánchez. El desacuerdo más delicado sigue centrado en los menores. El Ministerio de Juventud e Infancia remitió el 28 de agosto una propuesta para trasladar a la Península a 500 niños y adolescentes vulnerables, con los gastos cubiertos por el Estado y manteniendo Ceuta su tutela jurídica. La ciudad todavía tiene pendiente autorizar el dispositivo.
El Gobierno atendió durante el jueves otros dos frentes. La ministra Mónica García rechazó que el hospital de Ceuta se encuentre colapsado, situó su ocupación en torno al 53% y aseguró que solo el 1,8% de los migrantes ha requerido ingreso. Moncloa también anunció una investigación sobre las denuncias de agresiones y humillaciones atribuidas a algunos militares desplegados en la ciudad, mientras Defensa trasladó al Gómez Ulla a dos soldados heridos tras ser atacados.
Feijóo traslada el choque al escenario europeo
Mientras los ministros negociaban con Brunner los retornos, la financiación y la protección de la frontera, Feijóo se reunió con el mismo comisario en el Congreso. El líder del PP volvió a calificar lo ocurrido como un ataque contra la integridad territorial española y reclamó la devolución inmediata de todas las personas que entraron irregularmente, siempre dentro de la legislación nacional y europea.
“Ni tres meses como le ha dicho a los españoles ni seis como ha dicho en Europa. Esto se tiene que resolver de forma inmediata”, sostuvo Feijóo. También pidió que la Unión Europea presione a Marruecos para que acepte las devoluciones y acusó al Ejecutivo de fracasar en todas las fases de la crisis. “No dan ni una. Ni antes ni durante ni después de la invasión”, afirmó, pocas horas antes de que la Audiencia Nacional permitiera seguir adelante con el campamento que daba por paralizado.
La ofensiva tuvo su principal escaparate en Estrasburgo. El Parlamento Europeo aprobó por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones una resolución promovida por el Partido Popular Europeo. El texto recibió el apoyo de los liberales de Renew y de los grupos de derecha radical y ultraderecha, mientras socialdemócratas, verdes y la izquierda votaron en contra.
La resolución, que carece de efectos vinculantes, utiliza los términos “invasión” y “guerra híbrida”, critica la gestión del Gobierno español y atribuye a la regularización extraordinaria un supuesto efecto de atracción. También exige a Marruecos que respete la soberanía española, cumpla sus obligaciones de control fronterizo y coopere en la readmisión de quienes carezcan de derecho a permanecer en territorio comunitario.
El PP consiguió así elevar la presión política sobre Sánchez, aunque varios puntos del documento coinciden con las medidas que el Ejecutivo ya está impulsando. La resolución reclama el uso de los 114,7 millones concedidos por Bruselas, una mayor presencia de las agencias europeas y procedimientos más ágiles para los retornos, las mismas cuestiones tratadas horas después por Marlaska, Saiz y Brunner.
La diferencia más profunda sigue situada en la atención a los menores. Feijóo mantiene su rechazo a que sean trasladados temporalmente a la Península, una posición compartida con los ultras de Vox que condiciona la capacidad de Vivas para aceptar la propuesta del Gobierno. Las 500 plazas ofrecidas por el Ministerio de Juventud e Infancia continúan preparadas a la espera de una autorización de Ceuta.
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