Junts ha abierto este viernes una vía para apoyar el nuevo decreto de vivienda que el Gobierno quiere aprobar el próximo martes, aunque todavía evita garantizar sus votos. La formación de Carles Puigdemont asegura que el PSOE ve "con buenos ojos" sus propuestas, entre las que figuran incentivos fiscales para los propietarios, la suspensión de determinados desahucios y la prohibición de que los fondos de inversión sigan comprando viviendas.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha explicado que el partido entregó personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un texto con sus medidas el pasado 3 de septiembre. El PSOE les habría trasladado ahora su interés y estaría estudiando una propuesta que los independentistas presentan como el posible "mínimo común denominador" entre fuerzas con posiciones muy diferentes.
"Las propuestas que hemos defendido en los últimos meses hoy el PSOE las tiene sobre la mesa y, por lo que nos llega, las valora positivamente", ha afirmado Nogueras. La portavoz ha pedido aprobar el decreto "lo antes posible", pero ha advertido de que su partido rechazará cualquier medida que considere "jurídicamente inaplicable".
La aproximación llega después de meses de bloqueo. Junts votó junto al PP y la ultraderecha Vox para derribar el escudo social que protegía frente al desahucio a las familias vulnerables y también frenó la iniciativa que pretendía prorrogar los contratos de alquiler. Aquel rechazo obligó al Gobierno a aplazar un decreto anunciado inicialmente para julio y que tampoco ha llegado a aprobarse durante septiembre.
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada este miércoles de la vivienda donde llevaba viviendo desde 1956, ha acelerado unos contactos que permanecían estancados. Junts busca ahora presentarse como parte de la solución, aunque las condiciones que plantea reducen de forma considerable el alcance de la protección reclamada por los partidos de izquierdas.
Protección limitada y compensaciones para los caseros
La propuesta de Junts distingue entre las viviendas propiedad de fondos de inversión o empresas y aquellas que pertenecen a particulares. En el primer caso, acepta suspender los desahucios de familias vulnerables y plantea impedir que los fondos buitre puedan adquirir nuevos inmuebles.
La redacción definitiva tendrá que precisar qué sociedades quedarían afectadas. Junts rechaza extender la prohibición a todas las personas jurídicas porque considera que esa fórmula también alcanzaría a cooperativas, empresas públicas y administraciones. El partido propone además revisar las ventajas fiscales de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) para vincularlas a la oferta de alquiler asequible.
Para los pisos de propietarios particulares, la protección sería distinta. Los desahucios podrían aplazarse hasta que la familia vulnerable encontrase una alternativa habitacional, pero la Administración tendría que pagar al casero las mensualidades que el inquilino hubiese dejado de abonar. Si esa compensación pública no llegara, Junts defiende que el lanzamiento pudiera continuar.
Esta fórmula deja fuera de la suspensión directa a buena parte de los inquilinos, ya que la mayoría del parque de alquiler pertenece a particulares. También desplaza hacia el Estado el coste de la protección, una de las exigencias centrales de Junts desde que comenzó la negociación.
La formación independentista reclama que las prórrogas de los contratos solo beneficien a quienes estén al corriente de pago y que el propietario pueda recuperar la vivienda cuando la necesite. Su paquete incluye igualmente desgravaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el alquiler y la compra de vivienda, deducciones hipotecarias, cuentas de ahorro para jóvenes y realojos obligatorios para mayores de 65 años que sean desahuciados.
Junts plantea además que una persona pueda saldar su hipoteca por el mismo importe reducido al que el banco venda la deuda a un fondo. La medida busca evitar que una entidad traspase, por ejemplo, una deuda de 100.000 euros por 30.000 y que el comprador termine reclamando al afectado la cantidad completa o quedándose con su vivienda.
Sumar acepta negociar y Podemos mantiene sus votos en el aire
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha mostrado dispuesto a estudiar las bonificaciones fiscales reclamadas por Junts. "La gente quiere soluciones", ha defendido tras ofrecer su "mano tendida" a una formación cuyos votos resultan necesarios para sacar adelante el decreto.
Sumar exige a cambio recuperar la protección frente a los desahucios, regular los alquileres de temporada y prorrogar los contratos para evitar subidas difíciles de asumir. El socio minoritario del Gobierno también mantiene su reclamación de expropiar el piso de Maricarmen, una medida rechazada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Podemos mantiene una posición más distante. Irene Montero ha avisado de que el decreto puede terminar siendo un "parche" y ha reprochado al PSOE que negocie sus límites con Junts. La formación morada exige prohibir todos los desahucios sin alternativa habitacional, sin una larga relación de excepciones, intervenir los precios del alquiler y expropiar viviendas a los fondos buitre.
Sus cuatro diputados pueden volver a resultar decisivos. El Gobierno necesita construir una mayoría que incluya a Junts sin perder por el camino a Podemos y al resto de la izquierda, el mismo equilibrio que frustró los intentos anteriores de aprobar medidas de vivienda.
También Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha cargado contra la interlocución abierta con Junts. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, considera un "error" permitir que el partido de Puigdemont marque los límites de la negociación y ha pedido que sean el Gobierno y las fuerzas de izquierdas quienes fijen el contenido. "Ya basta de chantajes de la derecha catalana", ha afirmado.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV), por su parte, ha reclamado al Ejecutivo que busque consensos capaces de superar la fragmentación parlamentaria. El Gobierno pretende aprobar el real decreto ley en el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de septiembre, pero después tendrá 30 días para conseguir su convalidación en el Congreso.
Junts espera recibir una respuesta del PSOE antes de que termine el fin de semana. Nogueras sostiene que existe margen para el acuerdo y recuerda que "la aritmética es la que es", aunque sigue sin comprometer el voto de sus siete diputados. El texto que llegue el martes al Consejo de Ministros tendrá que mostrar hasta dónde ha cedido el Gobierno para recuperar una protección que la propia formación independentista ayudó a derribar.
