El Gobierno afronta este jueves la última jornada de negociación antes de que el Congreso decida el futuro de sus dos decretos de vivienda. Junts, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Podemos todavía deben despejar sus votos, con el Partido Popular y la ultraderecha Vox instalados en el rechazo. A la presión parlamentaria se suma una movilización que ha encadenado su quinta noche en la Puerta del Sol y que exige convertir las medidas aprobadas en derechos que perduren.
Pedro Sánchez se declaró el miércoles "razonablemente optimista" y reclamó responsabilidad a los grupos durante su comparecencia junto al presidente francés, Emmanuel Macron. "Esta es una cuestión de humanidad", sostuvo al referirse a quienes afrontan un desahucio o encuentran imposible comprar o alquilar una casa. El Ejecutivo llega a la votación con más expectativas para el primer decreto que para el segundo, donde se concentra la reforma más disputada del alquiler.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas añadió una petición decisiva al debate al reclamar la aprobación de los dos textos, pese a considerar insuficientes sus medidas y cuestionar que se hayan separado. Ese respaldo aumenta la presión sobre los partidos que mantienen abierta su decisión, especialmente sobre Podemos, que ha vinculado su voto al criterio del movimiento por la vivienda.
La renovación automática de alquileres se juega su futuro
La publicación prevista para este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del segundo decreto centrará buena parte de la jornada. El Gobierno justificó el retraso respecto al primero por el orden jurídico de las dos normas, que modifican disposiciones relacionadas. Ambos textos fueron aprobados el martes por el Consejo de Ministros y se someterán por separado a convalidación este viernes, 2 de octubre.
El segundo plantea cambiar el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para permitir renovaciones sucesivas de cinco años si el propietario es un particular y de siete si es una empresa, una vez cumplida la duración mínima y siempre que ninguna de las partes comunique su voluntad de terminar el contrato. El preaviso sería de seis meses para el casero y de dos para el inquilino. El mecanismo permitiría continuar en la vivienda sin una fecha final obligatoria.
El propietario conservaría la posibilidad de no renovar, pero tendría que abonar, salvo las excepciones previstas, una indemnización de al menos doce mensualidades de la renta de una vivienda de características similares. La compensación tampoco podría ser inferior a una mensualidad por cada año de residencia. El texto contempla causas para quedar exento, como necesitar la casa para uso propio o de determinados familiares.
El primer decreto, publicado el miércoles y que entra en vigor este jueves, reúne un paquete más amplio. Incluye protección frente a determinados desahucios de hogares vulnerables hasta 2030, regulación del alquiler temporal y por habitaciones, incentivos fiscales y una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que cumplan sus requisitos. También limita determinadas compras especulativas, aunque la restricción afecta a operaciones por debajo del 70% del valor de tasación y no supone un veto general a los fondos.
La separación permite que ese paquete sobreviva aunque la renovación automática sea derrotada, pero deja expuesta una de las principales demandas de la protesta. Sumar defiende que ambos decretos deben salir adelante y presionó el miércoles para publicar cuanto antes el segundo. Podemos y los sindicatos cuestionan que se haya apartado precisamente la medida que ofrecería una continuidad más duradera a los inquilinos.
Junts y Podemos, ante la presión de aprobarlos
Junts mantuvo el miércoles sus reservas. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, expresó "decepción" y preocupación y sostuvo que los textos no cumplen las prioridades que había trasladado al Gobierno, entre ellas proteger a las familias y frenar las compras de los fondos buitre. La formación dejó abierta su decisión mientras revisa el articulado, con la renovación automática como uno de los mayores puntos de discrepancia.
El PNV tampoco desveló su voto y pidió tiempo para estudiar las normas. Coalición Canaria mantiene asimismo pendiente su posición. Con PP y Vox en contra, el Ejecutivo necesita reunir a sus aliados y evitar que Junts se sume al rechazo. La abstención de los independentistas podría abrir una salida para el primer decreto si el resto de apoyos necesarios se mantiene.
Los cuatro diputados de Podemos llegarán a la reunión de este jueves por la mañana con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid sin una decisión anunciada. Fuentes de la formación confirmaron a ElConstitucional.es que escucharían al colectivo antes de fijar el voto. Ione Belarra ha reclamado retirar los dos decretos y presentar uno que reúna todas las medidas, al considerar que dividirlos facilita la derrota de la renovación automática.
La petición sindical de aprobar ambos cambia las condiciones de esa discusión. Podemos comparte las protecciones que contienen los textos, pero rechaza la fórmula elegida para llevarlos al Congreso. El encuentro permitirá comprobar si esa crítica termina acompañada de un sí que preserve las medidas o si el desacuerdo con el Gobierno pesa más en la decisión.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han anticipado su respaldo, aunque reclaman mayor ambición. La izquierda favorable a los decretos los presenta como un punto de partida y pide que la exigencia de reformas más profundas no impida aprobar las protecciones inmediatas.
Alberto Núñez Feijóo confirmó el no del PP y extendió la presión a Junts y al PNV, a los que advirtió de que apoyarían una "trampa". Vox también rechazará las dos normas y volvió a situar la expulsión de inmigrantes entre sus propuestas sobre vivienda. El ministro Félix Bolaños, por su parte, pidió el miércoles en Barcelona a los diputados catalanes escuchar el clamor social y respaldar las medidas.
Sol mantiene la protesta y convoca caceroladas este jueves
Mientras los partidos negocian, la Puerta del Sol encadena cinco noches de acampada. El recuento difundido por el Sindicato de Inquilinas el miércoles por la mañana situó en 1.248 las tiendas instaladas. La protesta que comenzó el sábado tras la manifestación por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, continúa pendiente del Congreso y sin una fecha anunciada para levantarse.
Durante la noche del miércoles, la cobertura de las movilizaciones reflejó también el crecimiento de la acampada de Barcelona, donde se habían instalado unas sesenta tiendas y participaban cerca de trescientas personas. Las protestas se han extendido a otras ciudades.
El jueves coincide además con el vencimiento del plazo de 48 horas que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dio a la Delegación del Gobierno para desalojar la plaza. Ese requerimiento mantiene abierto el enfrentamiento entre administraciones, mientras el delegado, Francisco Martín, defiende el derecho de reunión. La demanda de desalojo de la Comunidad y del Ayuntamiento no ha llevado a los convocantes a anunciar su salida.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoció el miércoles por la noche en 'El Intermedio' la falta de apoyos anteriores como parte de la autocrítica del Gobierno. Lamentó haber tenido que esperar a una tragedia social para impulsar la aprobación de medidas que, según recordó, ya habían pasado por el Congreso.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado caceroladas para este jueves a las 20.00 horas. En Madrid y Cataluña se celebrarán frente a los ayuntamientos; en el resto del país, la llamada es a participar desde los balcones. El sábado habrá nuevas manifestaciones, después de que el pleno extraordinario del viernes, previsto a partir de las 11.00 horas, haya decidido por separado el futuro de los dos decretos.
