Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado las advertencias de la Comisión Europea sobre la corrupción en España para lanzar una nueva ofensiva contra Pedro Sánchez. El presidente del Partido Popular ha acusado al jefe del Ejecutivo de deteriorar la imagen del país y ha prometido un "Plan de Limpieza Institucional" si consigue llegar a La Moncloa.
"La corrupción se irá cuando se vaya Sánchez", ha sentenciado Feijóo durante un acto celebrado este viernes en Santa Cruz de Tenerife. El dirigente popular ha llevado sus acusaciones directamente hasta el presidente del Gobierno, al que ha definido como responsable político de los escándalos conocidos durante los últimos meses.
"Si todo el entorno de Sánchez está corrompido, la manzana podrida es él", ha afirmado ante los cargos y simpatizantes reunidos para la presentación de Carmen Pérez como candidata del PP a la Alcaldía de la capital tinerfeña.
El discurso llega después de que la Comisión Europea publicara su informe sobre el Estado de derecho de 2026. Bruselas reconoce los proyectos legislativos impulsados por el Gobierno, pero considera que su aplicación práctica sigue siendo limitada en materias como los conflictos de intereses, las declaraciones patrimoniales de los altos cargos y la regulación de los lobbies.
El PP presenta el informe como un suspenso general
La dirección popular ha descrito el documento como "el diagnóstico más completo y preocupante" elaborado hasta ahora sobre España. Génova sostiene que la Comisión Europea suspende al país en corrupción, independencia judicial y medios públicos.
El informe comunitario carece de calificaciones o suspensos y emplea una escala para medir los avances realizados sobre cada recomendación. La Comisión aprecia progresos significativos en el estatuto del fiscal general y en el acceso a la información, algunos avances en el funcionamiento del CGPJ y en la agilización de las grandes causas, y progresos limitados en el control de altos cargos y grupos de presión.
El PP ha centrado su reacción en las advertencias más severas y ha dejado en segundo plano los apartados favorables. Bruselas confirma que la aplicación efectiva del Plan Estatal Anticorrupción todavía no ha mejorado las reglas existentes, aunque reconoce su aprobación y la tramitación de la futura Ley de Integridad Pública.
La Comisión también reclama un supervisor verdaderamente independiente, con medios suficientes y capacidad para detectar y sancionar irregularidades. Pide además acelerar las grandes investigaciones por corrupción, completar la regulación de los lobbies y reducir las debilidades de la contratación pública.
"La manzana podrida es él"
Feijóo ha asegurado que la corrupción vinculada al PSOE es "sistémica" y se encuentra "en el corazón del Estado". El líder popular ha mezclado las conclusiones del informe europeo con los procedimientos judiciales que afectan a antiguos dirigentes socialistas y personas próximas al presidente.
También ha recuperado una de sus frases más repetidas durante las últimas semanas, según la cual "el sanchismo tiene más imputados que diputados". La expresión se ha convertido en uno de los principales lemas del PP para tratar de concentrar bajo una misma etiqueta causas judiciales diferentes.
Feijóo ha acusado al presidente de haber sido incapaz de detectar lo que ocurría a su alrededor. "Si Sánchez no fue capaz de oler la corrupción en el asiento de al lado de su coche, en el Consejo de Ministros, en el Comité Federal del PSOE o en su casa, no está capacitado para erradicarla", ha declarado.
El dirigente popular ha situado también a Canarias como "zona cero de la corrupción sanchista" por los viajes del exministro José Luis Ábalos, la trama de las mascarillas y el caso Mediador. La referencia permitía a Feijóo conectar su discurso nacional con el escenario elegido para presentar a la candidata municipal del PP.
Un plan todavía sin texto conocido
Feijóo ha anunciado que su Plan de Limpieza Institucional incluirá una reforma del suplicatorio para facilitar la comparecencia judicial de los miembros del Gobierno. El supuesto bloqueo parlamentario mencionado por el líder popular no se ha producido durante la actual legislatura, aunque el PP asegura que quiere prevenirlo mediante una modificación legal.
El líder de la oposición también se ha comprometido a regular la actividad de los lobbies, una de las demandas reiteradas por Bruselas. El Gobierno aprobó su proyecto en enero de 2025, pero la norma continúa pendiente de completar su tramitación en el Congreso.
Otra de las promesas de Feijóo consiste en prohibir los indultos a condenados por corrupción. El actual Gobierno no ha concedido durante esta etapa ningún indulto individual a un dirigente condenado por corrupción, mientras el Ejecutivo de José María Aznar sí concedió en 1998 un perdón parcial a José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el secuestro y la malversación del caso GAL.
Feijóo ha prometido además revisar los nombramientos públicos para garantizar la independencia de las instituciones. Su intención, ha explicado, pasa por colocar a "los mejores servidores y no a los más serviles al amo".
"Si alguien mete la mano en la caja, se va a la calle al minuto y medio", ha asegurado. El PP tendrá que concretar ahora el contenido jurídico, los plazos y los organismos afectados por un plan anunciado hasta el momento mediante líneas generales.
El informe también señala a los jueces
El Partido Popular ha destacado especialmente el apartado dedicado a las críticas de representantes políticos contra jueces y resoluciones judiciales. Bruselas recoge la preocupación expresada por el Tribunal Supremo, el CGPJ, las asociaciones judiciales y el Tribunal Constitucional ante las declaraciones dirigidas contra determinados magistrados.
La Comisión pide a los poderes Ejecutivo y Legislativo que eviten intervenciones capaces de debilitar la independencia judicial o la confianza pública en los tribunales. El PP considera que esta advertencia confirma sus denuncias contra ministros y dirigentes socialistas por hablar de "lawfare" o cuestionar procedimientos que afectan al entorno de Sánchez.
El documento europeo incorpora también el otro lado de esa tensión institucional. Algunos jueces han realizado manifestaciones públicas contra responsables políticos y varias de esas actuaciones están siendo estudiadas por la Comisión Disciplinaria del CGPJ.
Bruselas reclama respeto mutuo al Gobierno, al Parlamento y al Poder Judicial. Este segundo llamamiento ha ocupado bastante menos espacio en la reacción difundida por Génova.
La batalla por RTVE
El PP ha utilizado asimismo el apartado sobre los medios públicos para acusar al Gobierno de interferir en RTVE. El informe recoge las preocupaciones expresadas por los Consejos de Informativos de TVE y RNE sobre los estándares profesionales y el riesgo de sesgo político en algunos contenidos.
La Comisión atribuye esas advertencias a las partes consultadas y recoge también la posición del Gobierno, que defiende el funcionamiento normal de la corporación después de las últimas reformas. El documento reclama garantías suficientes para la independencia editorial de las radiotelevisiones públicas nacionales y autonómicas.
Génova ha convertido ese apartado en otro de sus argumentos para sostener que España atraviesa un deterioro democrático generalizado. El informe europeo mantiene un tono más medido y expone las valoraciones contradictorias aportadas durante su elaboración.
Bolaños reivindica los avances reconocidos por Europa
El Gobierno ha respondido al PP poniendo el foco en los apartados favorables. Félix Bolaños ha defendido que Bruselas valora positivamente la reforma de la Justicia y constata que algunas de las medidas "ya están dando frutos".
El ministro de la Presidencia y Justicia ha destacado la creación de 500 plazas judiciales y 200 para fiscales, la mayor ampliación conjunta realizada hasta ahora. También ha señalado la reducción de la litigiosidad civil vinculada a la Ley de Eficiencia y la posición de España entre los países europeos más avanzados en digitalización judicial.
Bolaños ha subrayado igualmente que la Comisión aprecia un progreso significativo en la reforma del estatuto del fiscal general. El proyecto ampliaría su mandato a cinco años para separarlo temporalmente del ciclo político del Gobierno que propone su nombramiento.
El Ejecutivo reconoce que varias normas continúan pendientes del Congreso. Entre ellas figuran la Ley de Integridad Pública, la regulación de los grupos de interés, la reforma procesal penal y la Ley de Administración Abierta.
Feijóo vuelve a la corrupción después del revés de la amnistía
El nuevo discurso llega un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara los principales aspectos de la ley de amnistía examinados hasta ahora. Feijóo ha asegurado que respeta las decisiones judiciales, aunque mantiene su rechazo político y moral a la norma.
El PP trata ahora de desplazar su estrategia hacia la corrupción, un terreno que considera más favorable después de los últimos procedimientos y condenas conocidos. El informe de Bruselas le ofrece nuevas advertencias sobre las que construir esa ofensiva, aunque sus conclusiones resultan más amplias y matizadas que el retrato difundido por Génova.
La presentación se produjo durante la puesta de largo de Carmen Pérez como candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Feijóo terminó su intervención reclamando la movilización del partido para las próximas elecciones y prometiendo que explicará a los ciudadanos qué encuentra en la Administración si llega al Gobierno.
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