El Gobierno cambia por completo de escenario en apenas 24 horas. Pedro Sánchez cerró el miércoles con una fotografía histórica en La Línea de la Concepción, donde presidió el inicio de la demolición de la Verja de Gibraltar después de más de cuatro años de negociaciones. Este jueves, la atención vuelve a los tribunales, al futuro de la mayoría parlamentaria y a dos altos cargos de la Guardia Civil respaldados expresamente por Moncloa.
La jornada tendrá dos citas principales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicará sus primeras sentencias sobre la ley de amnistía, con capacidad para influir en el futuro de Carles Puigdemont y en la relación entre el Ejecutivo y Junts. Casi al mismo tiempo, Mercedes González y el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, declararán como investigados ante el juez Santiago Pedraz por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
Mercedes González y el DAO responden ante Pedraz
La comparecencia está prevista a partir de las 10.15 horas en la Audiencia Nacional. Pedraz quiere aclarar si desde la dirección del Instituto Armado se utilizaron informaciones reservadas y expedientes internos como una forma de presión sobre agentes de la Unidad Central Operativa. La Fiscalía Anticorrupción considera que pudo crearse un clima de intimidación para frenar o condicionar investigaciones sensibles, algunas relacionadas con el PSOE y con el entorno de Pedro Sánchez.
El nombre de Mercedes González aparece en la causa por sus contactos con la exmilitante socialista Leire Díez. La UCO sitúa tres encuentros entre ambas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, además de otro el 2 de abril de 2025. La directora general solo ha reconocido dos reuniones, que presentó ante el Senado como encuentros informales para tomar café y hablar de la situación profesional de Díez. También negó haber participado "jamás, nunca" en una trama contra la UCO y aseguró que cortó la relación cuando Leire Díez se interesó por la rehabilitación del comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo'.
Manuel Llamas tendrá que responder por las investigaciones internas abiertas contra miembros de la unidad y por el testimonio de un antiguo responsable de la UCO, que atribuyó a la cadena de mando la orden de "ponerse de perfil" en pesquisas de especial sensibilidad política. La causa trata de determinar si esas actuaciones formaban parte de una gestión interna legítima o si se emplearon para contener el trabajo de los agentes. El DAO estará defendido por el abogado del Estado y exdiputado de Ciudadanos Edmundo Bal, mientras González ha optado por una defensa privada.
El Gobierno ha mantenido a los dos responsables en sus puestos y ha trasladado desde el inicio un mensaje de "máxima tranquilidad". Fernando Grande-Marlaska conserva su confianza en ambos y Moncloa sostiene que colaborarán con la Justicia y ofrecerán todas las explicaciones necesarias. La presión política también llega desde Podemos, que ha criticado que Sánchez no apartara a la directora general tras su imputación, mientras el PP reclama la salida de González, Llamas y el propio ministro del Interior. Sus declaraciones pondrán a prueba el respaldo que el Ejecutivo les ha mantenido durante las últimas semanas.
La víspera ya dejó una nueva comparecencia dentro del mismo procedimiento. Cristina Narbona declaró como testigo ante Pedraz y aseguró que desconocía por completo la existencia de una supuesta trama vinculada a Leire Díez. La presidenta del PSOE reconoció que la exmilitante le habló de unos hechos que consideraba importantes y que decidió remitirla al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán. Según su versión, Cerdán le comunicó después que Díez no había aportado nada de interés.
Luxemburgo mide el futuro de la amnistía y de la mayoría
El otro gran movimiento llegará desde Luxemburgo. La Gran Sala del TJUE publicará este jueves dos sentencias sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Los jueces europeos analizarán si la amnistía de determinados gastos del 'procés' puede afectar a los intereses financieros de la Unión Europea y si su aplicación a delitos de terrorismo respeta el derecho comunitario.
El fallo tampoco resolverá directamente el recurso de Carles Puigdemont ni ordenará su regreso inmediato a España. Su importancia está en la doctrina que fijará para los tribunales españoles, incluido el Constitucional, que todavía debe pronunciarse sobre la exclusión del delito de malversación aplicada por el Supremo al expresidente catalán. El Gobierno espera una resolución "clara y contundente" que avale la ley y permita aplicarla con mayor rapidez. En Moncloa confían además en que un resultado favorable ayude a recomponer la relación con Junts.
La sentencia llega después de que los siete diputados independentistas volvieran a unir sus votos a PP, la ultraderecha Vox y UPN para tumbar la senda de déficit de los Presupuestos de 2027. El primer trámite de las cuentas cayó el martes por 178 votos en contra, 167 a favor y cinco abstenciones, correspondientes a Podemos y a la diputada de Compromís Águeda Micó.
Hacienda volverá a llevar los mismos objetivos al Consejo de Ministros y los someterá a una segunda votación el 23 de julio. Un nuevo rechazo no impediría legalmente presentar el proyecto presupuestario después del verano, aunque volvería a dejar al descubierto la falta de una mayoría suficiente para aprobarlo. El Gobierno necesita que Junts cambie de posición si quiere que sus primeras cuentas de la legislatura tengan alguna posibilidad real de salir adelante.
Gibraltar concede a Sánchez un respiro político
El Ejecutivo llega a este jueves después de apuntarse uno de sus principales logros en política exterior. El acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar comenzó a aplicarse provisionalmente el miércoles y permitió iniciar la retirada de la Verja. Sánchez presidió el acto junto a José Manuel Albares, Fabian Picardo y los alcaldes de la comarca, donde celebró que "cae el último muro de Europa continental".
El pacto elimina los controles rutinarios en el paso terrestre y facilita la circulación de los más de 15.000 trabajadores que cruzan diariamente entre La Línea y Gibraltar. Los controles del espacio Schengen se trasladan al puerto y al aeropuerto del Peñón, con presencia de la Policía Nacional española. La reivindicación española sobre la soberanía permanece intacta, mientras el acuerdo intenta resolver las consecuencias prácticas que dejó el Brexit para los habitantes de toda la zona.
La retirada de la Verja ofrece a Sánchez una imagen de acuerdo, diálogo y resultado concreto después de años de negociación. El PP ha respondido calificando el pacto de "fraude" y acusa al Ejecutivo de haber evitado el control de las Cortes, pese a que su aplicación provisional fue autorizada por los Estados miembros de la Unión Europea. Para Moncloa, Gibraltar representa un éxito reconocible en mitad de una semana dominada por las derrotas parlamentarias y los procedimientos judiciales.
David Sánchez y Begoña Gómez mantienen la presión
El Gobierno también arrastra la condena de David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. La Audiencia Provincial de Badajoz le considera cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa relacionado con la creación y posterior modificación del puesto que ocupó en la Diputación. La sentencia no impone ninguna pena de prisión, descarta el tráfico de influencias y todavía puede ser recurrida, una vía que la defensa ya ha anunciado.
Begoña Gómez volvió el miércoles a responder al polémico juez Juan Carlos Peinado. La mujer del presidente entregó los billetes de su viaje a Reino Unido después de que el magistrado le diera cinco días para acreditar que utilizó el pasaporte únicamente para asistir a la graduación de su hija. Peinado había advertido de un posible quebrantamiento de las medidas cautelares porque el documento no contenía sellos británicos de entrada o salida, aunque los controles de acceso a Reino Unido funcionan de manera electrónica y ya no siempre dejan una marca física en el pasaporte.
La defensa de Gómez ha recurrido el requerimiento al entender que el juez pretende trasladarle la obligación de demostrar que cumplió las condiciones del viaje. Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Madrid estudia los recursos contra las decisiones de Peinado, incluida la apertura de juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de marca.
Hacienda volverá a presentar la senda de déficit en el Congreso el próximo 23 de julio. Esa votación mostrará si la sentencia europea sobre la amnistía ha movido la posición de Junts o si el Gobierno continúa con la misma mayoría fragmentada que tumbó el primer intento de los Presupuestos. Mientras, se avecina un jueves de infarto para el Ejecutivo de Sánchez.
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