Rubén Sánchez ha vuelto a denunciar las prácticas comerciales del agitador ultra Vito Quiles. El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción ha señalado este lunes la creación de REVIVALVQ SL, una sociedad con 3.000 euros de capital dedicada al comercio de ropa, y ha recordado la reclamación que la asociación presentó en julio contra la tienda de camisetas 'Revival'. "Anuncia rebajas falsas y omite información legal básica", sostiene en X, donde asegura que todavía no ha recibido respuesta de Consumo.
La sociedad consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del 11 de septiembre. El anuncio recoge el comienzo de operaciones y la inscripción el 4 de septiembre de 2026, un capital de 3.000 euros y el nombramiento de Vito Zoppellari Quiles como administrador único. Su objeto social es el comercio minorista de prendas de vestir y tiene domicilio en Madrid. La constitución se produjo después de que FACUA denunciara las condiciones de funcionamiento de la tienda.
Sánchez cuestiona la finalidad de ese movimiento empresarial. "¿Vía para eludir multas personales por las irregularidades en su negocio de camisetas?", pregunta en su publicación. El registro acredita la existencia de la sociedad y quién la administra, pero no demuestra que se haya constituido para evitar sanciones. Esa sospecha corresponde al dirigente de FACUA, que reclama una respuesta administrativa a los hechos denunciados.
Vito Quiles monta una empresa con un capital de 3.000€: REVIVALVQ SL
— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) October 5, 2026
¿Vía para eludir multas personales por las irregularidades en su negocio de camisetas?
FACUA los denunció hace 3 meses ante Consumo. Aún sin respuesta. Anuncia rebajas falsas y omite información legal básica. pic.twitter.com/E2n1hv9nGb
La creación de una sociedad tampoco traslada automáticamente a esa empresa la responsabilidad por posibles infracciones anteriores. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece que las sanciones administrativas deben dirigirse contra las personas físicas o jurídicas responsables de los hechos. Determinar quién operaba la tienda cuando se produjeron las conductas denunciadas forma parte de las comprobaciones que corresponderían a la Administración.
Una tienda denunciada
FACUA anunció su denuncia el 10 de julio, casi tres meses antes de este nuevo mensaje. La dirigió a la Dirección General de Consumo, la Secretaría de Estado de Digitalización, la Agencia Española de Protección de Datos y la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid. La asociación señaló problemas en los descuentos y en la información facilitada a los compradores de 'Revival'.
Según explicó entonces la organización, la tienda acababa de estrenarse y presentaba camisetas con precios tachados como si hubieran estado previamente a la venta por un importe superior. FACUA sostuvo que esos precios anteriores eran inventados. Su denuncia cuestionaba, por tanto, el ahorro que se anunciaba al comprador, al comparar el precio de lanzamiento con otro que, según la asociación, nunca se había aplicado.
La Ley de Ordenación del Comercio Minorista fija una referencia concreta para anunciar descuentos. Como regla general, el precio anterior debe ser el menor aplicado al mismo producto durante los treinta días precedentes. El artículo 20 contempla expresamente el caso de los artículos puestos a la venta por primera vez. La reclamación de FACUA se apoyaba en que las camisetas se promocionaban con una rebaja sobre un precio previo inexistente.
La denuncia también señalaba que la web no identificaba al titular ni aportaba su identificación fiscal. Según FACUA, faltaba información sobre la garantía legal de los productos y sobre el derecho de desistimiento, que permite devolver una compra a distancia en las condiciones previstas por la normativa. Son datos que el consumidor necesita para saber a quién compra y cómo reclamar.
La asociación añadió deficiencias sobre el tratamiento de los datos personales recogidos mediante el formulario de contacto. Según su revisión, la política de privacidad solo era accesible en el proceso de compra, antes de introducir los métodos de envío y pago. Sánchez insiste ahora en la falta de respuesta a la reclamación; su publicación no anuncia una multa ni una resolución administrativa que haya acreditado las infracciones.
Cinco acciones judiciales
La denuncia comercial se suma a un enfrentamiento judicial que comenzó en 2022. La semana pasada, Sánchez anunció que un juzgado de Sevilla había admitido a trámite su quinta acción judicial contra Quiles. Se trata de una demanda civil por publicaciones en las que el agitador ultra le atribuyó estafa, falsedad documental y fraude a Hacienda. 'ElConstitucional.es' informó de esa reclamación tras acceder al escrito, que solicita 60.000 euros por daño moral, la retirada de los mensajes y la difusión de una eventual sentencia condenatoria.
Esa demanda se añade a dos querellas penales, una reclamación anterior por vulneración del honor y otra de rectificación. Esta última surgió después de que 'Combativos', la plataforma de Quiles, no publicara la respuesta enviada por Sánchez a las acusaciones sobre una supuesta factura falsa y una empresa inexistente. El secretario general de FACUA sostuvo que sus trabajos para UGT se habían realizado como autónomo y remitió resoluciones judiciales para rebatir las imputaciones.
Los procedimientos continúan después de la salida de Juango Ospina, el abogado que había aparecido públicamente en la defensa de Quiles. Como publicó este periódico en septiembre, Ospina dejó el ejercicio activo para asumir una responsabilidad diplomática de Colombia en Bruselas. En la primera causa penal contra Sánchez no llegó a personarse, pese a haber anunciado actuaciones contra el procesamiento.
En ese procedimiento, la acusación particular de Sánchez pide nueve años de prisión por tres delitos continuados de calumnias, con agravante de odio ideológico, además de 60.000 euros de indemnización e inhabilitación para actividades periodísticas durante la condena solicitada. Es una petición de la acusación pendiente de decisión judicial, distinta tanto de la nueva demanda civil como de la denuncia administrativa por la tienda de camisetas.
