El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha prorrogado seis meses, hasta el 28 de mayo de 2027, la instrucción del 'caso Plus Ultra'. El magistrado investiga si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intervino para que la aerolínea obtuviera el rescate público de 53 millones de euros y si esa presunta mediación estuvo vinculada al pago de una comisión. Zapatero negó ante el juez haber hecho gestiones para conseguir la ayuda.
El plazo anterior vencía el 28 de noviembre. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, cuya dirección letrada ejerce el PP, habían solicitado la ampliación porque aún quedan declaraciones por tomar y documentos y dispositivos electrónicos por analizar. Calama también espera los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre la información solicitada a bancos y organismos públicos. El juez señala en el auto que esos informes podrían dar lugar a nuevas diligencias o a la incorporación de otros investigados.
El Consejo de Ministros autorizó el rescate el 9 de marzo de 2021, en plena pandemia, con cargo al fondo de solvencia para empresas estratégicas. La ayuda se dividió en un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones. Un juzgado de Madrid archivó en 2023 una primera causa sobre la concesión de la ayuda, con el respaldo de la Audiencia Provincial. La instrucción actual arrancó después por sospechas de blanqueo y Calama asumió la causa en marzo de este año.
En el auto de mayo, Calama situó a Zapatero al frente de una presunta red de tráfico de influencias y puso el foco en un contrato que preveía una retribución de 530.000 euros, equivalente al 1% del rescate. El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, declaró en septiembre que dio por hecho que esa comisión iba destinada al entorno de Zapatero. Recordemos, el exdirectivo no concretó qué gestiones habría hecho el expresidente para facilitar el préstamo.
"No he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate", declaró Zapatero ante Calama el 17 de junio. El expresidente sostuvo que nunca habló de la ayuda con responsables políticos ni con funcionarios y defendió que los ingresos que recibió de Análisis Relevante, la empresa de su colaborador Julio Martínez Martínez, correspondían a trabajos de consultoría.
Las próximas declaraciones y el móvil de Reyes
El 19 de noviembre están citados como testigos José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Félix Martín, antiguo director financiero de Plus Ultra. Para el 30 de noviembre están previstas las declaraciones como investigadas de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero. El juez indaga los pagos que recibió su empresa, What The Fav, por trabajos de marketing que la Policía ha puesto en duda. También queda pendiente la declaración como investigada de Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente.
Entre las diligencias pendientes figura la petición de cooperación judicial a Estados Unidos para utilizar como prueba las conversaciones extraídas del teléfono de Rodolfo Reyes, accionista investigado de Plus Ultra. Las autoridades estadounidenses facilitaron esas comunicaciones, en las que directivos de la aerolínea hablan de las gestiones para obtener el rescate. Calama solicitó autorización en junio para incorporarlas formalmente como prueba al procedimiento español.
En una pieza separada, Calama investiga el origen de las joyas incautadas en el despacho de Zapatero el 19 de mayo, que una primera tasación valoró en 1,3 millones de euros. La defensa sostiene que parte de las piezas fueron un regalo personal del entonces rey de Arabia Saudí durante una visita oficial en 2007. El magistrado rechazó el 27 de octubre la petición del expresidente de solicitar a las autoridades saudíes que corroboraran esa versión.
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