Juanma Moreno ha sido investido este jueves presidente de la Junta de Andalucía con los votos del PP y de la ultraderecha Vox. El candidato popular ha superado la segunda votación con 68 apoyos, los 53 de su grupo y los 15 de la formación ultra de Santiago Abascal, frente a los 41 votos en contra de PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.
La investidura llega después de un acuerdo cerrado casi sobre la bocina y firmado apenas media hora antes de la votación en el Parlamento andaluz. El pacto no se limita a la investidura. PP y Vox lo han presentado como un "Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía", con compromiso para toda la legislatura, aprobación de los cuatro presupuestos y un paquete de 150 medidas.
La consecuencia política más importante es la entrada de la extrema derecha en el Ejecutivo andaluz. Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía, será vicepresidente de la Junta y asumirá la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Vox también tendrá una vicepresidencia en la Mesa del Parlamento y uno de los senadores por designación autonómica que correspondían al PP tras las elecciones del 17 de mayo.
Moreno, que durante semanas defendió su intención de gobernar en solitario, ha justificado el pacto por la necesidad de estabilidad. El Partido Popular se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta y no tenía otra vía para sacar adelante la investidura sin repetir elecciones. El presidente andaluz ha definido el acuerdo como “sereno”, “sensato”, “justo” y “legal”, y ha insistido en que PP y Vox son partidos distintos, pero con capacidad para encontrar puntos comunes.
Vox consigue entrar en San Telmo
Vox había dejado claro desde el principio que no quería repetir el esquema de 2019, cuando apoyó desde fuera el primer Gobierno de Moreno con Ciudadanos. Esta vez exigía entrar en el Consejo de Gobierno y obtener un acuerdo similar al cerrado en Extremadura, Aragón y Castilla y León, las otras comunidades donde PP y Vox gobiernan juntos.
El reparto final deja a la ultraderecha con una sola consejería, aunque con rango de vicepresidencia y con competencias de peso político. Gavira asumirá Justicia y Administración Local, además de Turismo, una de las áreas económicas clave en Andalucía. El área de Desregulación, una bandera habitual de Vox en sus pactos autonómicos, también queda dentro de su departamento.
El PP mantiene otras carteras sensibles que Vox había ambicionado en negociaciones anteriores en otras comunidades, como Agricultura o Cultura. Aun así, el partido de Abascal logra lo que buscaba. Se sienta por primera vez en el Gobierno andaluz y convierte Andalucía en el cuarto pacto autonómico de coalición con el PP en los últimos meses.
El acuerdo también obliga a reajustar piezas institucionales. La extrema derecha tendrá presencia en la Mesa del Parlamento andaluz, donde hasta ahora el PP había asumido el control de la mayoría de puestos, y recibirá un senador autonómico. Esa cesión refuerza la dimensión estatal del pacto en un momento en el que Feijóo y Abascal han normalizado sus acuerdos territoriales como ensayo de futuros entendimientos.
La 'prioridad nacional' entra en el acuerdo
El punto más delicado del pacto es la llamada 'prioridad nacional', la fórmula de la ultraderecha Vox para dar preferencia a españoles frente a extranjeros en el acceso a ayudas, subvenciones, vivienda y prestaciones públicas. Moreno había llegado a calificarla durante la campaña como un “eslogan” de difícil encaje legal, pero finalmente la ha aceptado dentro del acuerdo.
El PP intenta rebajar el alcance del concepto vinculándolo al arraigo. Moreno ha defendido que la 'prioridad nacional' se aplicará a través de criterios de residencia real, duradera y verificable en Andalucía, algo que ya existe en algunos ámbitos de la legislación social. Según el planteamiento trasladado por los populares, no se trataría de discriminar por nacionalidad, sino de reforzar requisitos de empadronamiento y vinculación con el territorio.
Vox, sin embargo, ha vendido la inclusión del término como una victoria política propia. La 'prioridad nacional' fue una de sus principales exigencias en la negociación y ya aparece en otros pactos autonómicos firmados con el PP. En Andalucía, el acuerdo la incorpora en el acceso a recursos públicos y la conecta con vivienda, ayudas y servicios.
La Comisión Europea ya ha advertido en las últimas horas de que vigilará el respeto al principio de no discriminación por razón de nacionalidad en los acuerdos entre PP y Vox. Bruselas no entra a valorar pactos políticos, pero recuerda que cualquier desarrollo normativo debe respetar el Derecho de la Unión, la libre circulación, la ciudadanía europea y la Carta de Derechos Fundamentales.
La izquierda denuncia oscuridad y “fraude”
La oposición ha cargado contra el modo en que se ha cerrado el pacto. El acuerdo se conoció a escasos minutos de la votación y los grupos de izquierdas pidieron sin éxito que Moreno explicara ante el Pleno el contenido del documento antes de someterse de nuevo a la confianza de la Cámara. La Mesa del Parlamento rechazó esa petición y mantuvo la sesión limitada a la votación por llamamiento.
La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha calificado de “vergonzoso” que la investidura se votara sin conocer con tiempo suficiente la letra pequeña del pacto. También ha hablado de “fraude absoluto de investidura” porque, a su juicio, Moreno presentó el lunes un proyecto de Gobierno en solitario y este jueves ha sido investido con un acuerdo que incorpora a la ultraderecha en el Ejecutivo.
Montero ha insistido en que el pacto permite que “por primera vez entre la ultraderecha después de la dictadura en un gobierno en Andalucía”. El PSOE sostiene que el Parlamento ha votado una investidura sin poder debatir el documento que de verdad marcará la legislatura.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha ido en la misma línea y ha hablado de “robo democrático”. Ha reprochado a Moreno que no explicara el pacto ante la Cámara y ha preguntado “qué tiene que esconder” el presidente andaluz para no someter el acuerdo a debate antes de la votación.
Desde Por Andalucía, Antonio Maíllo ha calificado el acuerdo de “infame” y ha dado por acabada la llamada vía andaluza, la marca política con la que Moreno ha intentado presentarse durante años como un dirigente más moderado que otros barones del PP. Maíllo ha situado el pacto dentro de una operación política más amplia entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Un pacto que cambia el mapa andaluz
La investidura de Moreno llega 46 días después de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. El PP ganó con claridad, pero perdió la mayoría absoluta de la que disfrutó durante la legislatura anterior. Con 53 escaños en un Parlamento de 109, necesitaba dos apoyos más para gobernar. Vox, con 15 diputados, se convirtió en el socio imprescindible.
La primera votación, celebrada el martes, fracasó. Moreno solo obtuvo los votos del PP y recibió el rechazo de Vox y de toda la izquierda. Desde ese momento, las negociaciones se aceleraron. Feijóo reconoció este jueves por la mañana que el acuerdo programático estaba prácticamente cerrado y que quedaba por concretar el reparto de responsabilidades en el Gobierno.
El pacto andaluz tiene también valor nacional. El PP ya gobierna con Vox en Aragón, Extremadura y Castilla y León. Andalucía era la gran excepción por el perfil propio de Moreno, que venía de una mayoría absoluta y había intentado mantener a Vox fuera del Ejecutivo. Esa excepción se rompe ahora con un acuerdo que incorpora a la ultraderecha en San Telmo, aunque con una presencia más limitada que en otros gobiernos autonómicos.
Moreno anunciará la composición completa de su nuevo Gobierno previsiblemente la próxima semana. De momento solo está confirmado el nombre de Manuel Gavira como vicepresidente y consejero. También queda pendiente el reajuste de la Mesa del Parlamento y la designación del senador autonómico que el PP cederá a Vox en virtud del acuerdo firmado este jueves.
Las claves del acuerdo íntegro entre PP y Vox en Andalucía
El acuerdo completo firmado por PP y Vox en Andalucía va bastante más allá de la investidura de Juanma Moreno. 'ElConstitucional.es' ha tenido acceso al documento que fija 150 medidas para toda la legislatura, compromete la aprobación de los presupuestos de 2027, 2028, 2029 y 2030, e incorpora a Vox al Consejo de Gobierno y amarra una unidad de voto en el Parlamento andaluz para las iniciativas del Ejecutivo, las cuentas públicas, las proposiciones de ley, los decretos-leyes y las comisiones de investigación o estudio que pueda pedir la oposición.
La parte institucional queda cerrada de forma clara. Vox asumirá la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de Vicepresidencia, tendrá la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento de Andalucía y un senador por designación autonómica. El acuerdo también crea una comisión de seguimiento para resolver las diferencias internas entre los dos socios durante la legislatura.
Uno de los bloques más relevantes es inmigración, donde Vox deja una huella evidente. El pacto recoge el rechazo a nuevos repartos de menores migrantes, el compromiso de no habilitar nuevos centros ni crear plazas adicionales, la reducción del gasto en esta materia al “mínimo imprescindible”, la verificación de edad, una auditoría anual de los gastos vinculados a la inmigración y la supresión de subvenciones a ONG que, según el texto, favorezcan directa o indirectamente la inmigración irregular.
La llamada 'prioridad nacional' aparece de forma expresa en el acceso a ayudas públicas, subvenciones y prestaciones. El texto la vincula al arraigo, al empadronamiento, a la trayectoria de cotización y a la permanencia en el territorio. También prevé excluir de prestaciones y servicios sociales estructurales a personas en situación irregular, salvo supuestos de urgencia vital, e insta a modificar la Ley de Extranjería para avanzar en esa dirección. En la misma línea, el pacto incluye la prohibición del burka y el nicab en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos antes de que termine 2026.
La vivienda es otro de los grandes bloques del acuerdo. PP y Vox prometen 20.000 nuevas viviendas protegidas durante la legislatura mediante colaboración público-privada, una reforma de la Ley de Vivienda de Andalucía y el rechazo frontal a la ley estatal de vivienda. El acceso a vivienda protegida y alquiler social también se inspira en la 'prioridad nacional', con un mínimo de 10 años de arraigo para compra y 5 para alquiler. Además, el acuerdo excluye del acceso a vivienda pública a quienes hayan sido condenados por allanamiento o usurpación mientras sus antecedentes sigan vigentes.
En fiscalidad, el documento mantiene la línea de bajadas de impuestos del PP andaluz y añade varias medidas concretas. Habrá una reducción progresiva del IRPF del 0,25% anual en los tramos inferiores a 60.000 euros, hasta acumular un punto al final de la legislatura. También se incluyen deducciones por nacimiento o adopción, 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.500 por el tercero y sucesivos, una deducción de 2.000 euros para pacientes diagnosticados de ELA o familiares a cargo, la supresión de tres tributos ambientales propios y la reducción a la mitad de tasas vinculadas a agricultura, ganadería, caza y pesca.
El acuerdo dedica un apartado amplio a sanidad. Se compromete a incrementar el presupuesto sanitario al menos en la misma proporción que el presupuesto autonómico, realizar una auditoría de las listas de espera y poner en marcha un plan de choque para cirugía, pruebas diagnósticas y consultas externas. También recoge la agenda de “consulta el mismo día” en Atención Primaria para procesos agudos y pediatría, incentivos para plazas rurales, contratos puente para MIR y nuevos especialistas, un plan de retorno de sanitarios, medidas antiagresiones y un plan de infraestructuras sanitarias por provincias.
Dentro de ese mismo bloque aparece otra medida sensible, una auditoría anual del coste sanitario derivado de la atención a extranjeros en Andalucía. El texto plantea diferenciar, en la medida en que lo permita la ley, entre residentes legales, desplazados temporales, personas sin residencia legal acreditada, asistencia urgente, farmacia, hospitalización, Atención Primaria, urgencias, partos, pruebas diagnósticas y atención especializada. También se creará una unidad autonómica para reclamar costes sanitarios a terceros obligados al pago.
En educación, el pacto incorpora la gratuidad real de la etapa de 0 a 3 años, la climatización de centros educativos, la defensa del producto andaluz y español en comedores públicos, una prueba de acceso a la universidad común para toda España y nuevas titulaciones universitarias y de FP ligadas al mercado laboral. También recoge el fin del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Andalucía desde el curso 2027/2028, la inclusión de la historia del terrorismo en los planes de estudio y la concertación progresiva del Bachillerato, con prioridad para Educación Especial y Formación Profesional.
La agenda cultural y simbólica también queda marcada. El documento incluye la promoción de la tauromaquia, la caza y la pesca como atractivos turísticos, ayudas para conservar iglesias, conventos y monasterios, protección del patrimonio taurino y una nueva Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica. Además, se revisarán entidades públicas, ayudas y normas que el acuerdo encuadra dentro de las llamadas “leyes ideológicas”, con el compromiso de derogar o suprimir aquello que se considere superfluo o ineficiente.
El sector primario ocupa buena parte del texto. El pacto plantea obras hidráulicas, exigencias al Estado sobre infraestructuras como Alcolea, Gibralmedina, Rules y Siles, modernización de regadíos, reducción de burocracia para ayudas de la PAC, apoyo a jóvenes agricultores, defensa de fitosanitarios sin alternativa viable, ayudas al viñedo, impulso a denominaciones de origen y un plan estratégico de ganadería para revertir la caída de la cabaña bovina, ovina y caprina. También se recoge el rechazo a condiciones de la Política Pesquera Común que limiten días de pesca y un plan de modernización de la flota.
En medio ambiente, el acuerdo se aleja del marco de la Agenda 2030 y el Pacto Verde. Plantea revisar la Ley andaluza contra el cambio climático y eliminar gastos públicos destinados a lo que denomina “agendas ideológicas”, reorientando recursos hacia agua, incendios, infraestructuras agrarias e innovación aplicada. Además, la Junta no promoverá, financiará ni subvencionará con fondos propios nuevas zonas de bajas emisiones en municipios andaluces.
El pacto también entra en gasto público. PP y Vox acuerdan una evaluación anual para detectar y eliminar gasto considerado improductivo, reducir al 50% las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten utilidad pública, condicionar cualquier ayuda a justificar las ya recibidas y aplicar la entrega condicionada de la PATRICA a la correcta rendición de cuentas públicas por parte de las entidades locales.
El documento, en definitiva, deja un Gobierno con mayoría amplia en el Parlamento, una vicepresidencia para Vox y una hoja de ruta muy concreta. Algunas medidas son de gestión clásica, especialmente en fiscalidad, vivienda, sanidad, educación o infraestructuras. Otras responden de forma directa a las banderas de la ultraderecha, sobre todo inmigración, prioridad nacional, memoria, Agenda 2030, tauromaquia, caza y revisión de subvenciones. La aplicación real dependerá ahora de cómo traduzca la Junta cada compromiso en presupuestos, decretos, leyes y órdenes administrativas.
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