El caso de los 'protocolos de la vergüenza' en las residencias de Madrid suma un nuevo nombre en los juzgados. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arganda del Rey mantiene como investigada a María Teresa Vidán Astiz, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón, después de que Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, la señalara como la persona que habría presentado inicialmente el documento.
La declaración de Vidán estaba prevista para este martes a las 10.30 horas, pero ha quedado suspendida tras su personación en la causa y la petición de aplazamiento para preparar su defensa. La comparecencia ya había sido pospuesta en abril por un error en la citación judicial, lo que ha provocado un nuevo enfado entre las familias de las víctimas, que llevan más de seis años reclamando responsabilidades por lo ocurrido en las residencias madrileñas durante la primera ola del Covid.
El procedimiento de Arganda forma parte de las causas abiertas tras la denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de personas fallecidas en residencias. Las acusaciones investigan un presunto delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, al entender que aquellos protocolos impidieron o limitaron la derivación de mayores enfermos a hospitales durante los meses más duros de la pandemia.
Mur declaró ante el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid que él firmó el protocolo inicial “como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales en la toma de decisiones”. En esa misma declaración aseguró que el texto había sido “presentado inicialmente” por “una geriatra experta como la doctora Vidán” en una reunión celebrada el 15 de marzo de 2020 en la Consejería de Sanidad y en la Mesa de Apoyo al Sermas.
Las familias denuncian otro retraso
Las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia han recibido la suspensión con indignación. Consideran que la causa avanza demasiado despacio y que cada aplazamiento aumenta el desgaste de quienes perdieron a sus familiares sin que, a su juicio, se haya explicado todavía quién decidió aplicar unos criterios que dejaron fuera de la atención hospitalaria a miles de mayores.
“Es inaudito que, de nuevo, las maniobras dilatorias de los investigados consigan retrasar la acción de la justicia”, han denunciado desde 7291: Verdad y Justicia. La asociación habla de una “sensación de impunidad” cada vez mayor y pide una investigación exhaustiva sobre el origen, la firma, la distribución y la aplicación real de aquellos documentos.
La cifra que acompaña a este caso sigue pesando sobre la política madrileña. Las familias atribuyen a los protocolos la falta de traslado hospitalario de 7.291 mayores fallecidos en residencias durante la pandemia. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, siempre ha rechazado asumir una responsabilidad política directa por aquellas decisiones, mientras los familiares mantienen que hubo una discriminación por edad, discapacidad y situación residencial.
Mur, Peromingo, Busca y Burgueño
La investigación judicial ya había situado bajo la lupa a varios responsables sanitarios del Gobierno madrileño de 2020. En diferentes procedimientos figuran como investigados Carlos Mur, su sucesor en Coordinación Sociosanitaria, Francisco Javier Martínez Peromingo, el entonces máximo responsable del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza, y Antonio Burgueño, asesor nombrado por Ayuso al inicio de la crisis sanitaria.
Las versiones de Mur y Peromingo han abierto una nueva vía para las acusaciones. Peromingo llegó a calificar de “discriminatorias” las primeras versiones del protocolo y afirmó que así se lo trasladó a Mur. Mur, por su parte, sostiene que se limitó a firmar documentos que no compartía por completo. Esa contradicción ha llevado a las familias a ampliar sus acciones en hasta 60 juzgados de la Comunidad de Madrid para pedir que se investigue también un posible delito de prevaricación administrativa.
La Audiencia Provincial de Madrid ya ha avalado en una de las causas que los ex altos cargos puedan ser investigados por prevaricación. Ese movimiento ha dado aire judicial a las familias, que durante años han denunciado archivos, retrasos y una investigación dispersa por distintos juzgados. La nueva imputación mantiene vivo el caso más incómodo para Ayuso desde la pandemia y vuelve a poner el foco en una pregunta que las víctimas siguen repitiendo: quién decidió que miles de mayores no fueran trasladados a un hospital cuando más lo necesitaban.
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