El Gobierno vuelve a colocar el pacto de Estado frente a la emergencia climática en el centro de su respuesta a los incendios. Pedro Sánchez reclamó este martes a partidos, comunidades autónomas, ayuntamientos, científicos y organizaciones sociales que respalden un acuerdo común para mejorar la prevención, coordinar los medios y acelerar la reconstrucción después de cada catástrofe.
El llamamiento llega después de una de las semanas más graves vividas en España desde que existen registros comparables. Más de 172.000 hectáreas han ardido desde comienzos de año, seis veces la superficie quemada durante el mismo periodo de 2025. Los incendios de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón han obligado además a evacuar o confinar a más de 100.000 personas.
"El negacionismo climático es el peor de los combustibles", afirmó Sánchez durante su balance del curso político. El presidente defendió que España necesita permanecer unida durante la extinción, pero también durante los meses dedicados a preparar los montes, adaptar las infraestructuras y proteger a la población frente a las olas de calor, las sequías y los incendios cada vez más violentos.
El Partido Popular todavía no ha confirmado si respaldará el pacto. Génova evita cerrar por completo la puerta, aunque acusa al Gobierno de plantear un acuerdo "ideológico y sectario" y exige que cualquier negociación incorpore financiación, responsabilidades claras para cada administración y las 50 medidas presentadas por Alberto Núñez Feijóo tras los incendios de 2025.
La posición popular tiene, por tanto, dos planos. El PP dispone de propuestas concretas y lleva meses reclamando un gran acuerdo nacional ante los riesgos naturales. Al mismo tiempo, sus principales dirigentes eluden responder si participarán en el pacto que ya se encuentra sobre la mesa y han endurecido sus mensajes contra el vínculo entre el cambio climático y la gravedad de los incendios.
Un pacto con 80 medidas que todavía busca apoyos
La propuesta del Gobierno comenzó a elaborarse después de los grandes incendios del verano de 2025. Tras varios meses de consultas, La Moncloa presentó en diciembre un documento con 15 ejes y 80 medidas, construido a partir de más de 3.800 aportaciones realizadas por 1.300 científicos, administraciones, empresas, organizaciones agrarias, sindicatos y colectivos sociales.
Uno de esos ejes está dedicado por completo a la gestión forestal. El texto plantea tratamientos silvícolas preventivos, quemas controladas de baja intensidad, ganadería extensiva, pastoreo, aprovechamiento sostenible de la biomasa, reforestaciones más resistentes y nuevas cadenas económicas vinculadas a la madera y los recursos del monte.
El pacto también propone equipos profesionales permanentes durante todo el año, con mayor estabilidad y mejores condiciones para bomberos forestales, agentes ambientales y brigadas. Añade un catálogo nacional de capacidades, sistemas de información compatibles entre administraciones y una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la coordinación.
El plan alcanza otros ámbitos relacionados con las catástrofes climáticas. Incluye la adaptación de las ciudades y los centros educativos a las olas de calor, nuevos protocolos laborales, mapas de vulnerabilidad, medidas frente a inundaciones y sequías, una red de refugios climáticos y campañas de formación y autoprotección dirigidas a la ciudadanía.
El Gobierno ya ha comenzado a desplegar algunas actuaciones. La Administración General del Estado dispone de 180 refugios climáticos, que permanecerán abiertos cada verano, y ha anunciado diez millones de euros para ampliar la red y otros nueve millones para infraestructuras verdes y proyectos de renaturalización urbana.
El Consejo de Ministros aprobó este martes la creación del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático. Estará integrado inicialmente por diez investigadores especializados en clima, ecología, agua, agricultura, salud, costas, ingeniería, derecho ambiental, sociología y comunicación.
La iniciativa cuenta con contenido y objetivos definidos, aunque carece todavía de un presupuesto global que permita conocer cuánto costará aplicar sus 80 medidas. Esa ausencia ofrece al PP uno de sus principales argumentos para exigir mayor concreción financiera antes de sentarse a negociar.
La Moncloa tampoco ha anunciado una reunión bilateral entre Sánchez y Feijóo para abordar el acuerdo. Ambos líderes no se reúnen desde marzo de 2025. El Gobierno pretende llevar el documento al Congreso y abrir de nuevo los contactos después del verano, pero todavía no ha fijado un calendario de negociación con la oposición.
El PP reivindica sus 50 medidas
El PP recuerda que Feijóo ya presentó en agosto de 2025 un Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal. El documento contiene 50 medidas divididas entre la atención inmediata a los afectados, la recuperación de los territorios y la prevención de nuevos incendios.
Entre sus propuestas figuran nuevos batallones de la Unidad Militar de Emergencias, el refuerzo de las plantillas del Seprona, un Fondo Forestal Nacional, incentivos fiscales para la actividad silvícola y una financiación estatal estable para los dispositivos de prevención y extinción.
El plan popular plantea además reformar la Ley de Montes para facilitar los aprovechamientos forestales y la retirada de combustible, crear una ley de coordinación para los más de 120 servicios de bomberos existentes en España y aumentar la inversión en investigación, inteligencia artificial, detección temprana y restauración de suelos.
Feijóo volvió a pedir el 13 de julio un gran acuerdo de prevención, coordinación y respuesta ante riesgos naturales. Su propuesta pasa por delimitar las responsabilidades de cada administración, identificar todos los medios disponibles y aprobar una financiación plurianual que proteja a los municipios más expuestos.
El líder popular reclamó que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los técnicos, los científicos y los habitantes del medio rural participen en la elaboración. También pidió escuchar a ganaderos y agricultores afectados por restricciones administrativas que, según el PP, dificultan el desbroce y el aprovechamiento de los montes.
Ester Muñoz ha seguido esta línea durante los últimos días. La portavoz parlamentaria acusa al Ejecutivo de dedicar únicamente el 1% de los fondos europeos a la prevención y extinción, retrasar la modernización de los hidroaviones y evitar una reunión con todos los presidentes autonómicos para acordar cómo financiar las actuaciones.
El PP tiene medidas y algunas coinciden con las del Gobierno. Ambos documentos defienden la gestión forestal activa, la ganadería extensiva, la profesionalización de los equipos, la mejora de la coordinación, la innovación tecnológica y una financiación más estable. La principal diferencia se encuentra en el marco político, el reparto de competencias y el peso que cada parte concede a la emergencia climática.
Génova quiere que sus 50 propuestas sean el punto de partida de cualquier conversación. Cuca Gamarra evitó confirmar si el partido acudirá a la mesa impulsada por La Moncloa, mientras Borja Sémper reprochó al PSOE que nunca haya respondido al plan aprobado por la mayoría popular del Senado en septiembre de 2025.
Los bulos entran en la pelea por los incendios
La discusión política ha dejado de girar únicamente alrededor de las medidas. Ayuso y Ester Muñoz han extendido durante los últimos días afirmaciones falsas o engañosas sobre la legislación forestal y el efecto del cambio climático, en algunos casos coincidentes con mensajes difundidos previamente por la ultraderecha Vox y por cuentas desinformadoras en redes sociales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que España tiene "un verdadero problema de limpieza de montes" y habló de las "dificultades para limpiar los montes, para trabajar en sus propios terrenos". Su intervención alimentó el relato de que la Ley de Montes impide retirar vegetación o realizar trabajos de prevención.
La legislación estatal no prohíbe limpiar los montes. La Ley de Montes de 2003, aprobada durante un Gobierno del PP, obliga a las comunidades autónomas a desarrollar planes de prevención que incluyen desbroces, podas, retirada de restos, cortafuegos y otras actuaciones de gestión forestal.
Las limitaciones aparecen durante los periodos con mayor riesgo, cuando las administraciones restringen temporalmente el uso de maquinaria capaz de generar chispas, las quemas agrícolas y otras actividades peligrosas. Esas prohibiciones pretenden evitar nuevos focos en jornadas con temperaturas extremas, viento y una humedad muy baja.
Los propietarios deben mantener sus terrenos en condiciones adecuadas y corresponde a las comunidades autónomas regular y ejecutar buena parte de la prevención forestal. El Estado aporta medios, coordina recursos y puede asumir la dirección cuando una emergencia es declarada de interés nacional, como ha ocurrido en Madrid, Ávila y Toledo.
Ester Muñoz afirmó por su parte que el cambio climático se utiliza como un "mantra" para ocultar la "mala gestión" del Gobierno. También sostuvo que el clima ha cambiado durante toda la historia de la humanidad y trasladó el debate hacia la actuación de las administraciones y el estado de los montes.
Que el clima haya variado a lo largo de la historia es cierto. La afirmación resulta incompleta cuando se utiliza para relativizar el calentamiento actual, acelerado por las emisiones humanas y acompañado por olas de calor más prolongadas, sequías más intensas y periodos con un riesgo extremo de incendio cada vez mayor.
La acción humana provoca la mayoría de los focos, ya sea por negligencias, accidentes o actos intencionados. El cambio climático actúa después sobre el terreno y facilita que una chispa termine convertida en un gran incendio. El origen humano de un fuego y la influencia del calentamiento global pueden producirse al mismo tiempo.
La Agencia Europea de Medio Ambiente confirma que las altas temperaturas, las sequías prolongadas y la acumulación de vegetación seca aumentan el número de jornadas con peligro elevado. La propia documentación del Gobierno y numerosos trabajos científicos sitúan a la península ibérica entre los territorios europeos más expuestos a este empeoramiento.
La gestión forestal también influye. El abandono rural, la reducción de la ganadería extensiva, la falta de aprovechamiento de la biomasa y la acumulación de combustible favorecen la propagación. Presentar el debate como una elección entre cambio climático o limpieza del monte deforma un problema en el que intervienen ambas realidades.
Del cruce de reproches a la negociación pendiente
El PSOE acusa al PP de acercarse al negacionismo de Vox y recuerda que varias comunidades gobernadas por ambos partidos han firmado acuerdos contra el Pacto Verde Europeo o para revisar leyes climáticas. Sánchez sostiene que esos pactos dificultan cualquier consenso nacional basado en la evidencia científica.
Los populares responden que La Moncloa utiliza los incendios para evitar hablar de sus responsabilidades. Ester Muñoz reclama más inversión en prevención, una revisión de los medios aéreos y una reforma de la Ley de Montes, mientras Feijóo exige un presupuesto plurianual que garantice recursos distintos según la extensión forestal de cada comunidad.
El Gobierno también aprobó este martes su primera batería de ayudas para los afectados. Declaró como zonas gravemente dañadas por una emergencia de protección civil los territorios golpeados desde el 31 de marzo y activó beneficios fiscales, exenciones en la Seguridad Social y mecanismos para reparar viviendas, negocios e infraestructuras.
El nuevo escudo laboral permitirá suspender el contrato y solicitar una prestación extraordinaria a quienes no puedan trabajar por una evacuación, la pérdida de su vivienda, las restricciones de acceso o el cuidado de familiares. La ayuda podrá mantenerse durante un máximo de cuatro meses sin consumir las cotizaciones acumuladas.
Los autónomos podrán acceder al cese de actividad sin acreditar un periodo mínimo de cotización y las empresas afectadas tendrán la posibilidad de solicitar exenciones por los trabajadores incluidos en un ERTE. El decreto protege además frente a represalias a quienes necesiten acogerse a estos derechos.
La respuesta inmediata avanza mientras continúa la pelea sobre el acuerdo de largo recorrido. Interior reunirá este miércoles a las comunidades autónomas para revisar la evolución de los incendios y coordinar los medios ante la nueva ola de calor. Después del verano, el Gobierno llevará su pacto al Congreso y el PP tendrá que fijar si negocia sobre las 80 medidas, plantea integrar sus 50 propuestas o permanece fuera del acuerdo.
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