El Gobierno estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos' de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El alto tribunal ha rechazado el recurso presentado por la Abogacía del Estado para levantar la medida, adoptada el pasado septiembre a petición de Vox e Iustitia Europa.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado el malestar del Ejecutivo durante una conversación informal con periodistas en la recepción celebrada en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre. Tras conocer la resolución judicial, ha lamentado que para "algunos" el derecho al voto no parece "tan relevante". Según los datos facilitados por el Gobierno, 163.020 personas que ya han obtenido la nacionalidad española no podrán ejercer su derecho al voto.
Según ha explicado, el Gobierno encargará a la Abogacía General del Estado que examine si la suspensión cautelar puede considerarse una resolución definitiva a efectos de acudir al Constitucional o si únicamente los ciudadanos afectados pueden recurrirla.
La decisión del Supremo afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y fueron incorporados al censo electoral de residentes ausentes en el extranjero (CERA). La suspensión contempla una excepción para quienes acrediten, mediante la correspondiente certificación consular, su condición de descendientes de españoles que sufrieron el exilio en los términos establecidos por el tribunal.
Sánchez advierte de que 400.000 españoles podrían quedarse sin votar
Antes de conocerse la resolución, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había expresado su confianza en que el Tribunal Supremo aceptara los argumentos del Ejecutivo y levantara la suspensión cautelar.
Sánchez había advertido de que mantener la medida supondría privar del derecho al voto a 400.000 españoles, una situación que considera incompatible con el principio de igualdad entre ciudadanos. "Una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda", había defendido el presidente durante su conversación con los periodistas.
El jefe del Ejecutivo también había recordado que, desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, se han celebrado distintos procesos electorales, incluidas las elecciones generales de 2023, sin que, según ha sostenido, se hubieran producido problemas relacionados con la aplicación de esta normativa.
El Supremo mantiene la suspensión y da cinco días a los afectados para presentar alegaciones
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado al considerar que persisten las circunstancias que motivaron la adopción de las medidas cautelares. El tribunal sostiene que continúa existiendo un riesgo para la regularidad del censo electoral y reprocha a la Administración que no haya acreditado suficientemente el grado de revisión de los expedientes afectados.
La resolución, que cuenta con el voto particular discrepante de una magistrada, también permite a los ciudadanos afectados personarse en el procedimiento y presentar alegaciones sobre las medidas cautelares en un plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la decisión en el Boletín Oficial del Estado.
Feijóo defiende la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había manifestado, antes de conocerse el fallo, su confianza en que el Tribunal Supremo fuera "consecuente" con las medidas cautelares acordadas previamente.
El líder de la oposición había defendido que la normativa permite el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de exiliados, pero cuestiona que ese reconocimiento se extienda en las mismas condiciones a quienes no acrediten dicha ascendencia.
Tras conocerse la resolución, Feijóo ha celebrado la decisión judicial y ha insistido en la necesidad de garantizar la fiabilidad del censo electoral. "En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna", ha señalado en sus redes sociales.
