La vivienda concentra el debate político camino de las elecciones generales del 29 de noviembre. El fallecimiento de Maricarmen Abascal, las movilizaciones en las calles y la convocatoria de una huelga general han situado el acceso a una casa entre las principales exigencias a los partidos. La precampaña enfrenta al Gobierno y al PP sobre cómo proteger a los inquilinos y ampliar la oferta, mientras miles de personas reclaman medidas que lleguen antes del próximo desahucio o de la siguiente subida del alquiler.
Madrid volvió a expresar ese malestar el jueves con una marcha en memoria de Maricarmen que reunió a 20.000 personas, según la cifra provisional de la Delegación del Gobierno. La movilización recorrió el camino desde la Puerta del Sol hasta la vivienda de la que fue expulsada el 23 de septiembre. "No toleramos ni un desahucio más" fue una de las consignas de una despedida que combinó el duelo con la exigencia de responsabilidades.
La presión tiene dos fechas próximas. El 16 de octubre, la Diputación Permanente votará los nuevos decretos del Ejecutivo. El 11 de noviembre, los sindicatos llaman a un paro general por la vivienda y los salarios. Entre ambas citas, los partidos deberán explicar qué ofrecen a una población cuyo malestar venía de antes. El CIS publicado el jueves refleja un amplio respaldo a la intervención pública, con entrevistas realizadas en junio, antes del desahucio de Maricarmen y del adelanto electoral.
El duelo por el fallecimiento de Maricarmen y la huelga general en su honor
Maricarmen murió el miércoles a los 87 años en el hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde el día de su desahucio. Había vivido durante siete décadas en el número 46 de Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. El acuerdo alcanzado para que pudiera regresar no llegó a hacerse efectivo antes de su fallecimiento, después de años de procedimientos y de varios intentos de lanzamiento.
La marcha del jueves llevó hasta aquel portal fotografías, velas y una corona de flores del Sindicato de Inquilinas. Los asistentes alternaron el silencio con consignas contra los desahucios y la especulación. La cabecera llegó a la casa entre aplausos, mientras se depositaban flores y recuerdos ante el edificio. El homenaje se sumó a los celebrados en otras ciudades y a la vigilia que había convertido Sol en un lugar de despedida.
La movilización dará el salto a los centros de trabajo con la huelga general del 11 de noviembre, acordada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, CCOO, UGT y otras organizaciones. El paro de 24 horas se celebrará 18 días antes de las elecciones, con reivindicaciones que unen alquileres asequibles, medidas contra la especulación y salarios suficientes para afrontar el coste de la vida.
Sus promotores dirigen las exigencias al conjunto de las administraciones y también a las organizaciones empresariales. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha precisado que "no hay un destinatario único de la protesta", mientras Unai Sordo, líder de CCOO, ha insistido en que ninguna administración queda al margen. Ese planteamiento amplía la presión más allá de la votación de los decretos y obliga a hablar de competencias autonómicas, decisiones municipales y negociación salarial.
El duelo también dejó una fuerte división institucional. El Senado, la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento de la capital rechazaron celebrar los minutos de silencio solicitados por la izquierda, que mantuvo sus homenajes fuera de los actos oficiales. En Cibeles, Almeida acusó a PSOE y Más Madrid de actuar como "buitres" y "carroñeros". La negativa del PP no fue uniforme, pues sí acompañó los homenajes en Les Corts Valencianes y en una comisión del Parlamento andaluz.
Los decretos de vivienda del Gobierno vuelven a votarse
Pedro Sánchez afronta la precampaña con un nuevo intento de recuperar las medidas que el Congreso rechazó el 2 de octubre. PP, la ultraderecha Vox, Junts y UPN votaron contra el paquete principal; el segundo texto contó además con el rechazo del PNV y Coalición Canaria. El Consejo de Ministros volvió a aprobar ambas normas el martes, con cambios, y su continuidad deberá resolverse ahora en la Diputación Permanente.
El decreto principal entró en vigor el jueves, aunque contiene medidas con distintos plazos de aplicación. Incluye protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y prórrogas extraordinarias de hasta dos años para determinados alquileres, sujetas a requisitos y excepciones. También regula los arrendamientos de temporada y por habitaciones y modifica los incentivos fiscales para favorecer el alquiler asequible.
Otra de las medidas limita hasta finales de 2030 determinadas compras de viviendas por fondos y grandes tenedores a precios inferiores al 70% de su valor de mercado. El paquete incorpora además 10.000 millones de euros para una línea de préstamos del ICO destinada a la primera vivienda, con hasta 50.000 euros sin intereses para afrontar parte de la entrada. Son préstamos que deberán devolverse, dentro de las condiciones del programa, como ya explicó 'ElConstitucional.es'.
El segundo decreto busca dar más continuidad a los contratos mediante renovaciones sucesivas y establece compensaciones cuando el propietario decide no renovarlos, con excepciones como la necesidad de recuperar la casa para uso propio o familiar. El BOE fija su entrada en vigor para el 15 de noviembre. Antes deberá superar la votación parlamentaria, para la que el Gobierno sigue sin tener asegurada una mayoría.
El PNV mantiene su apoyo al texto principal y su rechazo al segundo. Esa diferencia será decisiva en la sesión prevista para el 16 de octubre, ante un órgano que asume las funciones parlamentarias correspondientes mientras las Cortes están disueltas. La votación permitirá comprobar qué medidas sobreviven al bloqueo que precipitó el adelanto electoral, antes de que los partidos entren en la campaña oficial.
El CIS representa la crisis de vivienda en España
El Barómetro de Vivienda difundido el jueves ayuda a medir la extensión del problema. El 86,9% de los encuestados está muy o bastante preocupado y el 76,3% considera necesaria la intervención estatal para garantizar el acceso a una casa. Además, el 91,4% pide construir más vivienda pública. La encuesta se realizó entre el 22 y el 30 de junio, por lo que sus respuestas reflejan una preocupación anterior a las movilizaciones de estas semanas.
El respaldo ciudadano alcanza medidas de distinto signo. El 95,4% apoya rebajar los impuestos para comprar la primera vivienda, el 85,7% reclama mayores garantías frente a los impagos y el 84,3% quiere sacar suelo urbanizable al mercado. Ese conjunto de respuestas exige propuestas capaces de atender tanto a quien teme perder su alquiler como a quien busca comprar o poner una vivienda en arrendamiento.
La alternativa del PP se concentra en ampliar la oferta, reducir trámites y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. Feijóo promete impulsar un millón de viviendas en una legislatura, mediante una nueva Ley del Suelo, colaboración público-privada, avales y ayudas fiscales. Entre sus propuestas figura reducir al 4% el IVA para facilitar a los jóvenes la compra de su primera casa. Los populares sostienen que las medidas del Gobierno perjudican al mercado del alquiler.
Feijóo acusó el jueves al PSOE de intentar una "manipulación emocional" con la vivienda y advirtió de que "no va a colar", sin mencionar expresamente a Maricarmen en su discurso ante la Junta Directiva Nacional. El PP atribuye la crisis a los años de gestión de Sánchez, mientras el Ejecutivo señala el rechazo popular a sus decretos. La discusión enfrenta también los plazos de cada respuesta, entre construir nuevas casas y proteger a quienes tienen un contrato a punto de vencer.
Desde el Gobierno, Félix Bolaños aseguró el jueves que comparte los motivos de la huelga, vinculados a una vivienda asequible y a salarios más altos. También reconoció que los sindicatos consideran insuficiente lo realizado. Esa exigencia afecta igualmente a la izquierda que negocia su candidatura para el 29N, donde Colau sitúa la vivienda entre sus prioridades y Belarra reclama frenar la especulación como condición para otro acuerdo con el PSOE.
Los homenajes continuarán este viernes. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a CCOO y UGT, ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 en los centros de trabajo y de estudio de todo el país en memoria de Maricarmen.
