El Gobierno llega a este viernes bajo una creciente presión de sus socios y aliados parlamentarios por la gestión de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. La publicación de los 40 documentos desclasificados ha permitido conocer los avisos que circularon antes del 30 de julio, pero tampoco ha cerrado las dudas sobre el recorrido de aquella información ni sobre las medidas adoptadas durante las horas previas.
La documentación muestra que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detectó convocatorias para entrar en Ceuta por mar y por la valla. El 29 de julio trasladó el contenido mediante conversaciones con la Delegación del Gobierno y una unidad de información de la Guardia Civil, además de enviar una nota a los servicios secretos marroquíes.
Los mensajes hacían referencia a dos grupos de Facebook con más de 180.000 seguidores y a llamamientos para aprovechar la Fiesta del Trono de Marruecos. El Gobierno sostiene que ninguna de aquellas comunicaciones llegó como una alerta formal a los ministerios ni anticipó la dimensión de lo que ocurriría pocas horas después.
El propio CNI ha reconocido que informó de la campaña difundida en las redes sociales, aunque admite que "no anticipó la magnitud y naturaleza" del episodio. La desclasificación ha expuesto así una cadena de avisos fragmentada, carente de una valoración capaz de convertir el ruido detectado en internet en una advertencia operativa proporcional al riesgo.
Los socios exigen aclarar quién falló
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, considera "grave" que una información de ese calibre quedara fuera de los niveles encargados de adoptar medidas. Ha reclamado revisar la cadena de transmisión y asumir las responsabilidades correspondientes si se confirma que existió un fallo. El diputado de Compromís integrado en Sumar Alberto Ibáñez ha valorado la transparencia de la publicación, aunque ha calificado de "bastante peregrinas" algunas explicaciones ofrecidas. "Es evidente que algo falló", ha afirmado antes de señalar que alguna persona tendrá que responder por lo sucedido.
Más lejos ha llegado la diputada de Més-Compromís Águeda Micó, actualmente adscrita al Grupo Mixto. Micó ha pedido ceses y ha apuntado directamente al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por considerar que su equipo restó importancia a la información recibida desde los servicios de inteligencia.
Esquerra Republicana también ha elevado el tono. El diputado Francesc-Marc Álvaro ha reclamado "transparencia, responsabilidad y autocrítica" y considera difícil aceptar que una crisis de esta magnitud termine sin consecuencias políticas. "Alguien en un gobierno de una democracia avanzada debería dimitir", ha sostenido. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó inicialmente que los documentos reflejaban la existencia de una parte del Estado que actuaba contra el Ejecutivo. Este jueves ha puesto el foco en la gestión interna de Moncloa y ha interpretado las explicaciones posteriores como un "señalamiento claro" a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien cree que el Gobierno está colocando "a los pies de los caballos".
Podemos sostiene que existieron suficientes indicios para activar una respuesta preventiva. Su portavoz, Pablo Fernández, ha hablado de una actuación "muy negligente" y ha pedido determinar qué falló, quién tenía capacidad de decisión y qué responsabilidades deben depurarse. También ha criticado que la emergencia humanitaria continúe abierta seis semanas después.
Izquierda Unida dirige buena parte de sus reproches hacia los servicios de inteligencia. Su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, considera insuficiente que una advertencia ante un riesgo semejante quedara reducida a mensajes y llamadas informales. "Lo del WhatsApp y la llamada de teléfono es de cómic, no es serio", ha asegurado.
El Partido Nacionalista Vasco ha calificado la situación de "preocupante para el propio Gobierno", mientras Junts considera que los documentos revelan una falta de control sobre la frontera y sobre el funcionamiento interno del Ejecutivo. Su portavoz, Míriam Nogueras, ha pedido a Pedro Sánchez que "dé un paso al lado" si carece de capacidad para resolver la crisis.
EH Bildu ha introducido el principal matiz entre los aliados parlamentarios. Mertxe Aizpurua considera que el mensaje enviado por WhatsApp a la Delegación del Gobierno carecía de las condiciones propias de una alerta oficial y cree que el Ejecutivo actuó con los medios disponibles ante un episodio de dimensiones desconocidas.
Moncloa reivindica la transparencia y acelera la respuesta
El Ejecutivo defiende que la publicación completa de los 40 documentos permite examinar lo ocurrido a partir de los archivos originales y comprobar que ningún ministerio recibió una advertencia formal sobre una llegada de decenas de miles de personas. También recuerda que el CNI descartó haber anticipado el alcance final de la crisis.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado dimitir y ha insistido en que los avisos conocidos carecían de una previsión comparable a la entrada registrada en Ceuta en 2021. Óscar Puente ha defendido igualmente que resultaba "muy difícil anticiparse" con la información disponible.
Margarita Robles ha pedido evitar la búsqueda de enfrentamientos dentro del Consejo de Ministros. La titular de Defensa sostiene que el Gobierno trabaja "unido" y que todas las instituciones cumplieron con sus obligaciones frente a un fenómeno cuya dimensión era imprevisible.
El delegado del Gobierno en Ceuta ha explicado que el mensaje del CNI fue recibido por su jefe de gabinete dentro de una conversación habitual y que su contenido nunca llegó a sus manos. Pérez Triano considera que aquella comunicación "no aportaba absolutamente nada nuevo", porque las convocatorias para intentar cruzar la frontera ya circulaban en medios locales y redes sociales.
Pedro Sánchez ha reconocido que el Estado debe mejorar su capacidad para interpretar este tipo de movilizaciones digitales y convertirlas en una prevención eficaz. El presidente ha defendido que los documentos eran informes de situación y ha asumido la necesidad de actualizar los mecanismos de inteligencia ante fenómenos que nacen y crecen con rapidez en internet.
La respuesta institucional continúa avanzando sobre el terreno. La Audiencia Nacional ha admitido al Estado como acusación particular en la investigación abierta por la entrada masiva, al considerar que los hechos pudieron afectar a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad exterior de España.
Bruselas ha concedido además 114,7 millones de euros en financiación de emergencia. Un total de 82,7 millones procederá del Fondo de Asilo, Migración e Integración y otros 32 millones del instrumento europeo para la gestión de fronteras y visados. Los fondos financiarán la acogida, los procesos de identificación, los retornos con garantías, el refuerzo de personal y nuevos medios de vigilancia.
La Comisión Europea también ha ofrecido ampliar la intervención de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea. España y Bruselas han creado un grupo conjunto de coordinación que celebrará reuniones periódicas para supervisar el desembolso y adaptar los recursos a las necesidades de Ceuta.
Este jueves han comenzado igualmente los primeros traslados de niñas migrantes a la Península. Navarra acogerá a cinco menores, dos de las cuales llegaron durante la jornada y las otras tres tienen previsto hacerlo este viernes. El movimiento abre una vía para aliviar el sistema de protección ceutí mientras continúan las evaluaciones individuales.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha desplegado la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias. Su primera actuación será un equipo móvil de ocho profesionales de Save the Children, coordinado con el Área de Menores de Ceuta y UNICEF. La mitad de sus recursos se dedicará a agilizar las entrevistas de menores ya tutelados y facilitar su traslado, la protección internacional o la reunificación familiar cuando corresponda. El resto del equipo trabajará en las calles para localizar a niños y adolescentes que permanecen fuera de los recursos institucionales.
Marruecos niega los informes y eleva la amenaza
Rabat ha roto su silencio con un comunicado especialmente duro contra España. El Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores rechaza cualquier implicación en la entrada masiva y sostiene que "ningún dato, hecho o informe" permite atribuir responsabilidades a sus autoridades.
Esa afirmación sobrepasa el contenido real de los documentos. Los informes carecen de una conclusión firme que acredite que Marruecos organizó la entrada, aunque varios de ellos sí describen pasividad, falta de reacción proactiva y un despliegue tardío de las fuerzas marroquíes cuando el espigón fronterizo ya había quedado desbordado.
El Gobierno marroquí acusa a sectores políticos, medios e instituciones españolas de utilizar al reino alauí en sus disputas internas. También rechaza convertirse en un "peón político preelectoral" o en el "chivo expiatorio" de España y critica que partidos con experiencia de gobierno hayan caído en un "lodazal" marcado por la "escalada irracional y populista".
Rabat ha acompañado sus reproches con una advertencia. Una supuesta "ceguera estratégica", sostiene, podría convertir la relación bilateral en una fuente de "desconfianza crónica y tensiones recurrentes". El mensaje llega el mismo día en que el Congreso ha aprobado una ley para facilitar la nacionalidad española a determinados saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental permanecía bajo administración española.
Marruecos también ha exigido explicaciones por la falta de expulsiones y por la permanencia de menores no acompañados en España pese a su ofrecimiento de readmitirlos. Cualquier retorno de un niño o adolescente exige una evaluación individual de su situación, la protección de su interés superior y la comprobación de que contará con una familia, un tutor o un recurso seguro al llegar a Marruecos.
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