El Gobierno comienza a publicar este miércoles los 40 documentos elaborados antes y durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta para sostener que ningún servicio policial o de inteligencia anticipó una movilización de más de 70.000 personas como la registrada los días 30 y 31 de julio. La desclasificación busca responder a la principal acusación de la oposición, que lleva semanas afirmando que el Ejecutivo conocía lo que iba a ocurrir y decidió permanecer inmóvil.
La documentación abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 1 de agosto e incluye informes de situación y alerta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros organismos que participaron en el seguimiento de la frontera. La Moncloa irá incorporando los archivos a su página web a lo largo del día.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo publica todo el material que tiene en sus manos y puede difundirse sin comprometer la seguridad nacional. "No tenemos nada que esconder", aseguró. Si aparecen nuevos documentos relevantes, también serán divulgados o remitidos a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso cuando contengan información sensible.
El paso anunciado por Pedro Sánchez llega después de que un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), incorporado a la causa abierta en la Audiencia Nacional, señalara la existencia de varias alertas previas y atribuyera a las fuerzas de seguridad marroquíes una participación activa en el desplazamiento de miles de personas hacia Ceuta. El presidente del Gobierno mantiene que todavía no existen pruebas concluyentes para responsabilizar directamente a Rabat, aunque ha prometido actuar "con contundencia" si la investigación demuestra esa implicación.
Hubo alertas, pero ninguna anticipó la dimensión de la entrada
Los documentos permitirán comprobar ahora el alcance exacto de los avisos que circularon durante julio. El Ejecutivo admite que los servicios detectaron un incremento continuado de las entradas a nado y que recomendaron reforzar la vigilancia después de una sentencia del Tribunal Supremo que limitó las devoluciones inmediatas de quienes accedieran por el mar.
Entre la información desclasificada figuran tres notas del CNI, un informe del CIFAS y comunicaciones mantenidas con la Delegación del Gobierno en Ceuta y los servicios de información de la Guardia Civil. Una de las notas reclamó extremar las precauciones en el espigón fronterizo. El documento del CIFAS fue más explícito y alertó de una probable entrada masiva coincidiendo con el Día del Trono marroquí, aunque llegó a la cúpula del Ministerio de Defensa el propio 30 de julio, cuando la capacidad de reacción era ya mínima.
Ahí se encuentra el centro de la disputa. Los avisos existieron y reflejaron un escenario de presión creciente, pero el Gobierno sostiene que ninguno estableció la dimensión, el momento preciso ni la capacidad de coordinación de una movilización que terminó desbordando el control fronterizo. La publicación podrá aclarar qué información recibió cada organismo, cuándo la recibió y qué decisiones tomó a partir de ella.
El informe policial entregado a la jueza María Tardón recoge, por su parte, una alerta de "riesgo extremo" emitida el 29 de julio y describe una "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos. Esa valoración forma parte de una investigación todavía abierta y no supone una atribución definitiva de responsabilidades al Gobierno marroquí. Tanto el Ejecutivo central como la ciudad de Ceuta se han personado como perjudicados para acceder al procedimiento y solicitar nuevas diligencias.
La desclasificación tampoco alcanza a toda la información disponible en los organismos de inteligencia. Los documentos con una protección especial o que incorporen datos aportados por servicios aliados seguirán fuera del acceso público. El Gobierno se ha comprometido a facilitar su consulta a los grupos con representación en la Comisión de Secretos Oficiales siempre que resulte compatible con la protección de las fuentes y la seguridad del Estado.
PP y la ultraderecha Vox desacreditan los documentos antes de conocerlos
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado por inválida la documentación antes de su publicación. "Esos informes están recortados", afirmó el martes en una entrevista en 'Antena 3'. El líder de la oposición aseguró que se fía más de la instrucción abierta por la Audiencia Nacional y volvió a reclamar la comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, en el Congreso.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, elevó el tono durante la primera sesión de control al Gobierno del curso. García sostuvo que hubo nueve alertas, acusó al Ejecutivo de haber ocultado la responsabilidad del país vecino y sentenció que "Marruecos lo planificó y su Gobierno lo tapó". También exigió una fecha para devolver a todas las personas que entraron irregularmente y pidió ampliar la desclasificación a los documentos relacionados con el espionaje mediante el programa 'Pegasus'.
La ultraderecha Vox tampoco ha esperado a leer los archivos. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, aseguró que Interior ordenó a los cuerpos policiales "omitir en los informes toda referencia" a Marruecos y presentó la publicación como una "cortina de humo". Millán no aportó pruebas que acreditaran la existencia de esas instrucciones y afirmó que habría que ser "muy ingenuo" para pensar que el Gobierno difundirá documentos que puedan perjudicarle.
Las dudas también han llegado desde la izquierda. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, considera que el Ejecutivo tiene escasa voluntad de contar la verdad y cree que los documentos difícilmente arrojarán luz sobre lo sucedido. Su formación atribuye la crisis a Marruecos y a su alianza internacional con Estados Unidos.
Sumar ha recibido la desclasificación como un paso "positivo", aunque su portavoz adjunto, Alberto Ibáñez, ha advertido de que acabarán produciéndose dimisiones por la gestión. La coalición ha pedido además desbloquear la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y publicar la documentación sobre la Marcha Verde y la retirada española del Sáhara Occidental. El Partido Nacionalista Vasco también ha valorado el ejercicio de transparencia para despejar las dudas abiertas durante las últimas semanas.
Saiz respondió a Feijóo reclamándole que ejerza como "hombre de Estado" y abandone las "teorías conspiranoicas". En el Senado, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, acusó al PP de plantear soluciones "imposibles o incluso ilegales", mientras las ministras Elma Saiz, Mónica García y Ana Redondo reprocharon a los populares que utilicen el mismo lenguaje que la ultraderecha Vox para referirse a la población migrante.
El Gobierno acelera el despliegue mientras Vivas presiona desde Bruselas
La publicación de los informes coincide con una nueva fase del dispositivo estatal en Ceuta. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 2.004 los menores localizados y ha actualizado a 4.516 los retornos voluntarios a Marruecos y a 278 las expulsiones ejecutadas. El Gobierno mantiene el objetivo de alcanzar las 6.000 plazas temporales para retirar de las calles a quienes todavía esperan ser identificados.
El principal choque institucional sigue concentrado en las parcelas del puerto elegidas para instalar un espacio de acogida para unas mil personas. Vivas respaldó su utilización en el comité de situación y en el Consejo de Seguridad Nacional, según las actas de ambas reuniones, pero el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazó después el proyecto por once votos frente a cuatro. El Gobierno central tomó el control funcional de los terrenos para continuar las obras y Óscar Puente acusó al PP de actuar con una "permanente deslealtad".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó el martes la frontera del Tarajal y anunció un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros con capacidad para 800 personas. La instalación duplicará las 400 plazas del recinto provisional que ya funciona en la ciudad. Según los datos ofrecidos por Marlaska, 1.120 adultos han pasado por el proceso de identificación y triaje.
Interior ha desplazado a 78 policías nacionales, once funcionarios especializados en asilo y refugio y más de 550 agentes de refuerzo entre Policía Nacional y Guardia Civil. También ha solicitado 32 millones de euros a la Unión Europea para ampliar los espigones, modernizar los medios tecnológicos y levantar instalaciones permanentes en Ceuta y Melilla. Marlaska confía en que la evolución permita levantar el mando único dirigido por Torres cuando termine el año.
La vuelta a las aulas se ha desarrollado sin incidentes graves. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha situado en el 74,85% la asistencia del alumnado durante la primera jornada, mientras la ministra Milagros Tolón ha destacado la incorporación completa del profesorado en los 35 centros públicos y concertados de la ciudad.
Desde Bruselas, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha descrito Ceuta como una "olla a presión" y ha reclamado una respuesta europea "contundente" ante Marruecos. El dirigente popular pide un estatus específico para Ceuta y Melilla, presencia permanente de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo, más financiación y un plan con fechas para los retornos.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido también en la capital comunitaria una mayor integración de las dos ciudades autónomas en las instituciones y programas europeos. Una misión técnica de la Comisión Europea viajará a Ceuta a finales de esta semana para evaluar sobre el terreno el refuerzo de las agencias comunitarias y las ayudas de emergencia solicitadas por España.
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