El Gobierno llega al fin de semana después de cinco días especialmente intensos en los tribunales. La última noticia ha vuelto a colocar a Santos Cerdán en el centro de la investigación sobre las adjudicaciones de obra pública, con un informe patrimonial de la UCO que atribuye al exsecretario de Organización del PSOE y a su familia beneficios superiores a los 323.000 euros procedentes de Servinabar.
El documento se conoció pocas horas después de que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, declarara como investigada ante el juez Santiago Pedraz. Durante su comparecencia se definió como una "víctima de Santos Cerdán", negó haber dado instrucciones contra la Unidad Central Operativa y mantuvo que desconocía el verdadero propósito de Leire Díez cuando aceptó reunirse con ella.
La jornada del viernes completaba una semana que había comenzado con la condena a David Sánchez y continuó con la declaración de Cristina Narbona, la citación como investigada de la gerente del PSOE, los interrogatorios a la cúpula de la Guardia Civil y el avance de la causa contra Begoña Gómez. Entre todas esas noticias apareció también el principal alivio para Moncloa, el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía.
Los procedimientos tienen protagonistas, hechos y momentos procesales diferentes. Cerdán está investigado en el Tribunal Supremo, Narbona declaró únicamente como testigo y la gerente socialista Ana María Fuentes podrá ejercer su defensa cuando comparezca en septiembre. Begoña Gómez se aproxima a un juicio ante jurado, mientras la condena contra el hermano del presidente todavía puede ser recurrida.
Moncloa ha intentado mantener separadas todas esas causas y evitar que su coincidencia termine convertida en un único relato sobre Pedro Sánchez. El PP y la ultraderecha Vox han seguido el camino contrario y presentan cada resolución, informe policial o citación como una pieza más de su ofensiva general contra el Gobierno y el PSOE.
La semana comenzó con la condena a David Sánchez
El primer golpe llegó el martes desde la Audiencia Provincial de Badajoz. David Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y para presentarse a unas elecciones como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa relacionado con el puesto que ocupó en la Diputación pacense.
La sentencia considera que desde la institución provincial se desarrolló un plan para crear y adaptar varias plazas en beneficio del hermano del presidente y de su colaborador Luis Carrero. El antiguo presidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, recibió dos penas de nueve años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.
El tribunal descartó el tráfico de influencias y tampoco encontró acreditadas presiones procedentes de Pedro Sánchez, de La Moncloa o de otras personas para conseguir la contratación. La resolución carece todavía de firmeza y la defensa de David Sánchez ha anunciado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
El Gobierno expresó su respeto a la sentencia, defendió la inocencia del hermano del presidente y recordó que la Fiscalía pidió su absolución durante el juicio. La portavoz, Elma Saiz, incidió además en que el procedimiento nació de una denuncia de Manos Limpias y confió en que las instancias superiores revisen el fallo.
Ferraz respondió en términos parecidos. La dirección socialista mostró su "discrepancia absoluta" con la condena y respaldó a los acusados, mientras PP y Vox aprovecharon la resolución para trasladar la responsabilidad política hasta el presidente del Gobierno. Los hechos probados de la sentencia se limitan a las decisiones adoptadas dentro de la Diputación de Badajoz.
Pedraz acerca el "caso Leire" a la dirección del PSOE
El segundo foco se abrió dentro del "caso Leire". El juez Santiago Pedraz citó como investigada para el próximo 9 de septiembre a Ana María Fuentes, gerente del PSOE, junto al abogado Ismael Oliver, que ejerció la defensa del antiguo asesor ministerial Koldo García.
La causa examina la posible financiación de las actividades atribuidas a Leire Díez, Javier Pérez Dolset y otros investigados mediante pagos realizados desde el partido y canalizados a través de despachos, consultoras y distintas sociedades. Los investigadores tratan de aclarar si aquellos servicios respondían a trabajos reales o servían para sostener una operación destinada a obtener información contra fiscales, jueces y agentes de la Guardia Civil.
Pedraz atribuye provisionalmente a Fuentes una posible participación en la elaboración de unas "mendaces notas de encargo" utilizadas para justificar pagos a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. El propio auto precisa que su eventual intervención encajaría como coautora o cómplice y no como responsable principal de la supuesta organización.
Patxi López salió en defensa de la gerente y aseguró que ha gestionado las cuentas socialistas "con escrupulosidad". Ferraz mantiene su confianza en ella y sostiene que toda la documentación económica solicitada ha sido entregada a los investigadores.
La condición de investigada permitirá a Fuentes declarar asistida por su defensa, conocer las sospechas y responder únicamente a las preguntas que considere oportunas. La citación abre una nueva línea dentro de una instrucción todavía en desarrollo y por ahora tampoco implica la apertura de juicio.
Narbona niega haber conocido la supuesta trama
Cristina Narbona acudió un día después a la Audiencia Nacional en calidad de testigo. Su declaración duró alrededor de diez minutos y se centró en los mensajes que intercambió con Leire Díez durante la etapa en la que Santos Cerdán dirigía la Secretaría de Organización socialista.
La presidenta del PSOE reconoció que Díez le había hablado de "hechos que podían ser importantes", aunque aseguró que nunca recibió documentos, nombres o información concreta. Según explicó al salir del tribunal, entendió que aquella expresión se refería a cuestiones políticas y desconocía cualquier actividad relacionada con las maniobras que ahora investiga Pedraz.
Narbona confirmó que conocía a Leire Díez desde 2017 y que la derivó hacia Santos Cerdán porque él ocupaba el cargo orgánico responsable de atender ese tipo de asuntos. También recalcó que jamás tuvo conocimiento de la supuesta trama ni de actuaciones para interferir en procedimientos judiciales.
Su nombre llegó a la causa por una conversación mantenida el 24 de abril de 2024, el mismo día en el que Pedro Sánchez publicó su "Carta a la ciudadanía". Díez se ofreció entonces a prestar "ayuda cualificada" y a reconducir los ataques contra el presidente. Narbona declaró como testigo y permanece fuera del grupo de personas investigadas.
La cúpula de la Guardia Civil rechaza las presiones a la UCO
La presión se trasladó durante la segunda mitad de la semana al Ministerio del Interior. El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, compareció el jueves ante Pedraz para responder por las investigaciones internas abiertas sobre posibles filtraciones de la UCO.
El antiguo jefe de la unidad, Rafael Yuste, había atribuido a Llamas y a otros mandos indicaciones para rebajar la iniciativa de los investigadores en causas relacionadas con el Gobierno y el PSOE. Entre las expresiones recogidas en la causa figura la petición de que los agentes se pusieran "de perfil" en determinadas pesquisas.
Llamas negó esas presiones y defendió que se limitó a recordar el funcionamiento ordinario de la Policía Judicial. Según su versión, los agentes deben actuar bajo las instrucciones de jueces y fiscales y evitar iniciativas que excedan los encargos recibidos.
El DAO también justificó las informaciones reservadas abiertas para examinar posibles filtraciones de datos judiciales. Aseguró que estaban previstas dentro de la normativa interna, que jamás pretendieron intimidar a la UCO y que nunca recibió órdenes políticas de Mercedes González o Fernando Grande-Marlaska.
Este viernes le siguió la directora general. González sostuvo que únicamente mantuvo dos encuentros con Leire Díez y rechazó que se produjera una tercera reunión mencionada en uno de los informes de la UCO. También negó haber encargado investigaciones contra agentes o interferido en causas que afectaran al Gobierno.
La directora aseguró que el primer contacto tuvo un carácter institucional y que dio por terminado el segundo cuando Díez le planteó ayudar al comandante Rubén Villalba, investigado en el "caso Koldo". De haber sabido que la exmilitante socialista actuaba en coordinación con Cerdán, explicó, nunca habría aceptado recibirla.
Mercedes González se situó además entre las personas a las que Cerdán y Leire Díez habrían intentado utilizar. La declaración deja al juez con dos versiones que deberá contrastar con los mensajes, informes y testimonios acumulados durante la instrucción.
Interior mantiene su confianza en González y Llamas. Los dos seguirán al frente de la Guardia Civil pese a las peticiones de dimisión del PP, Vox y varias asociaciones profesionales. El DAO reiteró este viernes en el Senado que no contempla dejar el cargo por su actual situación procesal.
La UCO vuelve a colocar a Santos Cerdán en el centro
La última noticia de la semana ha llegado con el informe patrimonial de 163 páginas remitido por la UCO al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Los agentes sostienen que Cerdán y su familia disfrutaron de bienes, pagos y servicios valorados en 323.178,41 euros entre 2015 y 2024.
La mayor parte de esos beneficios habría salido de Servinabar, una constructora en la que los investigadores sitúan al antiguo dirigente socialista como socio del empresario Antxon Alonso. Cerdán rechaza esa participación y mantiene que nunca fue propietario de la compañía.
El informe incluye salarios abonados a familiares, alquileres, vehículos, muebles y otros gastos asumidos por empresas relacionadas con Alonso. La Guardia Civil ha localizado además 18.261 euros ingresados en efectivo en las cuentas de Cerdán cuyo origen todavía no ha podido determinar.
Los investigadores también han reconstruido el intento de compra de una vivienda de casi un millón de euros en Madrid. Servinabar pagó una señal de 9.000 euros por un piso que habría sido utilizado por Cerdán y su esposa, aunque la operación terminó cancelándose y el dinero fue devuelto.
Otra parte de las pesquisas afecta a Francisca Muñoz, mujer del exdirigente socialista, que recibió pagos mensuales procedentes de una empresa vinculada al entorno de Antxon Alonso. La UCO trata de comprobar si existió una actividad laboral efectiva detrás de esas cantidades.
El documento señala que más del 87% de los ingresos recibidos por Servinabar procedían de Acciona o de proyectos vinculados con la constructora. La investigación judicial estudia si parte de ese dinero estaba relacionado con adjudicaciones de obra pública realizadas durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Cerdán está investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El informe no atribuye por sí solo responsabilidades a Pedro Sánchez, a otros miembros del Gobierno o a la actual dirección socialista, aunque representa otro golpe político para un partido que lo tuvo durante años como principal responsable orgánico.
La UCO ha solicitado autorización para ampliar el examen a las cuentas de varios familiares. El magistrado deberá decidir si permite esas nuevas diligencias y cómo encaja el informe patrimonial dentro de la investigación sobre los contratos públicos.
La Audiencia mantiene el juicio a Begoña Gómez pero corrige a Peinado
Begoña Gómez recibió el jueves una resolución de doble lectura. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que el procedimiento seguirá la vía del Tribunal del Jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, los dos ilícitos que los magistrados consideran relacionados con su posición como esposa del presidente.
El tribunal dejó fuera de ese procedimiento los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que también había incluido el polémico juez Juan Carlos Peinado. El empresario Juan Carlos Barrabés queda apartado de esta fase, aunque las actuaciones que le afectan continuarán dentro de otra pieza.
La Audiencia también anuló todas las medidas cautelares personales. Gómez recuperará el pasaporte, podrá salir de España y dejará de comparecer periódicamente ante el juzgado, al considerar los magistrados que no existe un riesgo de fuga que justifique mantener esas restricciones.
La resolución avala que la causa avance hacia el juicio y supone por ello un revés para la defensa. Al mismo tiempo, reduce los delitos, corrige decisiones importantes del instructor y elimina las medidas que Moncloa había descrito como desproporcionadas.
El Gobierno mantiene que Gómez es inocente y presenta el procedimiento como una "causa política" nacida de noticias falsas y denuncias promovidas por organizaciones de la derecha y la extrema derecha. La Fiscalía sostiene que los hechos investigados carecen de entidad penal, mientras las acusaciones populares mantienen sus peticiones.
La esposa del presidente tendrá que afrontar las siguientes fases del procedimiento, aunque lo hará sin ninguna restricción personal. La resolución también deja atrás el debate sobre sus viajes al extranjero y las sospechas expresadas por Peinado sobre el trabajo de sus escoltas.
El TJUE entrega a Moncloa su principal alivio
En medio de esa acumulación de noticias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio al Gobierno su mejor resultado de la semana. La Gran Sala declaró que el Derecho comunitario no impide la ley española de amnistía y reconoció como legítimo su objetivo de reducir las tensiones políticas e institucionales en Cataluña.
Luxemburgo concluyó que la extinción de responsabilidades contables por los gastos del proceso independentista carece de efectos directos sobre los intereses financieros de la Unión Europea. También determinó que la norma respeta la legislación comunitaria contra el terrorismo al limitar su ámbito a unos hechos concretos y excluir los actos que causaran intencionadamente violaciones graves de los derechos humanos.
La sentencia incorpora una precisión sobre los plazos. Los jueces españoles deben poder mantener abierto un procedimiento y conservar medidas cautelares mientras esperan una respuesta del TJUE. El plazo de dos meses establecido por la ley para aplicar la amnistía tendrá que apartarse cuando impida garantizar la eficacia de una cuestión prejudicial.
El fallo tampoco resuelve automáticamente la situación de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o el resto de dirigentes pendientes de la aplicación definitiva de la norma. Corresponderá a los tribunales españoles estudiar cada caso y encajar las sentencias europeas con las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional y el Supremo.
Félix Bolaños presentó el pronunciamiento como la confirmación de que la ley es "constitucional, europea y perfectamente legítima". El Ejecutivo considera que el tribunal ha respaldado el núcleo político y jurídico de una medida que PP y Vox llevaban dos años situando fuera del Derecho europeo.
La sentencia ofrece a Moncloa un argumento de peso para defender su estrategia en Cataluña. La amnistía ha superado ya el control general del Tribunal Constitucional y las dos primeras grandes cuestiones planteadas ante la Justicia europea, aunque su aplicación seguirá generando litigios en los próximos meses.
Moncloa entra en el fin de semana con los calendarios abiertos
El Gobierno termina la semana con una victoria importante en Luxemburgo y varios procedimientos que continuarán después del verano. La condena a David Sánchez llegará al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Ana María Fuentes declarará en septiembre y Pedraz seguirá examinando las versiones ofrecidas por Cristina Narbona y la cúpula de la Guardia Civil.
La causa contra Begoña Gómez avanzará hacia el jurado popular por dos delitos y con todas sus medidas cautelares levantadas. En el Supremo, el informe patrimonial de la UCO abre nuevas diligencias sobre Santos Cerdán y su entorno familiar.
La estrategia de Moncloa seguirá pasando por separar los procedimientos y responder a cada resolución según su alcance. La dirección socialista tendrá además que marcar distancias con Cerdán mientras defiende a sus trabajadores y rechaza que las actuaciones particulares del antiguo secretario de Organización puedan extenderse al conjunto del partido.
El calendario inmediato queda ahora en manos de los tribunales. Puente deberá resolver las peticiones de la UCO, Pedraz continuará con las declaraciones del "caso Leire" y la Audiencia de Madrid dará los siguientes pasos para preparar el juicio a Begoña Gómez. El aval europeo a la amnistía permanecerá como el principal resultado favorable que el Gobierno se lleva de una semana atravesada por la Justicia.
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