El polémico juez Juan Carlos Peinado ha quedado libre de sanción disciplinaria por insinuar que los policías encargados de proteger a Begoña Gómez podían ayudarla a fugarse. La Presidencia en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado la información sumaria abierta a raíz de la queja presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
El carpetazo llega acompañado de un reproche poco habitual hacia la forma de actuar del instructor del 'caso Begoña Gómez'. La propia resolución reconoce "el indudable desacierto de la redacción empleada" y considera que sus palabras fueron "poco delicadas" con el trabajo de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pese a ese señalamiento, el TSJM entiende que Peinado describió una conducta "hipotética y difusa" y que sus afirmaciones carecen de la concreción y gravedad necesarias para aplicar el régimen disciplinario. El tribunal cierra así el expediente sin entrar a respaldar la sospecha lanzada por el magistrado, que sembró dudas sobre la lealtad de los escoltas sin atribuirles un solo hecho concreto.
El TSJM censura las palabras de Peinado y frena el expediente
La controversia nació del auto del pasado 20 de junio en el que Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España. La defensa había alegado que la esposa del presidente del Gobierno permanecía acompañada por agentes policiales y que esa protección reducía cualquier supuesto riesgo de fuga.
El juez respondió con una afirmación que provocó un profundo malestar dentro de la Policía. Sostuvo que aquellos agentes podían, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar para facilitar una huida que dejara a Gómez fuera del alcance de la Justicia.
El SUP llevó el asunto ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su escrito denunció que Peinado había proyectado una sospecha general sobre los funcionarios encargados de proteger a las autoridades sin identificar a ningún agente, describir una actuación irregular o aportar indicios que cuestionaran su profesionalidad.
La reacción se extendió a otros sindicatos policiales y al Ministerio del Interior. Fernando Grande-Marlaska trasladó entonces una enérgica queja contra el polémico juez y calificó sus palabras de grave cuestionamiento hacia los agentes. Jupol habló de "una auténtica barbaridad", mientras que la Confederación Española de Policía censuró el descrédito provocado sobre unos funcionarios sometidos a estrictos protocolos de seguridad.
La Comisión Permanente del CGPJ acabó remitiendo el expediente al TSJM para que examinara una posible responsabilidad disciplinaria. La presidencia del tribunal abrió una información sumaria el 31 de julio y solicitó explicaciones al propio magistrado. Su resolución concluye ahora que el ámbito sancionador debe interpretarse de manera estricta y que una expresión desacertada o reprobable solo puede castigarse cuando resulta suficientemente precisa y grave.
La Audiencia ya había revocado las medidas de Peinado
Peinado mantuvo sus sospechas después de la primera oleada de críticas. En el informe enviado durante la tramitación de la queja alegó que la existencia de unidades de Asuntos Internos demuestra que algunos policías pueden incumplir sus obligaciones. También recurrió al caso del ex primer ministro italiano Bettino Craxi, que huyó a Túnez en 1994, para defender la posibilidad de que una persona sometida a protección policial consiguiera abandonar el país.
La comparación tampoco aportaba indicios relacionados con Begoña Gómez ni con los agentes de su escolta. El magistrado se apoyó en una posibilidad genérica para justificar unas medidas cautelares que la Audiencia Provincial de Madrid acabó revocando semanas después.
La Audiencia devolvió el pasaporte a Gómez, levantó la prohibición de abandonar España y eliminó su obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. También apartó posteriormente dos de los cuatro delitos que Peinado pretendía llevar a juicio. El procedimiento ha quedado limitado a las acusaciones de tráfico de influencias y malversación.
La Fiscalía tiene previsto pedir la absolución de Begoña Gómez y de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. La acusación popular encabezada por Hazte Oír, que inicialmente llegó a reclamar 24 años de prisión, rebajó su petición a 13 después de la intervención de la Audiencia Provincial.
La resolución del TSJM admite recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El SUP conserva esa vía mientras Peinado afronta sus últimas semanas en la carrera judicial, con su jubilación prevista antes de que termine septiembre.
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